Juan Roberto Muñoz Pinto llegó a la alcaldía de Socabaya con una imagen joven, fresca y mediática, impulsado por su presencia en redes sociales. Con apenas 43 años y una carrera previa en municipalidades como la de Cayma, prometió modernidad y cercanía con la población. Sin embargo, a más de dos años de iniciada su gestión, lo que abunda no son las obras ni las reformas, sino las denuncias, los escándalos, improvisación y una creciente pérdida de credibilidad.
La más reciente denuncia involucra la contratación como asesor externo de César Augusto Choque Ticona, excompañero universitario del alcalde y condenado por terrorismo en 1989. Choque fue sentenciado a 18 años de prisión por su participación en un atentado de Sendero Luminoso contra un local partidario del PPC, aunque fue liberado condicionalmente en 2001 por buena conducta.
Durante la actual gestión, obtuvo seis contratos por un total de S/ 34,920, pese a no declarar su vínculo con el alcalde ni acreditar la experiencia técnica requerida. La denuncia fue presentada ante la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) por cuatro regidores de oposición: Magaly Agramonte, Érika Garrafa, Shan Huanco y María Carlín.
Señalaron que, además de su pasado judicial, Choque ya había sido sancionado junto con Muñoz por la Contraloría en 2018, cuando ambos trabajaban en Cayma. En una conferencia de prensa ofrecida por el 230 aniversario de Socabaya, el alcalde minimizó la denuncia. Negó mantener una amistad con Choque, sugirió que la investigación será archivada como otras previas y acusó a los medios de perjudicar el desarrollo profesional de su excompañero. “Como se sacó una foto con Roberto Muñoz o como estudió en la misma universidad, o como trabajó con él, no se le pueda dar la oportunidad de trabajar”, declaró.
DEL ARRANQUE
Este no es un caso aislado. Desde su llegada a la alcaldía en enero de 2023, Muñoz ha estado rodeado de decisiones controversiales, como la instalación de un jacuzzi en su oficina, lo que generó críticas por el uso de recursos municipales en un contexto de necesidades básicas insatisfechas.
Además, ha sido acusado de maltrato contra periodistas, presuntas represalias a trabajadores y hasta intentos de silenciar a opositores. Su ascenso político comenzó tras una inhabilitación de tres años impuesta por la Contraloría, que venció en 2021. Para su ascenso usó al movimiento regional Arequipa Avancemos (del pollito), en 2022, ganó la alcaldía con apenas el 24.48 % de los votos. Aunque prometió cambios y una gestión moderna, hoy muchos vecinos lo asocian más con los videos que publica en TikTok que con resultados concretos en el distrito.
Con esta nueva denuncia, el futuro político de Muñoz parece tambalearse, pues enfrenta un pedido de vacancia. La gestión municipal, que alguna vez quiso representar renovación, se ha convertido en un símbolo de improvisación y escándalo, donde el espectáculo reemplaza a la acción efectiva.
ESCÁNDALOS
En enero de 2023, al inicio de su gestión, el alcalde enfrentó su primer escándalo: el 26 de ese mes se reveló la instalación de un jacuzzi y una trotadora en su despacho, sin documentos que avalaran la obra.
El OCI confirmó que los equipos estaban allí desde antes del 18 de enero, sin contratos ni autorizaciones. El alcalde negó haberlos mandado instalar y dijo que fueron donados, aunque no presentó pruebas. Culpó al gerente municipal, Damián Choque, quien solo anunció el retiro del jacuzzi. Se formó una comisión investigadora impulsada por la regidora Magaly Agramonte, pero fue controlada por aliados del alcalde, como Shan Dalton Huanco Humpiri, y el caso no prosperó.
Ese mismo día comenzaron los ataques a los críticos: Agramonte fue hostigada en el concejo y agredida con harina y huevos por simpatizantes del alcalde. El caso se archivó sin identificar responsables. El alcalde se victimizó: “Yo tengo el apoyo de la población, soy un luchador social. Los únicos alterados son los medios”.
Así comenzó una gestión marcada por controversias. Un mes después, fue criticado por inaugurar una obra ya inaugurada. El 17 de febrero de 2023, se metió en la piscina “4 de Octubre” como acto simbólico, a pesar de que su antecesor, Wuilber Mendoza, ya lo había hecho en diciembre.
Muñoz defendió el gesto, argumentando que ahora sí estaba en funcionamiento. En junio DE 2025se inició el proceso de revocatoria contra el alcalde, en un contexto de amenazas y ataques contra Fermín Laura, promotor de este proceso. Durante el proceso, la casa de Laura fue atacada con gasolina, su hermana agredida y recibió amenazas por redes sociales. Denunció que personas ligadas a la gestión municipal intentaron sabotear la recolección de firmas e incluso destruir planillones.
A pesar de reunir más de 13,200 rúbricas, no alcanzó el mínimo requerido. “Casi matan a mi hermana. De esta manera no se pudo trabajar de manera tranquila durante la revocatoria”, declaró en ese entonces Laura. En julio DE 2025se reveló que el alcalde contrató a Daniela Paredes Condori, excandidata de su movimiento, sin estudios superiores registrados. Una investigación posterior mostró que recibió en total S/ 30,219 por siete órdenes de servicio, pese a no cumplir el perfil requerido para el cargo.
La Contraloría halló que su ingreso se facilitó desplazando irregularmente a una trabajadora estable y ajustando los requisitos del puesto a su perfil. Además, presentó un diplomado cuya autenticidad no puede ser confirmada por la universidad que la emitió. El 11 de febrero de 2025, los mismos cuatro regidores que fiscalizan la actual gestión denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción al burgomaestre por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.
Denunciaron que el alcalde Muñoz favoreció a la empresa Financiera IM Constructora, vinculada a Adeli Zeferina Jiménez Oviedo, una allegada que apoyó su campaña electoral en 2022 y fue militante del movimiento regional Arequipa Avancemos. A pesar de su inexperiencia, dicha empresa recibió 33 contratos por casi 2.8 millones de soles.
Según los regidores, “las camionetas de esta empresa incluso se habrían usado en campaña con el lema ‘JR a la Región’”. Ante el temor de represalias, solicitaron protección a la Defensoría del Pueblo. El caso podría costarle el cargo, ya que el Concejo debe votar su vacancia el 2 de junio, para luego ser elevado al JNE para su decisión final.
