Las declaratorias de este tipo han demostrado ser demagogia pura ante la desgracia.
En Puno, Arequipa o la misma Capital de la República lejos de ser una solución han representado una falsa esperanza para los afectados
A mediados de octubre, el Gobierno Central declaró en emergencia por 60 días las zonas afectadas por la contaminación en la cuenca Llallimayo, en la provincia de Melgar, en la región Puno. Sin embargo, al evaluar la efectividad de estas medidas, queda en evidencia que los resultados son prácticamente nulos, transformándose en un gesto meramente demagógico.
El abogado Iván Trujillo, refiriéndose a las declaratorias de emergencia, observa que, históricamente, estas medidas en otras regiones como Arequipa y Lima no han generado resultados positivos. La reciente declaratoria tampoco parece ser diferente, ya que el gobierno no ha asignado un presupuesto adicional para ejecutar las acciones previstas que en el discurso buscan darle algún remedio a quienes sufren las consecuencias de la contaminación, plan de remediación le dicen.
El artículo 3 del decreto establece que “la implementación de las acciones previstas en el presente Decreto se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”. En otras palabras, se trata de un papel sin valor alguno, un “saludo a la bandera”, un gesto engañoso que no representa un cambio sustancial, tal cual lo está demostrando la historia.
PROBLEMA RECURRENTE
Un ejemplo de la ineficacia de estas medidas fue el estado de emergencia declarado en Lima ante la crisis de inseguridad que afecta a la capital. La medida, que se extendió a 12 distritos por un período de 60 días, fue completamente ignorada, ya que los asesinatos y atentados de la delincuencia continuaron a la orden del día.
El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, criticó la falta de resultados.“Tengo la impresión de que están repitiendo los mismos errores y síntomas de la primera declaratoria de emergencia (…) Primero, el patrullaje de las Fuerzas Armadas: es un número muy pequeño el que ha venido a San Juan de Lurigancho.
Entendamos que no es un distrito pequeño, tenemos más de un millón de habitantes (…) El otro elemento que se repite es la falta de coordinación entre las instituciones de justicia: la PNP, el Ministerio Público, el Poder Judicial y ahora el Ministerio de Defensa. Y tercero, no se incluye a los gobiernos locales en las tareas que se podrían implementar”, indicó.
ACCIONES FALLIDAS
Otra declaratoria de emergencia insulsa se dio en Arequipa en abril, en respuesta al aumento de la criminalidad. El abogado Fernando Mendoza Banda señaló que 20 días de emergencia es un plazo insignificante para combatir la delincuencia, calificando la medida como una simple “pantomima”.
En La Libertad, la declaratoria de emergencia por la delincuencia emitida en febrero también fue duramente criticada. “Nos parecen fuegos artificiales para calmar la indignación; no se toman medidas radicales para combatir la delincuencia en nuestra región. Es como dar una aspirina para tratar una fiebre grave”, declaró Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad.
Incluso César Acuña, en su rol como autoridad en Trujillo, criticó la declaratoria de emergencia en febrero, tras los enfrentamientos entre mineros ilegales. “Lo importante es que logramos que se apruebe la declaratoria de emergencia. Esperamos que ya no sea lo mismo de siempre. Pero no basta con declarar el estado de emergencia para combatir la inseguridad, ya que mucho dependerá del apoyo de las autoridades involucradas”, enfatizó.
En junio de este año, el asesinato de la dirigenta Sara Calla, conmocionó a la población de Juliaca. En la búsqueda de alguna respuesta a la crisis de inseguridad ciudadana, una vez más se recurrió al pedido de una declaratoria de emergencia que permita reducir los índices de criminalidad.
Finalmente, el 5 de julio el Poder Ejecutivo decretó el estado de emergencia en la provincia de San Román por 30 días a través del Decreto Supremo 067-2024. Esta medida, en el papel y el discurso buscó enfrentar la inseguridad en la zona; nada ha cambiado.
María Elena Mamani Apaza, consejera regional sanromina, afirmó que la medida ayudaría a combatir la delincuencia en la Ciudad de los Vientos. “Va a ayudar a apaciguar lo que estamos viviendo pero no al 100 %”, señaló.
La declaratoria de emergencia había sido solicitada por el alcalde provincial, Óscar Cáceres, tras el asesinato de la dirigenta, a quien un sicario la mató. Su único pecado fue exigir el cierre de establecimientos nocturnos clandestinos y bares que abren sus puertas a la criminalidad.
Hoy, después de poco más de cuatro meses el asesino ha sido capturado en la ciudad del Cusco. Paradójicamente, el mismo día de su detención en la salida a Arequipa, dos sicarios a bordo de una motocicleta ultimaron a un exrecluso a plena luz del día. ¿Es este el resultado de la declaratoria en estado de emergencia de la seguridad ciudadana?
El alcalde sanromino, en una muestra de impotencia e incompetencia invoca a Rambo, un personaje cinematográfico para luchar contra la delincuencia.
La figura de la declaratoria de emergencia, es un rótulo rimbombante tal cual las comisiones de alto nivel que, “instalan” mesas de trabajo o técnicas como el inicio de una solución.
Otro ejemplo cercano es lo que ocurre en la cuenca Coata, en la región Puno. La contaminación ambiental continúa y los pobladores la padecen día a día. Ellos viven con metales pesados en la sangre, la declaratoria de emergencia les permitió acceder al servicio de agua potable a través de camiones cisternas, más allá de eso no se puede hablar de un proyecto sostenible en el tiempo.
SIN RECURSOS
Durante un estado de emergencia, el gobierno puede movilizar recursos y agilizar procesos saltando algunos controles burocráticos. Sin embargo, cuando estos recursos no se asignan, las declaratorias terminan siendo una simple fachada, una muestra de demagogia a la luz de las críticas más severas.
DATO
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, concretó el pedido de las autoridades, dirigentes y población en general, más, no es la primera vez que esto ocurre, se trata de una suerte de círculo vicioso en el que hemos caído.
ESCRIBE JHON CARLOS FLORES
