La semana pasada se conoció que en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV), varios catedráticos nombrados y contratados ejercían la docencia a tiempo completo, pero, a la vez, trabajaban para el Estado, en el sector Salud.
A propósito, en el artículo 40, párrafo primero de la Constitución, se indica: “Ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente”.
Esto significa que un servidor del Estado puede desempeñar más de un cargo dictando clases en una universidad estatal, pero solo a tiempo parcial.
En ese contexto, el presidente de la Comisión Restructuración Académica de la UANCV, en fecha 14 de abril del 2020, mediante oficio N° 002-2020-VRACD-UANCV-J.,informó que hay 37 docentes que desempeñaban doble empleo, que “dictaban” clases a tiempo completo y al mismo tiempo trabajaban en las distintas Redes de Salud de la región.
Algunos de estos, son: las hermanas Mariluz Cruz Colca y Silvia Natividad Cruz Colca, así como María Figueroa Vilca, todas enfermeras; las obstetras Carol Zúñiga Zúñiga, Graciela Bernal Salas, Sonia Benita Fernández Tapia y Esperanza Cueva Rossel; y la cirujano dentista Edith Cari Checa.
Asimismo, las enfermeras Laura Muñoz Carbajal, Gladys Torres Condori, Amelia Pérez Abarca, Rita Salas Zea y Teresa Ramos Rojas; la obstetra Patricia Ortiz Ampuero; la odontóloga Elsa Pizarro Merma; y la contadora Sonia Tipula Ticona.
Otros funcionarios de la Diresa que también dictan clases en la UANCV, eran: Víctor Quintana Paco y Aurelio Ríos Pineda, ambos en la oficina de logística; Gilberto Jaén Valdarrago, de la oficina de imagen institucional; y la enfermera Ubaldina Maldonado Sanabria.
El abogado Gustavo López Llanos indicó que frente a esta realidad, las autoridades de la región y el procurador regional deben iniciar una rigurosa investigación, y sancionar administrativamente a estos malos elementos, ya que habrían abandonado dolosamente sus puestos de trabajo para sacar beneficio económico personal.
Asimismo, dijo que habrían incurrido en responsabilidad administrativa y civil, por lo que tienen que ser sancionados hasta con la destitución del cargo y devolver los dineros cobrados en forma ilegal del Estado. “El Estado no puede pagar a un servidor que abandona su puesto de trabajo”, puntualizó.
