En el primer trimestre de este año, el Juzgado de Trabajo de la Zona Sur, sede anexa de Puno, envió una avalancha de oficios a la Municipalidad Provincial de Puno, ordenando la reposición inmediata de trabajadores contratados durante la gestión de Martín Ticona.
Son más de una decena de trabajadores que portan documentos que obligan a la Municipalidad Provincial de Puno a reponerlos en sus puestos de trabajo, lo que ha ocasionado un gran perjuicio económico para el municipio y político para el alcalde Javier Ponce.
Uno de estos trabajadores es Wilbert Mamani Maquera, quien laboró como personal operativo en el terminal terrestre desde el 8 de febrero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019. Es decir, trabajó un año y 10 meses para el municipio bajo el régimen de remuneraciones CAS hasta que su contrato venció.
Tras su salida, Wilbert Mamani entabló una demanda contra el municipio, argumentando que el régimen que le correspondía era el de actividad privada y, por lo tanto, su despido fue indebido. Por ello, solicitaba su inmediata reposición en el cargo, además de un resarcimiento por los daños ocasionados por el despido.
La Municipalidad Provincial de Puno intentó defenderse, o en todo caso aplazar la medida, argumentando que él no realizaba labores de obrero municipal y que sus labores eran de carácter administrativo. Sin embargo, no tuvo éxito y Wilbert ganó la sentencia. El 11 de agosto de 2023, el Juzgado de Trabajo de la Zona Sur le dio la razón y emitió un oficio para que el municipio cumpla con la orden judicial de reponerlo.
Un caso similar es el de Daniel Galarza Choque, quien trabajó como auxiliar de jardinería entre el 1 de abril de 2019 y el 24 de enero de 2020. En su caso, el 30 de abril el Juzgado de Trabajo envió un oficio ordenando su reposición inmediata.
El 1 de abril se envió un oficio similar a favor de Owisson Calsin Huacani, quien laboró como chofer de serenazgo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2019.
Lo mismo ocurrió con Juana Quispe Quispe, quien trabajó entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2019 como personal operativo en el terminal terrestre.
Otro oficio similar llegó el 27 de mayo de 2024 a favor de Zenaida Escobar Poma, quien laboró entre mayo y diciembre de 2019 como personal operativo.
A ellos se suman Miguel Alfredo Condori Mendiguri, Elizabeth Vamanechura, Elmer Yoni Mamani Arazola, Darwin Soto Ríos, Pascuala Álvarez Ramos y Mari Luz Gómez Quispe, quien laboró como operador de cámara de videovigilancia.
La figura legal que se utilizó fue la de la desnaturalización del contrato de trabajo, es decir, que realmente existía una relación laboral, pero se les pagaba por “terceros” o contrato CAS.
