Desde las 00:00 horas se restringe el libre tránsito en el país. Fuerzas armadas y policías harán cumplir medida

Redacción Los Andes

Desde las cero horas de hoy,   inicia el aislamiento social obligatorio (cuarentena) a nivel nacional, con el fin de frenar la propagación en el país del nuevo coronavirus, que ya contagió a 71 peruanos.

Anoche, en un mensaje a la Nación, el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo,  reveló un decreto supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por 15 días, a consecuencia del brote del covid-19, donde ordena como medida principal el aislamiento social obligatorio.

Mientras dure el Estado de Emergencia, quedan restringidos cuatro derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.

Las personas únicamente pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso a servicios y bienes esenciales como: adquisición, producción y abastecimiento de alimentos (que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público); adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, en casos de emergencias; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad; entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento; producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible; medios de comunicación y centrales de atención telefónica.

“Quiero enfatizar, una vez más, que estas medidas de ninguna manera contemplan el cierre de establecimientos comerciales de productos de primera necesidad, farmacias o bancos, que continuarán funcionando y estarán permanentemente abastecidos”, expresó el mandatario.

El expresidente del Tribunal Constitucional,  Víctor García Toma,  precisó que quienes no acaten la disposición, podrían ser detenidos por la policía  durante 48 horas e incluso son pasibles de una denuncia.

“Quiero enfatizar, una vez más, que estas medidas de ninguna manera contemplan el cierre de establecimientos comerciales de productos de primera necesidad, farmacias o bancos, que continuarán funcionando y estarán permanentemente abastecidos”, agregó Vizcarra.

Durante este periodo el Ejecutivo garantiza el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros. La Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) adoptarán las medidas para garantizar los servicios públicos.

El Jefe de Estado también anunció el cierre total de las fronteras. “En virtud de lo cual queda suspendido el transporte internacional de pasajeros, por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial. El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido en ello”.

Ante ello, el ministro del Interior, Carlos Morán, aclaró que hasta las 23:59 horas de hoy podrán  viajar a través de buses interprovinciales aquellas personas que se encuentran en otras ciudades y deseen retornar a sus lugares de residencia.

El mandatario precisó que esta medida se realiza porque “estamos ante el riesgo de que este virus pueda extenderse en nuestro territorio, lo que haría más difícil aún enfrentarlo”.

SERVICIO DE TAXI

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, explicó que la norma aprobada por el Gobierno con las medidas para evitar el avance del nuevo coronavirus, prevé la suspensión del servicio de taxis, así como la restricción del transporte público.

“Transporte público sí, pero de manera restringida, y en la medida que pueda estar operando tiene que ser menor a la capacidad que habitualmente opera”, acotó.

Mencionó que la norma establece que las unidades de transporte público sean fumigadas permanentemente de manera obligatoria.

SERÁN INTERVENIDOS

El ministro del Interior, Carlos Morán, advirtió que “A partir de las 00:00 horas del día lunes, ningún peruano sale de su casa”.

Asimismo, Carlos Morán manifestó que las Fuerzas Armadas, que apoyarán a la Policía Nacional para velar por el cumplimento de las restricciones impuestas, saldrán a patrullar las calles.

“Las personas que no acaten, van a ser intervenidas. Las que no tengan justificación de transitar, serán intervenidos y los llevan a la comisaría”, aseguró.

El ministro del Interior agregó que está garantizada la asistencia a sus labores de los trabajadores de salud, policías, militares, periodistas y de los servicios públicos, que podrán movilizarse con sus credenciales.

Asevera exsecretario técnico del proyecto, Esteban Valdez

Por: Antony Chunga Calcina

Luego de un año que el Programa de Vivienda Municipal (Promuvi) se canceló definitivamente por la gestión edil de Omar Candia, el exsecretario técnico del proyecto, Esteban Valdez, indicó que esa decisión se debería a la incompetencia de los funcionarios de la gestión del exalcalde Zegarra y del actual alcalde. Indicó que habría intereses de por medio.

Intereses

“El Promuvi era un proyecto de vivienda para los pobres, pero el exalcalde Zegarra y sus funcionarios tenían intereses de por medio, ya que ellos estarían involucrados con los traficantes de terrenos y eso no les convenía”, comentó.

Según el exsecretario de Promuvi, las razones que explicó el exasesor del alcalde, José Lombardi, por las cuales se canceló el proyecto, son falsedades de quienes no conocen la ley. De acuerdo a lo expuesto por Lombardi en aquella oportunidad, una de las razones para cancelarlo fue que la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) observó que los predios asignados para el programa fueron inscritos indebidamente.

“Los terrenos estaban inscritos en registros públicos a nombre de la municipalidad. La gestión de Candia debió luchar por sus terrenos, pero no lo quisieron hacer porque el proyecto no respondía a sus intereses”, precisó Valdez.

