La Fiscalía de la Nación ha archivado la denuncia de genocidio presentada contra Dina Boluarte, Alberto Otárola y otros implicados. Sin embargo, comunicó que seguirán siendo investigados por los delitos de homicidio y lesiones graves ocurridos entre fines de 2022 e inicios de 2023. Estos cargos están incluidos en la denuncia constitucional presentada recientemente.
Es importante explicar que una denuncia constitucional es un procedimiento que solicita al Congreso autorización para que la Fiscalía inicie una investigación preparatoria, es decir, una investigación que podría llevarse ante un juez.
Se prevé que el Congreso rechace esta denuncia, ya que anteriormente rechazó una similar relacionada con las muertes de manifestantes a manos de las fuerzas armadas.
La denuncia constitucional acusa a Boluarte de homicidio calificado. No se sostiene que ella haya ordenado matar, lo que descartaría la etiqueta de “Dina asesina”. En cambio,
