Por: J. Carlos Flores
Los Andes pudo obtener documentos que sugieren un festín con el presupuesto para puestos de trabajo en el proyecto “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa”, más conocido como PTRT3, del Gobierno Regional de Puno (GRP).
No solo eso, sino que hay constancia de que muchos de los que asumieron cargos delicados lo hicieron falsificando documentos, constancias y aumentando su experiencia. Algunas muestras a continuación:
FREDY QUENAYA (SUELDO: S/ 6.500)
El responsable legal del proyecto es Fredy Quenaya Arco, contratado el 22 de enero de este año; incluyó dentro de su currículum para acceder a ese puesto de trabajo una presunta experiencia como Responsable del Saneamiento Físico Legal de la Municipalidad Provincial de El Collao.
Para este fin, presentó constancias de trabajo y resoluciones de designación como tal entre los años 2020 y 2022 y otra designación muy anterior en el cargo de asistente en la Comisión de Saneamiento Físico Legal correspondiente al año 2010.
Desde aquí las irregularidades y actos sospechosos afloran a cada paso. Para empezar, nadie recuerda a Fredy como responsable del área de Saneamiento Físico, pero sí como gerente de Desarrollo Económico en esos años.
Hecha la consulta a la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de El Collao, mediante el informe N° 155, esta institución responde: “En los años 2019 y 2020 no se encuentra la documentación que menciona haber laborado como responsable de saneamiento físico legal”, y lo mismo para el periodo 2021-2022.
“En este contexto, se concluye que los certificados son incorrectos y no reflejan la realidad respecto a la situación del mencionado abogado en la entidad”, señala el informe.
De acuerdo con lo ya expuesto, surge la pregunta: ¿De dónde salieron los documentos presentados por Quenaya?
LEIDY CURASI (SUELDO S/ 6000)
Un caso similar es el de Leidy Karen Curasi Quispe, contratada la misma fecha. Para acceder a su puesto de abogado calificador se valió de una presunta experiencia como asesor legal en saneamiento en Sandia y otro como asesor legal en saneamiento, también en El Collao.
De igual forma, la Subgerencia de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de El Collao, informó que Leidy jamás trabajó en el municipio de Ilave. “Se concluye que el certificado es incorrecto y no refleja la situación la realidad respecto a la situación de la mencionada abogada”.
Respecto al documento de Sandia, este resultó ser por el cargo de Responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, puesto que no tiene que ver directamente con saneamiento de predios.
JUAN PINEDA (SUELDO: S/ 6000)
Otro caso es el de Juan Jorge Pineda Mamani, quien para acceder a su puesto de abogado calificador se valió de certificados de haber cursado una capacitación de “Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales del 2023”. Supuestamente el curso se desarrolló entre el 21 y el 25 de febrero del 2023, pero extrañamente los certificados se emitieron el 2 de enero del 2024.
¿Qué tipo de curso emite certificados un año después?, es la pregunta que salta a la vista. La segunda cuestión es el código QR. Cada certificado emitido tiene un QR, con el que se pueden verificar los detalles del curso, pero el certificado de Juan Pineda no lleva a ninguna parte, como si fuera un código adulterado.
Pasa igual con su certificado de un supuesto curso llevado a cabo entre el 12 y 15 de junio en la ciudad de Lima, con el nombre de Comunidades Campesinas y Saneamiento Físico Legal de Predios Rurales. Su código QR no lleva a ninguna parte.
Otro documento en cuestión es su constancia de trabajo en la cual figura como Especialista Legal de Saneamiento Físico Legal de Predios entre el 2015 y el 2023 en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV) de Juliaca.
Sin embargo, en otros documentos de dicha universidad muestran que el abogado laboraba en el área de Secretaría General, un área que no tiene que ver con el cargo que acaba de asumir.
Otro documento presentado por el abogado también huele raro: se trata de un certificado de trabajo expedido por “V y L Constructores”, en el cual supuestamente habría laborado entre el 2 de agosto del año 2018 y el 30 de septiembre del año 2020.
Sin embargo, dicha empresa inició sus actividades en primero de octubre del año 2019, de manera que no se explica cómo es que Pineda pudo laborar antes de esa fecha.
Por supuesto, ninguna de estas irregularidades podría suceder sin la ayuda de los evaluadores. De acuerdo con fuentes confiables de este matutino, un asesor FAG y el director de Titulación y Catastro Rural de Puno son los responsables de colocar en puestos delicados a muchachos sin experiencia o maduros que no cumplen el perfil para acceder a sueldos que van entre S/ 3 mil y S/ 8 mil.
