El nuevo titular del sector, Rogers Valencia, encuentra un embalse de procesos judiciales marcado por el archivamiento de casos emblemáticos de robo y depredación de tesoros nacionales y serios problemas para enfrentar estos delitos en la Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación.
David Hidalgo y Gianella Tapullima
El nuevo ministro de Cultura, Rogers Valencia, acaba de asumir su despacho con un acumulado de 2,172 casos de delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, mientras los principales repositorios del país carecen de una estrategia eficaz para investigar y sancionar la destrucción y el robo de sus bienes más preciados, de acuerdo a información recogida en el curso de una investigación de OjoPúblico.
Esos casos constituyen buena parte de la carga penal de la procuraduría del Mincul, que a la segunda semana de diciembre llegaba a los 2,663 procesos. Esto incluye, además, presuntos delitos contra el patrimonio en general, contra la fe pública y contra la administración del Estado, según cifras del ministerio obtenidas a través de un pedido de acceso a la información pública. Un total de 180 casos son por omisión de funciones.
La situación cobra más urgencia tras el reciente robo de un importante manuscrito del Libertador José de San Martín en el Archivo General de la Nación y las denuncias contra ocho funcionarios del Mincul por favorecer la contratación de empresas consultoras para evaluar los posibles daños arqueológicos del rally Dakar, una suma de irregularidades que hizo insostenible la continuidad en el cargo de la anterior ministra de Cultura, Patricia Balbuena.
La procuraduría del Mincul, encargada de conducir todos los procesos legales relacionados al sector, tiene apenas 13 abogados para llevar 4,878 casos, entre civiles, penales y contenciosos administrativos.
Esta realidad ya había sido motivo de un informe emitido en julio pasado por el procurador de ese ministerio, Henmer Alva. El documento, al que OjoPúblico tuvo acceso, advertía de posibles riesgos para la defensa del Estado por la excesiva carga legal en ese sector. «El número de profesionales con el que cuenta la Procuraduría Pública resulta insuficiente para la atención óptima de los procesos judiciales que asume en representación del Ministerio de Cultura”, señaló el procurador Alva.
El motivo del informe era la decisión de la actual gestión de la Biblioteca Nacional, a cargo de María Emma Mannarelli, de retirar a dos de los tres integrantes del equipo legal hasta entonces adscrito a la procuraduría del Mincul para llevar sus casos, entre los cuales había varias denuncias por hurto agravado de valiosas piezas del patrimonio bibliográfico nacional. La medida dejaba a la procuraduría con un solo abogado de apoyo para atender directamente 324 juicios de diversa índole de esa institución.
“[…] en consecuencia, no se cuenta con el [personal] profesional necesario para la atención de los procesos judiciales de la Biblioteca Nacional del Perú en caso se concrete el retiro del apoyo que venía brindando a la Procuraduría Pública” indicaba el documento dirigido a la secretaría general del Mincul y comunicado con carácter de “muy urgente” a la jefa institucional de la BNP.
En ese informe, el procurador Alva alertó expresamente que la medida ponía en riesgo de indefensión los casos de la BNP, y recomendó enviar un oficio a la jefa de esta institución para que reconsiderara su decisión. El pedido no fue atendido y el personal de apoyo no fue repuesto a pesar de que, según informes del propio Mincul revisados por OjoPúblico, la BNP ha perdido por archivamiento varios de los llamados “casos emblemáticos” que había denunciado años antes por el robo de libros y documentos antiguos de las colecciones más importantes del país.
Demoras en la Biblioteca Nacional
En octubre del 2018, la Procuraduría del Ministerio Cultura reportó la situación de 41 investigaciones y procesos penales tramitados ante el Ministerio Público y/o el Poder Judicial en representación de la Biblioteca Nacional. El documento reveló graves demoras en la investigación de varios casos que involucran a trabajadores de esta institución en el presunto delito contra el Patrimonio Cultural en la modalidad de hurto agravado, daño agravado y omisión de funciones.
Según ese reporte, la BNP tiene en curso casos que han permanecido sin sanción e incluso sin avances significativos por más de siete años. El proceso más evidente corresponde al intento de sustracción de manuscritos del archivo presidencial de Andrés A. Cáceres, que fueron recuperados en el 2010 cuando se encontraban en plena azotea de la sede antigua de la Avenida Abancay; a la fecha, ocho años después, se encuentra pendiente de resolver en la Fiscalía Superior Penal de Lima.
Otro episodio grave fue la mutilación del “Derrotero del Mar del Sur”, uno de los documentos más importantes de la historia cartográfica del país, al que le cortaron ocho folios, en un atentado descubierto en el 2011. El proceso se encuentra en investigación preliminar, pese a los siete años transcurridos desde que salió a la luz.
