Columnista: Paulo Vilca
A diez años de la tragedia de Bagua, el Estado peruano ha logrado ciertos avances en torno al reconocimiento de los pueblos indígenas, en particular en lo referido a los derechos lingüísticos con la revalorización del uso de las distintas lenguas indígenas. Sin embargo, todavía resta mucho camino por recorrer en otros ámbitos directamente vinculados con las demandas planteadas el año 2009, como los derechos relativos a la propiedad de la tierra, el uso de los recursos naturales o los derechos de participación política.
Tal vez el ejemplo más claro de las tareas pendientes que dejó Bagua sea la resistencia del sector minero a implementar la consulta previa conforme mandan el Convenio 169 de la OIT y la Ley de Consulta Previa. A lo largo de los últimos 20 años, el Ministerio de Energía y Minas ha eludido de forma sistemática esta obligación, ya sea por ciertos «errores de enfoque» o, en algunos casos, recurriendo directamente a maniobras cuestionables.
La lista de acciones del sector para evitar la consulta previa a lo largo de este tiempo es larga y variada. Entre estas podemos encontrar las siguientes:
a) Considerar que la consulta previa es sólo un mecanismo para brindar información.
b) Negar la existencia de los pueblos indígenas andinos como los quechuas y aymaras.
c) Oponerse a la transparencia y publicación total de la base de datos de pueblos indígenas.
d) Elaborar informes de parte desconociendo la existencia de población indígena en el ámbito de diversos proyectos mineros o negando la afectación de sus derechos colectivos.
e) Denominar como consulta previa a las reuniones meramente informativas que se realizan posteriormente a la aprobación de las licencias ambientales.
f) Eludir los procesos de diálogo con el argumento de que las comunidades no están interesadas en seguir el proceso de consulta.
Aunque esta conducta ha sido observada continuamente por las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo, agencias de Naciones Unidas y otras entidades de la sociedad civil, nada de ello ha impedido que el Ministerio de Energía y Minas siga incumpliendo su obligación de consultar, contando con el aval – por acción u omisión – de las instancias gubernamentales del más alto nivel y aprovechando la debilidad política del Ministerio de Cultura, como ente rector en la materia.
Todo indica que esta situación no cambiará, a pesar de algunas decisiones judiciales emitidas en diferentes casos y cuya solución definitiva está pendiente, debiendo agregarse que aun cuando estos resulten favorables a las pretensiones de las comunidades indígenas, una sentencia no es suficiente para rediseñar una política pública.
Tal como están las cosas, un camino a seguir es insistir en que la consulta previa de los proyectos mineros se realice durante la evaluación del impacto ambiental, como se hace en Colombia y Chile. Ello implica habilitar al SENACE para que lidere y ejecute este proceso. Esta entidad puede darle un ejemplo extraordinario al Ministerio de Energía y Minas y mostrar que es posible realizar un proceso de evaluación integral que no sólo tenga carácter informativo, sino también participativo y consultivo. Ésta es la «tecnología social» que los actores interesados en la actividad extractiva deberían implementar si es que realmente quieren hacer posible una minería sostenible y generadora de confianza. No podemos dejar pasar otros diez años para empezar a cumplir con la deuda pendiente que tenemos con los pueblos indígenas.