GASTOS

El fallido Promuvi generó gastos en la MPA para la contratación de personal, arquitectos, adquisición de computadoras y tiempo. Además, se ilusionó a la población, indicó Valdez.

En la mira

El regidor de minoría Jorge Condori solicitará en los próximos días un informe sobre el mencionado proyecto.

Falta de albergues para niños y adolescentes varones agrava problema

Por: José Libandro Pérez

Solo en un día, en la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA), se puede observar 5 juicios por violación sexual contra menores de edad.

Desde el comienzo del año hasta la fecha, ya son aproximadamente 40 víctimas que atiende la Unidad Distrital de Víctimas y Testigos (Udavit) de Arequipa del Ministerio Público.

El año 2018 se registró 241 casos de violación a menores de edad, esta terrible cifra incrementó en 2019 a 296 víctimas. Cada proceso judicial llega a demorar entre dos y tres años.

La jefa de Udavit, María Yato López, señaló que en todo el proceso, hasta la lectura de sentencia, la víctima es asesorada y acompañada por el Udavit, además del apoyo psicológico para reinsertarlas a la sociedad tras los traumas que sufrieron.

Agregó que el Cercado y Cono Norte son los sectores donde hay más incidencia de este delito en la ciudad, seguido por El Pedregal, Mollendo y Camaná.

Un 70% de los imputados son del entorno familiar (padres, padrastros, tíos, primos, entre otros) de los violentados.

Los menores son trasladados por diez días a un solo albergue, que ya colmó su capacidad, hasta que se encuentre a familiares que asuman la tenencia.

El problema se agrava para los niños y adolescentes varones ultrajados,  porque no tienen un albergue donde ser trasladados.

Abogados de casa de estudios apelaron resoluciones que los sanciona por incumplir normas laborales. Estrategia de defensa no les sirvió.

Por: Erika Romero Díaz

Dos meses después de la visita inspectiva de personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil), dada en enero de 2017,  la Universidad Alas Peruanas (UAP) inició el trámite para el licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Desde ese momento,  se sabía que las cosas no estaban bien en dicha casa superior de estudios. 

Sin embargo, hasta ese entonces, no habían pruebas fehacientes de lo que ocurría en el campus de la filial de la UAP-Arequipa. En el 2018, la entonces intendenta regional de Arequipa de la Sunafil, Jessica Pizarro Delgado, firmó dos resoluciones confirmando las dos multas impuestas a la UAP-filial Arequipa, que en total debía pagar 128 mil 992 soles.

Servidores de esa entidad estatal informaron que con esa resolución se termina el proceso administrativo y se inicia la ejecución coactiva, salvo que la institución sancionada busque anularla en el Poder Judicial.

PRIMERA MULTA

En enero de 2017, la Subintendencia de Actuación Inspectiva de la Intendencia Regional de Arequipa dispuso que los inspectores de trabajo, Magaly Manrique García y Enrique Guzmán Matienzo, en plazo de treinta días, acudan a la UAP-Filial Arequipa a fiscalizar sobre materias de seguridad y salud en el trabajo.

Guzmán Matienzo fue hasta el campus universitario el 17 de ese mes. En esa oportunidad, los recibió Marisol Surco Linares, quien estaba a cargo de la Secretaría de Dirección General de la UAP. Luego de explicar el motivo de su visita y al no encontrar al funcionario encargado, les citó para que se presenten en las oficinas de la SUNAFIL para que exhiban documentos relacionados a la seguridad y salud de los empleados de la UAP- Filial Arequipa.

En el escrito donde imponen la primera multa, no se señala si los representantes de la universidad se presentaron en la hora y fecha indicada por el servidor estatal. En febrero de ese mismo año, volvió el inspector Guzmán a la casa de estudios, siendo atendido por Renzo Miranda Rivera, encargado de la Oficina de Personal.

Los comisionados levantaron un acta porque la universidad no cumplió con la medida dictada por los inspectores. Este documento terminó con una multa de 15 mil 592 soles que, como era de esperarse, fue apelada por los abogados de la UAP-Filial Arequipa.

APELACIÓN

Para marzo de 2018, los defensores de la UAP-Arequipa presentaron sus alegatos de apelación. El primero de sus argumentos fue que la resolución que les imponía la multa estaba incompleta y era incoherente. Luego señalaron que la SUNAFIL estaba vulnerando el principio del debido proceso. Con esto trataban de justificar la inasistencia del funcionario responsable de acudir al citatorio del inspector. Toda vez que el que no se haya presentado en la hora y fecha estaba plenamente justificado.

El tercer argumento de defensa fue que la UAP-Arequipa presentó dos capacitaciones, acorde a la naturaleza del cargo que ocupaban las trabajadoras afectadas y que se pretende multar por los periodos 2015 y 2016, que no fueron objeto del requerimiento hecho por los inspectores.

