El proceso normativo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tener control absoluto sobre las tierras ancestrales ha avanzado con enorme dificultad en años recientes, debido a que los terratenientes rurales han ganado más influencia en la capital del país.
ERNESTO LONDOÑO
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien comparó a las comunidades de aborígenes que viven en tierras protegidas con los animales de los zoológicos, dio un gran paso para socavar los derechos de los indígenas pocas horas después de su toma de posesión el martes.
El mandatario aprobó un decreto que asigna la responsabilidad de certificar la protección de los territorios indígenas al Ministerio de Agricultura, que tradicionalmente ha defendido los intereses de las industrias que quieren un mayor acceso a esas tierras. Anteriormente el proceso estaba a cargo de la Fundación Nacional del Indio, el organismo que se encarga de proteger los derechos y el bienestar de las comunidades indígenas.
Bolsonaro, exlegislador de extrema derecha y capitán retirado del Ejército, se presentó ante los electores como lo opuesto al Partido de los Trabajadores, la fuerza de izquierda que dominó la política brasileña entre 2003 y 2016 y que dejó el país con una crisis económica, un marcado aumento de la violencia y una clase política envuelta en escándalos de corrupción.
Durante su campaña, Bolsonaro atrajo a grupos conservadores —incluido el poderoso grupo de los empresarios agrícolas—, al Ejército y a las iglesias más retrógradas con promesas de impulsar el crecimiento económico mediante la reducción de las regulaciones y protecciones ambientales.
Esta coalición de movimientos de derecha lo ayudó a derrotar en las encuestas al Partido de los Trabajadores y lo obligó a cumplir con el cambio que prometió, además de transformar a su pequeño partido en el segundo grupo más grande en el Congreso.
Bolsonaro defendió la medida a través de un mensaje que publicó el miércoles en Twitter, donde argumentó que los grupos indígenas y las comunidades tradicionales descendían de esclavos, conocidos como quilombos, que conformaban una mínima parte de la población, y se les había dado el control de áreas que constituían más del quince por ciento del territorio del país.
“De hecho, menos de un millón de personas habitan en esas regiones aisladas de Brasil y organizaciones no gubernamentales las explotan y manipulan”, escribió. “Juntos, vamos a integrar a esos ciudadanos y a cuidar de todos los brasileños”.
El miércoles, el gobierno también anunció que va a desmantelar un área perteneciente al Ministerio de Educación que promovía los derechos humanos y buscaba expandir el acceso a la educación superior de las comunidades históricamente desfavorecidas, incluyendo a los brasileños negros.
Bolsonaro ha acusado a sus rivales políticos de izquierda de usar el sistema de educación pública para adoctrinar a los niños; una acusación que educadores y expertos consideran infundada.
“Una de nuestras estrategias para sacar a Brasil de los últimos lugares en educación es acabar de tajo con la basura marxista en nuestras escuelas”, escribió Bolsonaro en un tuit en inglés. “Conseguiremos la formación de ciudadanos, no de militantes políticos”.
La Constitución de Brasil de 1988, que se aprobó cuando el país salió de una dictadura militar que duró 21 años, establecía garantías sólidas para los grupos históricamente marginados, lo cual buscaba reparar el daño causado a lo largo de décadas de discriminación y brutalidad institucionalizadas.
Una de las medidas más concretas fue un proceso para reconocer el derecho de las comunidades indígenas a controlar las áreas que habían sido el hogar de sus ancestros.
La dictadura buscó integrar a las comunidades indígenas que vivían mayormente autónomas en regiones remotas, puesto que las consideraban un impedimento para el desarrollo de áreas ricas en minerales o que podían convertirse en terrenos de cultivo o ganadería.
Leila Sílvia Burger Sotto-Maior, antropóloga que trabajó en la Fundación Nacional del Indio, declaró que el nuevo decreto era “una clara afrenta a la Constitución”.
En los últimos ocho años, el gobierno brasileño ha ido despojando de protecciones a las comunidades indígenas mediante el recorte de financiamiento de programas y la priorización de los intereses de las industrias que quieren mayor acceso al Amazonas, explicó Burger.
Pero la nueva medida de Bolsonaro fue un golpe devastador para quienes han pasado sus carreras tratando de cumplir la visión de una Constitución que buscaba reparar el daño causado a los pueblos indígenas tras décadas de maltrato, comentó la exfuncionaria.
“Hay miedo; hay dolor”, dijo Burger en una entrevista, y contó que ella y varios de sus colegas se sentían angustiados. “Esto se siente como una derrota, un fracaso”.
El proceso normativo para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a tener control absoluto sobre las tierras ancestrales ha avanzado con enorme dificultad en años recientes, debido a que los terratenientes rurales han ganado más influencia en la capital del país.
Existen 436 zonas designadas formalmente como territorios indígenas autónomos; en casi la mitad de ellos, el gobierno aún no concluye el proceso de expulsar a poblaciones que no son indígenas.
Más de 120 territorios que los grupos indígenas reclaman como suyos se encuentran bajo escrutinio. Cuando era candidato, Bolsonaro dijo que se aseguraría de que las comunidades indígenas no obtuvieran “ni un centímetro más” de reservas.
Dado que el gobierno ha disminuido las protecciones de los territorios indígenas en años recientes, los mineros, los agricultores y los ganaderos, así como los leñadores se han establecido en cientos de sitios, lo cual viola la ley.
Los líderes indígenas que se han opuesto a la presencia de esos grupos suelen ser amenazados.
Marina Silva, excandidata presidencial y exministra del Medioambiente a quien se alabó por implementar políticas que frenaban la tasa de deforestación en el Amazonas durante su permanencia en el cargo entre 2003 y 2008, dijo que la medida era una farsa.
“El gobierno de Bolsonaro le está dando a los abusadores la oportunidad de ser todavía más violentos con aquellos que, a lo largo de la historia, han sido sus principales víctimas”, escribió en un mensaje en Twitter.
Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, una legisladora federal que fue designada como ministra de Agricultura del gobierno de Bolsonaro, no dijo nada sobre las tierras indígenas en su discurso de toma de posesión el miércoles. Posteriormente, exhortó a los reporteros a no extraer conclusiones precipitadas y dijo: “No vamos a crear un problema donde no lo hay. Sencillamente se trata de un tema de organización”.
Corrêa está siendo investigada por haber aceptado para su campaña en 2014 un donativo de un terrateniente acusado de ordenar el asesinato de un líder indígena en 2003.
The New York Times
