La gerenta regional de Control de Puno, Indira Yábar Gutiérrez, precisó que Contraloría General de la República en Puno, recibe entre 60 a 70 denuncias mensuales de irregularidades y corrupción en las instituciones del estado.
Precisó que esta cantidad corresponde a las denuncias que les llegan de forma directa pero hay otra cantidad que llega a través de los órganos de control con lo cual la cantidad de denuncias ha requerido que su institución contrate más personal.
Por su parte, William Otazú, fiscal Anticorrupción, indicó que a nivel de la fiscalía provincial Especializada en Corrupción de Funcionarios, se tiene 800 investigaciones fiscales, de las cuales la mitad ya tienen sentencia.
Agregó que la otra mitad de casos están judicializados, es decir, sujetos a una segunda decisión en la etapa intermedia. Además, indicó que la demora en los procesos penales de corrupción se debe a que son procesos complejos y hay que respetar las garantías de los procesados.
La titular de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Puno, Emma Cazorla Valdez, informó que existe una carga procesal de 1.800 casos de corrupción en los que están involucrados funcionarios de diferentes entidades públicas.
Indicó que los delitos más frecuentes son: peculado (apropiación de recursos del Estado), negociación incompatible (favoritismo en el sector público) y colusión (concertaciones en las contrataciones y adquisiciones).
De esta manera, la corrupción se ha vuelto la regla en las instituciones públicas y las instituciones encargadas de controlarlas se ven completamente saturadas de casos para investigar.
