El nombre de Roberto Muñoz Pinto, alcalde del distrito de Socabaya, aparece vinculado a un extenso historial de acusaciones que lo convierte en uno de los políticos con mayor número de denuncias en Arequipa.
Según los registros revisados en casi 10 años y a los que accedió Los Andes, acumula más de 30 investigaciones fiscales desde el año 2015 hasta el 2025, la mayoría de ellas relacionadas con delitos contra la administración pública, aunque también figuran acusaciones por violencia familiar, discriminación, acoso, conducción en estado de ebriedad, y hasta contaminación ambiental.
Aunque en su mayoría fueron archivadas en etapas preliminares, subsisten procesos abiertos y un cuaderno de ejecución de sentencia que lo acompañan en su actual gestión.
CASOS
El caso más grave que arrastra Muñoz se inició en 2016, cuando fue acusado junto con otros funcionarios por negociación incompatible y aprovechamiento indebido en su cargo como funcionario municipal. En este proceso los agraviados fueron la Procuraduría Anticorrupción y la Procuraduría de la Municipalidad.
El expediente avanzó hasta dictarse sentencia condenatoria, convirtiéndose en el antecedente judicial más pesado en su historial. En 2021, se abrió un cuaderno de ejecución de sentencia que sigue vigente. Lejos de la administración pública, el alcalde también fue denunciado en 2017 por lesiones leves en contexto de violencia familiar, donde la agraviada fue una mujer de su entorno.
La fiscalía archivó la carpeta tras la investigación preliminar. En 2019, Muñoz sumó otra imputación, esta vez por conducción en estado de ebriedad, causa que igualmente fue cerrada en etapa preliminar.
COMO ALCALDE
Ya en su camino hacia la alcaldía, el 2023 fue el inicio de una seguidilla de denuncias. En enero, la Fiscalía abrió una investigación por peculado, aunque la archivó en calificación. En abril, otro expediente lo acusó de rehusamiento ilegal de actos de su cargo, con idéntico desenlace. El punto más álgido del año se dio en noviembre de 2023, cuando enfrentó dos procesos simultáneos: uno por acoso denunciado por la regidora Magaly Roxana Agramonte, y otro por abuso de autoridad y omisión de función pública.
Ambos fueron finalmente archivados, pero revelaron un patrón de denuncias reiteradas por abuso de poder. El 2024 consolidó el “rosario” de denuncias contra Muñoz. En febrero, la Fiscalía abrió expediente por omisión ilegal de actos de su cargo y tráfico de influencias, que fue archivado. Ese mismo mes, también fue denunciado por robo agravado en concurso con otros imputados, igualmente archivado.
En junio, la Asociación de Vivienda Teresa de Calcuta lo denunció por abuso de autoridad en dos carpetas distintas, que no prosperaron. Ese mismo mes, se le abrió proceso por daño simple, contaminación culposa, disturbios con resultado de muerte y abuso de autoridad, caso que también terminó archivado en etapa preliminar.
A mediados de año se agregó otra denuncia por contaminación ambiental culposa, archivada poco después. En total, en 2024 acumuló al menos cinco expedientes distintos, todos cerrados, pero con un denominador común: acusaciones por abuso de poder y manejo ellos vinculados directamente a la Procuraduría Anticorrupción y a la Procuraduría de la Municipalidad.
El 10 de febrero se inició una carpeta por concusión y colusión con defraudación patrimonial, con Agramonte como denunciante, que fue derivada a la Policía para investigación preliminar. Días después, el 21 de febrero, se denunció a Muñoz por peculado y negociación incompatible, aunque la fiscalía la archivó.
El 16 de mayo se formalizó una nueva causa por concusión y negociación incompatible, esta vez impulsada por un grupo de denunciantes, que aún se mantiene activa. El 17 de junio otra denuncia por peculado doloso simple también fue asignada a investigación preliminar con la Procuraduría como agraviada.
Paralelamente, este mismo año fue señalado por producción de peligro común con medios catastróficos, en el marco del desalojo de la familia del canillita Quintín Laura. En mayo, la Miss Socabaya lo denunció por discriminación, luego de que se le negara el acceso al palco principal de aniversario del distrito. En julio, nuevamente Quintín Laura, lo denunció también por discriminación. Ambos casos fueron archivados.
NEGACIÓN
Pese a que en los registros del Ministerio Público se consignan decenas ntre febrero y agosto se abrieron al menos once expedientes distintos, varios de de carpetas fiscales abiertas en su contra, Roberto Muñoz Pinto se muestra desafiante y resta importancia a su extenso historial judicial.
En cada aparición pública, ya sea en ceremonias o actos distritales, aprovecha para atacar a sus detractores y justificar sus actos, insistiendo en que al menos 50 de las denuncias en su contra fueron archivadas sin pasar siquiera a investigación preliminar. Para Muñoz, todas estas acusaciones responden únicamente a intereses políticos y no a irregularidades reales cometidas durante su gestión.
El alcalde mencionó, por ejemplo, que varias de las denuncias estuvieron ligadas a obras de pavimentación en calles como Godofredo Manrique, José Gálvez, Melgar y La Oroya, así como a la construcción del puesto de salud de Lara. Según su versión, todas esas carpetas fueron archivadas porque carecían de sustento técnico o legal. También recordó que fue denunciado por el retiro de ocho quioscos que ocupaban vías públicas, lo que, a su entender, constituye una muestra clara de que “se le acusa por imponer autoridad”.
Su administración ha enfrentado intentos de revocatoria y pedidos de vacancia desde el inicio de su gestión. Aunque estas iniciativas no prosperaron debido al férreo respaldo que recibió por la mayoría oficialista del concejo municipal, liderada por su padre, el teniente alcalde Marcelino Roberto Muñoz Pila. “El primer año quisieron revocarme, el segundo año intentaron vacarme, y después hasta me denunciaron por una foto. Imagínese hasta dónde han llegado”, ironizó ante la prensa en la presentación de obras en el distrito.
