César Machaca Escobar
En nuestro país, la trata de personas y el tráfico de migrantes se debe a la deficiente redistribución económica y el centralismo capitalino. Al respecto, el falso crecimiento generó una especie de utopía, que solo quedó en el cliché, al igual que la demanda laboral. Esto se evidencia por el factor de pobreza, según el INEI, que de alguna forma disminuyó el 1.2%; pese a ello, la crisis es latente, porque las familias aspiran a mejores ingresos, adecuada condición y calidad de vida. Por esta razón, la población vulnerable, particularmente los menores de edad, están propensos a ser captados, transportados, receptados, etc., a través de promesas, engaños, y otras mañas, a ser explotados por los tratantes de personas.
Veamos cómo las cifras entre el 2010-2018 según el INEI, han denunciado en el 2010, 298, en el 2011, 403, en el 2012, 457, en el 2013, 458, en el 2014, 501, en el 2015, 889, se aprecian incrementos ligeros. A comparación, del punto más alto entre el 2016 con 1 144 y 1 433 en el 2017. En cambio, estas cifras descendieron de enero a setiembre del 2018, que reporta 991 denuncias. En tanto, el trabajo de las instituciones es una agenda pendiente, asimismo, existen cifras blancas de esta ilicitud. De lo contrario, de un lado, será una retórica más que las comisiones multisectoriales conformados por las carteras del interior, de la mujer, salud, justicia, educación, trabajo, relaciones exteriores, comercio, transportes y estadística, a nivel del órgano nacional, de otro lado, las autoridades subnacionales, entre ellos, los gobernadores y los burgomaestres, sean parte de las acciones de la sensibilización, prevención y socialización del modus operandi de los sujetos que se dedican a la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. En forma de advertencia y cuidado, todo ello exige un arduo trabajo articulado y un uso eficiente del tesoro público.
Estos actos ilícitos son parte de la ilegalidad e informalidad que campea como una región vulnerable, porque son captadas y llevadas por las fronteras o viceversa, burlando la seguridad interna, siendo llevados a la Rinconada y a otras regiones vecinas. Muestra de ello es la figura del rufianismo, proxenetismo y la explotación sexual de infantes, que tiene el fin de la prostitución. Beneficiando a las personas que se dedican a esta actividad delictiva y abusan de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo vulnerando la libertad, identidad, dignidad, etc. Hasta el extremo de hostigar, coaccionar y secuestrar, siendo sometidas a tratos inhumanos que ponen en riesgo la vida, la salud, y la integridad física de las personas a través de la explotación. Estos tratos alteran el normal desarrollo psicológico que pasan a ser secuelas perpetuas en el desarrollo humano posnatal, es decir, es complejo reparar el daño psicológico y moral, pese a los tratamientos respectivos y, en el sentido teleológico la legislación identifica a los colaboradores, testigos, peritos y familiares. En suma, estos actos ilícitos merecen ser prevenidos desde la familia, la escuela y demás, instituciones nacionales y subnacionales afín de evitar la trata de personas y el tráfico de migrantes, a través de una agenda consensuada concretizadas en políticas públicas afianzadas con campañas permanentes de los medios de comunicación y organizaciones privadas para evitar la explotación de la persona humana como objeto de utilidad económica por terceros.
