La norma que promulgó el Congreso obliga a los jueces de la jurisdicción ordinaria a archivar los procesos contra agentes si la justicia militar los investiga. Casos de ejecuciones, torturas y agresiones sexuales en diversas regiones del país pasarán a manos del Fuero Militar.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó una ley que dispone que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas enfrenten únicamente la jurisdicción militar-policial cuando cometan delitos en el ejercicio de sus funciones. La legislación ordena además que los jueces ordinarios archiven de manera obligatoria las investigaciones en curso si constatan que el fuero castrense ya investiga los mismos hechos.

Esta medida genera el rechazo de juristas y defensores de derechos humanos, quienes advierten que la norma impedirá sancionar penalmente delitos comunes y violaciones a los derechos fundamentales. Con esta nueva disposición, los tribunales militares asumirán expedientes emblemáticos que involucran la muerte de civiles y graves abusos cometidos por agentes del Estado.

Muerte de niño en Huacho y tortura a abogado en Puno irán a la justicia militar

Las disposiciones legales impactarán en la investigación que sigue la Fiscalía de Huaura contra el suboficial PNP Luis Nazario por la muerte de un niño de ocho años en Huacho. El agente disparó su arma contra una mototaxi en marcha durante un operativo en la avenida Mercedes Indacochea, en un contexto donde el Ministerio Público descartó cualquier situación de riesgo real para la patrulla.

Asimismo, la causa por las brutales agresiones sufridas por el abogado Danilo Vargas Ccoya dentro de la comisaría de Melgar-Ayaviri, en Puno, quedará fuera del juzgamiento civil. Pese a que la Fiscalía de Derechos Humanos abrió diligencias preliminares por el delito de tortura contra tres suboficiales, la nueva legislación obligará a remitir los actuados a los tribunales castrenses.

Expedientes de Colcabamba y Condorcanqui se trasladarán a tribunales castrenses

El alcance de la norma compromete también el juzgamiento de la masacre del 25 de abril de 2026 en Colcabamba, Huancavelica, donde militares acribillaron una camioneta y mataron a cinco jóvenes. Aunque las pericias de la Fiscalía de Junín demostraron que los ocupantes no portaban armas ni atacaron a la patrulla, el proceso penal saldrá de la vía ordinaria para pasar a manos del fuero militar.

La justicia militar asumirá la denuncia del Consejo de Mujeres Awajún sobre el ingreso violento y abuso sexual contra dos adolescentes en una residencia estudiantil de Condorcanqui, Amazonas, por parte de efectivos del Ejército. Mientras el Ministerio de la Mujer exige celeridad en las indagaciones, aumentan las críticas por el blindaje legal que otorga esta controvertida norma.