La presencia de arsénico en el río Tambo, que abastece al valle de Tambo y a la provincia de Islay, es un problema conocido desde hace años y está vinculado a las operaciones de la minera Aruntani y su proyecto Florencia Tucari, en Moquegua.
Sin embargo, el tema volvió a la agenda en julio de 2024, cuando una coloración amarillenta en sus aguas encendieron las alarmas, haciendo visible una situación que las autoridades ya conocían, pero que hasta entonces no había generado acciones. Pese a ello, casi catorce meses después, la gestión del gobernador Rohel Sánchez y el Ejecutivo de Dina Boluarte no han implementado medidas efectivas para mitigar el problema.
EMERGENCIA
El 17 de julio de 2024, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la Gerencia Regional de Medio Ambiente confirmaron que el río Tambo presentaba concentraciones de arsénico y otros metales pesados muy por encima de los límites permitidos para consumo humano.
Cinco días después, el 22 de julio, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, anunció un paquete de medidas: el cierre definitivo de la minera Aruntani, señalada como la principal fuente de contaminación; la instalación de una oficina del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el valle; el inicio de denuncias penales; la puesta en marcha de un programa de salud para la población afectada; y la ejecución de la presa Yanapuquio, con una inversión de S/ 460 millones.
Ese mismo día, el gobernador regional Rohel Sánchez informó sobre la compra de 24 plantas de ósmosis inversa de tecnología alemana, valorizadas en S/ 10 millones, que serían instaladas en un plazo de 120 días sin costo para la población. La provincia de Islay (Arequipa) y la de Mariscal Nieto (Moquegua) fueron declaradas en Estado de Emergencia por 180 días debido a la contaminación con arsénico y otros metales pesados en el río Tambo.
La medida, adoptada el 26 de ju lio de 2024 por un plazo inicial de 60 días, fue prorrogada en octubre por otros 60 días y nuevamente el 28 de noviembre, extendiéndose hasta finales de enero de 2025.
RÍO TAMBO
Un estudio del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) confirmó que el arsénico en el río Tambo sobrepasa en hasta 2,000 % el valor máximo para consumo humano. También se detectaron niveles excesivos de cadmio (240 %), boro (200 %), magnesio y manganeso.
Pese a que el río está clasificado como A3 (riego), sus aguas abastecen a unos 60 mil habitantes de la provincia de Islay. Este abastece de agua potable y riego a diversas comunidades en las provincias de Islay y Mariscal Nieto, incluyendo distritos como Cocachacra, Deán Valdivia, La Curva, San Antonio y Punta de Bombón. Su importancia es vital para la agricultura, la pesca y el consumo humano en estas zonas.
AYUDA
Durante la emergencia por la contaminación, las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el reparto diario de agua potable en cisternas a sectores como Alto La Punta, Villa Esperanza, Nuevo Matarani, Alto Vera Cruz, Chucarapi, Lomas de Lluta, Amazonas y Villa Hermosa. Se entregaron más de 16,000 bidones, miles de baldes y tachos para almacenamiento, así como cientos de cajas de agua de 20 litros destinadas a familias y colegios.
También se distribuyeron alimentos frescos, brócoli, espinaca, repollo, cilantro, limón, manzana, y canastas para la población más vulnerable. La Gerencia Regional de Salud anunció que recolectaría 656 muestras de orina de niños menores de 12 años y mujeres embarazadas en la provincia, con el fin de evaluar la exposición a metales pesados.
Sin embargo, los resultados aún no han sido presentados, lo que mantiene en incertidumbre a la población afectada. Pese a este despliegue, el río sigue siendo la principal fuente de abastecimiento y continúa expuesto a los mismos contaminantes que originaron la crisis.
Según la ingeniera Cely Bustamante Escapa, del Programa de Vigilancia de Agua para Consumo Humano de la Geresa, en los 74 centros poblados de Islay existen varios proveedores de agua, entre ellos la EPS Sedapar y las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS). Sedapar cuenta con plantas convencionales que reducen la mayoría de metales pesados y han logrado disminuir parcialmente el arsénico y el boro, aunque sin eliminarlos por completo.
En cambio, la mayoría de JASS, que captan agua de canales y fuentes subterráneas vinculadas al río Tambo, no poseen plantas de tratamiento, por lo que sus niveles de contaminación siguen lejos del estándar óptimo.
La OMS fija en 0.01 mg/l (10 ppb) el límite máximo de arsénico en agua potable, pero en varios puntos del valle se han registrado hasta 0.18 mg/l, muy por encima incluso del umbral de 0.15 mg/L que, según la norma nacional, ya requiere el uso de plantas de ósmosis inversa.
Bustamante advirtió que la emergencia no atacó el problema en su origen: el afluente que riega chacras y alimenta a los animales que pastan cerca del cauce. Así, el arsénico sigue presente y se transfiere a cultivos, productos agrícolas y carne consumida por la población local.
TRABAJO
Para mitigar la contaminación, el GRA adquirió sus anunciadas plantas de ósmosis. Sin embargo, los equipos funcionaron solo entre 6 y 8 días y no lograron filtrar todos los metales tóxicos. En octubre se probó una planta piloto en Punta de Bombón durante tres días, con buenos resultados parciales. Esto motivó la compra de 13 potabilizadoras adicionales por S/3 millones, pero la entrega se detuvo por deficiencias técnicas no previstas.
El consejero regional de Islay, Juan Carlos Huanca Molero, acusó al jefe del COER, José Luis Barrezueta Reyes, de no ejecutar un plan efectivo para garantizar agua segura y de ocultar información sobre las acciones realizadas. Aseguró que, pese a pedir reiteradamente datos sobre la ubicación y funcionamiento de las nuevas plantas de ósmosis inversa, no recibió respuesta.
Sobre la represa que evitaría el ingreso de agua contaminada, sostuvo que el proyecto lleva décadas paralizado y que existe la percepción de un condicionamiento para que la empresa Southern ejecute obras de mitigación. Por todo ello, anunció que este martes propondrá evaluar la interpelación del jefe del COER, a quien acusa de no colaborar ni entregar información clave durante la emergencia.