También está en proceso el caso por el robo del libro “El sol en el mediodía…”, de 1790, una descripción en verso de las fiestas que se hicieron en la capital del virreinato por la coronación de Carlos IV y publicado por encargo de un comerciante indígena que reclamaba ser descendiente del Inca Túpac Yupanqui. La pérdida de este ejemplar fue detectada en junio del 2013 y cinco años después el caso se encuentra pendiente de resolver por la Fiscalía Superior Penal de Lima.
En la misma condición se encuentra el caso llamado “11 libros y 12 manuscritos”, la desaparición de una veintena de valiosas piezas coloniales detectada justamente en el curso de la investigación por el caso anterior.
Pero el episodio más grave ha sido el archivamiento definitivo del llamado «Caso 30 libros», la desaparición de una treintena de ejemplares valiosos de la bóveda de la Biblioteca Nacional, que involucró a varios trabajadores responsables de las áreas que albergan los libros más antiguos y raros del país. Fue la primera evidencia del robo sistemático de ejemplares del patrimonio bibliográfico en la BNP.
Las denuncias por estos casos involucran al mismo grupo de trabajadores, varios de los cuales permanecen en la institución, incluso en cargos directivos refrendados por la gestión de María Emma Mannarelli. OjoPúblico solicitó una entrevista con la jefa institucional de la BNP para esclarecer esta situación, pero la oficina de prensa de la BNP respondió que eso no era posible por motivos de agenda.
Archivo de la Nación
El panorama no es menos complicado en el Archivo General de la Nación (AGN), bajo la jefatura de la arqueóloga Luisa Vetter, quien antes fue directora técnica de la Biblioteca Nacional hasta que dejó el cargo de manera abrupta en agosto del 2015. OjoPúblico conoció que Vetter fue removida de ese despacho por emitir en su momento un informe sin sustento técnico que puso en peligro varias de las denuncias mencionadas arriba por los robos de libros y documentos antiguos del principal repositorio del país.
De acuerdo a memorándums internos de la época revisados por este medio, Vetter omitió informes previos que estimaban las pérdidas en más de 5 mil piezas, y, con base en reportes no definitivos, apenas reconoció 354 piezas perdidas. Funcionarios de esos días, consultados bajo reserva, confirmaron que el documento fue enviado al Ministerio de Cultura pasando por alto el visado de la dirección nacional y en abierta contradicción a las denuncias planteadas por la propia BNP. Por esta razón se le pidió inmediatamente su renuncia, que fue aceptada al día siguiente sin concederle el agradecimiento por servicios prestados.
Ahora, como directora del Archivo General de la Nación, Luisa Vetter afronta el robo de un valioso documento del Libertador José de San Martín, una carta para otorgar la libertad a una esclava, en medio de una carga legal que a diciembre del 2018 llegaba a los 112 procesos pendientes, según cifras oficiales obtenidas por transparencia.
De ese total, al menos 59 son procesos penales y 25 son de índole administrativa, seguidos por casos laborales (8), contenciosos administrativos (6), constitucionales (4) y una decena de conciliaciones judiciales. En 47 de estos casos, el AGN figura como demandante.
El segundo repositorio histórico más importante del país, que en años recientes ha sido afectado por diversos casos de depredación del patrimonio cultural, dispone de solo dos abogados para su Oficina de Asesoría Jurídica, incluyendo al jefe del área. Los otros abogados de la institución están repartidos de la siguiente manera: dos en el área de Archivo Notarial, uno en la Escuela Nacional de Archivística y uno en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El AGN tiene un solo abogado adscrito a la procuraduría del Mincul, a pesar de que no son pocos los casos de depredación del patrimonio documental del país detectados dentro y fuera del país que siguen pendientes y que requieren de una afinada estrategia legal.
Así quedó en evidencia en febrero del 2016, a raíz del hallazgo de un manuscrito del siglo XIX suscrito por el Libertador Simón Bolívar y por su entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, el sabio Hipólito Unanue. El documento fue detectado por funcionarios de la embajada peruana en Estados Unidos cuando estaba a punto de ser subastado en el portal Ebay. Las gestiones ante las autoridades de ese país se vieron obstaculizadas por el deficiente sustento de los casos por parte del Perú.
“[…] lamentablemente los informes técnicos del Ministerio de Cultura y las referencias a nuestra legislación citadas en el informe del AGN […] no han venido siendo suficientes para que se realice una adecuada investigación por parte de las autoridades locales”, indicó un oficio de la Cancillería basado en las referecias de la legación peruana que trataba de resolver el caso.
Se solicitó una entrevista con la jefa del Archivo General de la Nación, tras conocerse el nuevo caso de robo, pero fue denegada. A cambio se envió un video de resumen de la conferencia de prensa ofrecida por Luisa María Vetter con el procurador Henmer Alva para confirmar la desaparición del manuscrito de San Martín.