Abogados de casa de estudios apelaron resoluciones que los sanciona por incumplir normas laborales. Estrategia de defensa no les sirvió.
Por: Erika Romero Díaz
Dos meses después de la visita inspectiva de personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil), dada en enero de 2017, la Universidad Alas Peruanas (UAP) inició el trámite para el licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Desde ese momento, se sabía que las cosas no estaban bien en dicha casa superior de estudios.
Sin embargo, hasta ese entonces, no habían pruebas fehacientes de lo que ocurría en el campus de la filial de la UAP-Arequipa. En el 2018, la entonces intendenta regional de Arequipa de la Sunafil, Jessica Pizarro Delgado, firmó dos resoluciones confirmando las dos multas impuestas a la UAP-filial Arequipa, que en total debía pagar 128 mil 992 soles.
Servidores de esa entidad estatal informaron que con esa resolución se termina el proceso administrativo y se inicia la ejecución coactiva, salvo que la institución sancionada busque anularla en el Poder Judicial.
PRIMERA MULTA
En enero de 2017, la Subintendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Arequipa dispuso que los inspectores de trabajo, Magaly Manrique García y Enrique Guzmán Matienzo, en plazo de treinta días, acudan a la UAP-Filial Arequipa a fiscalizar sobre materias de seguridad y salud en el trabajo.
Guzmán Matienzo fue hasta el campus universitario el 17 de ese mes. En esa oportunidad, los recibió Marisol Surco Linares, quien estaba a cargo de la Secretaría de Dirección General de la UAP. Luego de explicar el motivo de su visita y al no encontrar al funcionario encargado, les citó para que se presenten en las oficinas de la SUNAFIL para que exhiban documentos relacionados a la seguridad y salud de los empleados de la UAP- Filial Arequipa.
En el escrito donde imponen la primera multa, no se señala si los representantes de la universidad se presentaron en la hora y fecha indicada por el servidor estatal. En febrero de ese mismo año, volvió el inspector Guzmán a la casa de estudios, siendo atendido por Renzo Miranda Rivera, encargado de la Oficina de Personal.
Los comisionados levantaron un acta porque la universidad no cumplió con la medida dictada por los inspectores. Este documento terminó con una multa de 15 mil 592 soles que, como era de esperarse, fue apelada por los abogados de la UAP-Filial Arequipa.
APELACIÓN
Para marzo de 2018, los defensores de la UAP-Arequipa presentaron sus alegatos de apelación. El primero de sus argumentos fue que la resolución que les imponía la multa estaba incompleta y era incoherente. Luego señalaron que la SUNAFIL estaba vulnerando el principio del debido proceso. Con esto trataban de justificar la inasistencia del funcionario responsable de acudir al citatorio del inspector. Toda vez que el que no se haya presentado en la hora y fecha estaba plenamente justificado.
El tercer argumento de defensa fue que la UAP-Arequipa presentó dos capacitaciones, acorde a la naturaleza del cargo que ocupaban las trabajadoras afectadas y que se pretende multar por los periodos 2015 y 2016, que no fueron objeto del requerimiento hecho por los inspectores.
“Si bien los exámenes médicos ocupacionales no cumplen con las formalidades, no significa que no existan”, sostuvieron los abogados de la UAP-Arequipa.
Uno a uno, los argumentos de apelación fueron respondidos. Por ejemplo, la SUNAFIL señaló que el requerimiento de presentación para el 24 de enero de 2017 se hizo el 17 de ese mismo mes; y si bien la apoderada Yigliola Arias Huiza tenía incapacidad temporal, desde el 10 de enero hasta el 8 del siguiente mes, esta situación no eximía a Arias de cumplir con sus obligaciones.
“Resultando insuficiente alegar que la señora Yigliola Arias Huiza no tenía facultades para efectuar la delegación cuando dentro de la estructura organizacional de la empresa se debió prever las funciones de representatividad ante la incapacidad de una de las apoderadas”, se lee en la resolución de sanción.
Sobre el tema de fondo, la SUNAFIL verificó que la inspeccionada mantuvo contrato de trabajo a plazo fijo con las trabajadoras denunciantes y no acreditó haberles proporcionado charlas de seguridad y salud en el trabajo.
Segunda multa a Alas Peruanas
La segunda multa asciende a 113 mil 400 soles y quedó consentida administrativamente el 31 de mayo del 2018. Esta historia comenzó el 2 de junio de 2017, ese día se comisionó a los inspectores Abigaíl Contreras Huaynates y a Miguel Cuadros Torres.
A las semanas, los fiscalizadores fueron hasta el campus universitario, siendo recibidos por el encargado de la Oficina de Personal de la UAP-Arequipa, Renzo Miranda Rivera, quien fue notificado por el servidor estatal e informado de los documentos que debía exhibir.
El 23 de junio de ese mismo año, en las oficinas de la SUNAFIL, esperaron al representante de la universidad, que no llegó. Aquél día, los inspectores se presentaron en el campus de la UAP, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Miranda habría informado a los inspectores que no tenía los documentos por los que se preguntaban.
La nueva cita se programó para el 27 de junio y otra más para el 5 de julio del 2017. Seguramente el personal de la universidad no acudió en las fechas pactadas, por lo que, el 21 de julio de 2017, registraron una visita más a la UAP y encontraron a Yigliola Arias Huiza, a quien le informaron de la inspección que debía ser cumplida el 25 de ese mes.
“Los inspectores comisionados levantaron el acta de infracción el 25 de julio de 2017 ante el incumplimiento de la medida dictada, la inasistencia de la inspeccionada a la diligencia programada para el día 23 de junio del 2017 y la comisión de dos infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo”, se lee en la resolución de sanción.
Nuevamente la UAP-Arequipa presentó un recurso de apelación, que fue denegado.
En la resolución de sanción se detalla que no se tomó en cuenta otras infracciones que cometió el administrado, por lo que generan dudas sobre su calidad.
Las cosas no están bien en esa universidad, que además de ser multada por incumplir con las normas laborales, ahora debe lidiar con la denegatoria de su solicitud de licenciamiento tramitado ante la SUNEDU y que perjudicó a 8 mil 817 alumnos en Arequipa, quienes esperan tramitar sus documentos para ir a otra casa de estudios.
Demora con las resoluciones de 2019
La Sunafil-Arequipa, hasta la fecha, no sube a su portal web las resoluciones emitidas por esa intendencia. Servidores de la institución refirieron que se debe a que esos documentos son enviados a Lima y esa dependencia es la encargada de transparentar esas resoluciones sancionadoras.