“Si bien los exámenes médicos ocupacionales no cumplen con las formalidades, no significa que no existan”, sostuvieron los abogados de la UAP-Arequipa.

Uno a uno, los argumentos de apelación fueron respondidos. Por ejemplo, la SUNAFIL señaló que el requerimiento de presentación para el 24 de enero de 2017 se hizo el 17 de ese mismo mes; y si bien la apoderada Yigliola Arias Huiza tenía incapacidad temporal, desde el 10 de enero hasta el 8 del siguiente mes, esta situación no eximía a Arias de cumplir con sus obligaciones.

“Resultando insuficiente alegar que la señora Yigliola Arias Huiza no tenía facultades para efectuar la delegación cuando dentro de la estructura organizacional de la empresa se debió prever las funciones de representatividad ante la incapacidad de una de las apoderadas”, se lee en la resolución de sanción.

Sobre el tema de fondo, la SUNAFIL verificó que la inspeccionada mantuvo contrato de trabajo a plazo fijo con las trabajadoras denunciantes y no acreditó haberles proporcionado charlas de seguridad y salud en el trabajo.

Segunda multa a Alas Peruanas

La segunda multa asciende a 113 mil 400 soles y quedó consentida administrativamente el 31 de mayo del 2018. Esta historia comenzó el 2 de junio de 2017, ese día se comisionó a los inspectores Abigaíl Contreras Huaynates y a Miguel Cuadros Torres.

A las semanas, los fiscalizadores fueron hasta el campus universitario, siendo recibidos por el encargado de la Oficina de Personal de la UAP-Arequipa, Renzo Miranda Rivera, quien fue notificado por el servidor estatal e informado de los documentos que debía exhibir.

El 23 de junio de ese mismo año, en las oficinas de la SUNAFIL, esperaron al representante de la universidad, que no llegó. Aquél día, los inspectores se presentaron en el campus de la UAP, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Miranda habría informado a los inspectores que no tenía los documentos por los que se preguntaban.

La nueva cita se programó para el 27 de junio y otra más para el 5 de julio del 2017. Seguramente el personal de la universidad no acudió en las fechas pactadas, por lo que, el 21 de julio de 2017,  registraron una visita más a la UAP y encontraron a Yigliola Arias Huiza, a quien le informaron de la inspección que debía ser cumplida el 25 de ese mes.

“Los inspectores comisionados levantaron el acta de infracción el 25 de julio de 2017 ante el incumplimiento de la medida dictada, la inasistencia de la inspeccionada a la diligencia programada para el día 23 de junio del 2017 y la comisión de dos infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo”, se lee en la resolución de sanción.

Nuevamente la UAP-Arequipa presentó un recurso de apelación, que fue denegado.

En la resolución de sanción se detalla que no se tomó en cuenta otras infracciones que cometió el administrado, por lo que generan dudas sobre su calidad.

Las cosas no están bien en esa universidad, que además de ser multada por incumplir con las normas laborales, ahora debe lidiar con la denegatoria de su solicitud de licenciamiento tramitado ante la SUNEDU y que perjudicó a 8 mil 817 alumnos en Arequipa, quienes esperan tramitar sus documentos para ir a otra casa de estudios.

Demora con las resoluciones de 2019

La Sunafil-Arequipa, hasta la fecha, no sube a su portal web las resoluciones emitidas por esa intendencia. Servidores de la institución refirieron que se debe a que esos documentos son enviados a Lima y esa dependencia es la encargada de transparentar esas resoluciones sancionadoras.

Tras decreto de urgencia, Ugel norte hará operativos desde fines de enero hasta febrero

Por: José Libandro Pérez

Luego de la publicación del Decreto de Urgencia N.° 002-2020, que señala el cierre de colegios privados que no cumplan con las normas del Ministerio de Educación (Minedu), las  entidades del sector se pusieron las pilas.

La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Arequipa Norte señaló que en su jurisdicción  de 1040 colegios privados el 80% es formal, mientras que el resto, es decir,  más de 200 instituciones educativas particulares, está con observaciones tras los operativos realizados el año pasado.

La fiscalización en conjunto con Defensa Civil, Sunafil y municipios, evidenció problemas en infraestructura, seguridad, malla curricular, estabilidad laboral de los docentes, entre otros, señaló el director de la UGEL Norte, Jorge Luis Choque.

Para la aplicación del decreto de urgencia, el director expresó que aún esperarán la reglamentación; por eso están conformando una comisión encargada de analizar los alcances de la normativa.

No obstante, los operativos iniciarían a fines de enero hasta febrero, para garantizar la calidad de la educación este nuevo año escolar.

Sobre la denuncia en su contra por el Programa de Asesoramiento Pedagógico Institucional (PAPI), aseveró que es un revanchismo y distracción de los colegios informales, que buscan operar  este año con normalidad.