Todas las piezas de las elecciones 2026: inscripción de partidos, inclusión de votantes, manejo de jurados, intrusión de la fiscalía y el Poder Judicial arrojan una imagen de inminente fraude según varios analistas. Uno de los más conocidos en este medio, el político Alberto Quintanilla, ve el próximo proceso electoral con demasiadas dudas sobre su transparencia.
Para entender su punto, es necesario repasar las llamadas anomalías que ya se manifestaron en el proceso y, quizá, anticipar las que vienen. Estas incluyen extensiones en plazos, inclusiones novedosas de votantes, innovaciones tecnológicas y prácticas que podrían afectar la equidad y transparencia.
La información se basa en fuentes oficiales como el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como en reportes periodísticos, opiniones expertas y declaraciones de figuras políticas como el excongresista Alberto Quintanilla.
PADRÓN
El padrón electoral, que define quiénes pueden votar, ha sido objeto de múltiples extensiones en su fecha de cierre, lo que algunos analistas consideran una anomalía. Inicialmente, el cierre estaba previsto para el 12 de abril de 2025, pero fue ampliado al 12 de octubre de 2025 y finalmente al 14 de octubre de 2025, según anuncios del Reniec.
Esta prórroga se justificó para permitir que más ciudadanos, especialmente en el exterior, actualicen sus datos y obtengan el DNI electrónico necesario para nuevas modalidades de voto. Críticos argumentan que estas extensiones podrían facilitar inscripciones irregulares o dilatar el proceso, erosionando la confianza.
Por ejemplo, el Reniec advirtió que millones de DNI caducados podrían excluir votantes si no se actualizan a tiempo. Alberto Quintanilla ha calificado esto como una violación de las reglas, afirmando que “la regla debe respetarse” y que no se pueden modificar las normas un año antes de las elecciones, ya que “no hay garantía de lo que está sucediendo” y esto equivale a “manipular las elecciones”. La Defensoría del Pueblo supervisó estos hitos y reportó cumplimiento general, pero enfatizó la necesidad de mayor difusión para evitar exclusiones.
VOTAN POLICÍAS Y MILITARES
La Policía Nacional del Perú (PNP) estaba excluida del sufragio para preservar su neutralidad. Para 2026, se introduce su inclusión mediante el voto digital obligatorio, afectando a más de 235.000 efectivos.
Esta reforma se basa en la Ley Orgánica de Elecciones modificada, que permite su participación remota para evitar despliegues que interfieran en sus deberes. Algunos ven esto como una anomalía positiva para la democracia, ampliando derechos civiles.
Sin embargo, opositores temen que pueda influir en resultados electorales, dada la disciplina jerárquica de estas instituciones, y cuestionan si el voto digital garantiza secreto y libertad.
Quintanilla ha expresado fuerte oposición, argumentando que “me llaman absolutamente la atención” y que los militares y policías deben votar “como cualquier ciudadano afuera donde se garantice el tributo secreto”, no a través de “aparatos electrónicos que pueden ser controlados y manipulados o vigilados por sus superiores o por algún organismo que quiera tergiversar la voluntad”, considerándolo “un error”.
El Reniec distribuirá DNI electrónicos gratuitos a estos grupos, y el Ministerio de Defensa coordina con la ONPE para implementación. Expertos como Silvia Guevara Pérez destacan su rol en inclusión, pero advierten riesgos de ciberseguridad.
VOTO VIRTUAL (VOTO DIGITAL)
El voto virtual, o digital, es una novedad voluntaria para grupos prioritarios (como peruanos en el exterior, personas con discapacidad y servidores públicos desplazados) y obligatoria para FF.AA. y PNP. Se realiza vía aplicación móvil con DNI electrónico y certificado digital vigente, equivaliendo al sufragio tradicional. Críticos lo califican como anomalía por posibles vulnerabilidades a hackeos o exclusión digital, en un país con brecha tecnológica.
La ONPE defiende su progresividad y seguridad, con pruebas piloto planeadas. El Congreso aprobó su regulación en marzo de 2025, y se requiere certificado digital renovado para usarlo. Opiniones divididas: algunos lo ven como modernización, otros como riesgo de fraude, especialmente en el extranjero.
Quintanilla refuerza estas críticas al vincularlo con la inclusión de militares y policías, enfatizando el riesgo de manipulación en dispositivos electrónicos.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
El JNE implementará IA para asistir en la revisión de planes de gobierno, resolución de controversias y posiblemente en el escrutinio de actas, reduciendo tiempos de horas a minutos. Esta herramienta no reemplaza decisiones humanas, pero optimiza procesos en un contexto de alto volumen de candidaturas.
Anomalías potenciales incluyen sesgos en algoritmos o falta de transparencia, lo que podría cuestionar la imparcialidad. Quintanilla no aborda directamente la IA, pero su preocupación general por el “copamiento” de instituciones como el JNE sugiere riesgos adicionales en herramientas tecnológicas controladas por entidades capturadas.
TACHAS MALICIOSAS
Una de las anomalías más denunciadas son las “tachas maliciosas”, recursos candidatos son los que se estiman como participantes de las próximas elecciones, una cifra que aparenta diversidad, pero encierra la trampa de la dispersión de votos y la exclusión de opciones de izquierda.
CIFRA
10 mil legales usados para impugnar inscripciones de partidos o alianzas sin base sólida, retrasando o excluyendo opositores. En 2025, un solo ciudadano presentó 10 de 24 tachas ante el JNE, concentrando casi la mitad. Esto se percibe como estrategia para bloquear competencia, especialmente contra partidos opositores.
El JNE ha excluido agrupaciones por firmas falsas o afiliaciones indebidas, como en casos de Perú Moderno. Opositores denuncian que el JNE no inscribe partidos críticos al gobierno, preparando un “fraude” para 2026.
Quintanilla destaca la exclusión de políticos como Martín Vizcarra, Ulises Villegas del Solar y Antauro Humala “por razones ideológicas y no políticas”, y menciona dificultades para consolidar alianzas, afirmando que “hoy día vamos a ir conociendo nuevos pasos en contra de la Democracia” y que se está “excluyendo a varios políticos al margen”. El Tribunal Constitucional y la Defensoría supervisan, pero persisten acusaciones de parcialidad.
