Un agente de la Policía Nacional del Perú que prestaba servicios en la comisaría de San Luis fue condenado a seis años de prisión efectiva por solicitar S/100 a un conductor para no retener su licencia de conducir durante una intervención policial. La sentencia fue obtenida por la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Quinto Despacho), que acreditó la responsabilidad del efectivo mediante diversos medios probatorios.
Los hechos ocurrieron en junio de 2021. Según la investigación fiscal, el policía Sebastián Paredes intervino al conductor Pedro Yamunaque el 7 de junio de ese año. Durante el procedimiento, le solicitó el pago de S/100 para no continuar con el trámite de retención de su licencia de conducir, documento que además presentaba indicios de falsedad. El dinero fue entregado dos días después. La investigación concluyó que existió un acuerdo entre ambas partes para evitar que continuara el procedimiento policial.
Fiscalía presentó pruebas determinantes
El caso estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Joel Fernando García Peñafiel. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó conversaciones de WhatsApp, el comprobante del depósito bancario correspondiente al dinero entregado, documentación relacionada con la investigación y una pericia acústica forense.
Estos elementos permitieron acreditar la entrega del soborno y la participación de los involucrados. Con ello, el Poder Judicial emitió sentencia condenatoria contra el efectivo policial por el delito de cohecho activo en el ámbito de la función policial. La resolución también alcanzó al conductor Pedro Yamunaque, quien fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de cohecho pasivo propio.
Ordenan reparación civil
Además de las penas impuestas, el fallo dispuso el pago de reparación civil a favor del Estado. Sebastián Paredes deberá abonar S/6.000, mientras que Pedro Yamunaque pagará S/5.000 por los daños ocasionados.
La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios señaló que la sentencia forma parte de las acciones para investigar y sancionar actos de corrupción vinculados al ejercicio de la función pública.
El caso se sustentó en pruebas documentales, periciales y digitales que permitieron reconstruir los hechos y demostrar la entrega del dinero. Con esta decisión judicial, el Ministerio Público reafirmó la importancia de sancionar los actos de corrupción que afectan la función policial y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
