Cara a cara con la realidad. El congresista Elvis Vergara (Acción Popular), presidente de la Comisión de Fiscalización, fue encarado y declarado persona no grata en Juliaca, este último 9 de septiembre. José Carlos Gutiérrez Sancho, representante de las autoridades originarias Apu Mallku, lo interceptó para exigirle explicaciones por su blindaje a Dina Boluarte en casos como Rolex, cirugías plásticas y las muertes en protestas.
Vergara evadió las preguntas y huyó en su vehículo escoltado por seguridad del Estado, mientras el congresista Wilson Quispe intentó protegerlo sin éxito. La expresión de desconcierto en el rostro de Vergara lo decía todo, nunca imaginó este rechazo, por lo que no supo qué responder, ni cómo actuar, retirándose en absoluto silencio.
Gutiérrez Sancho advirtió que “no permitirán que congresistas cómplices del régimen ingresen a Puno” y denunció que Vergara aceleró su auto para escapar, reflejando el rechazo popular a políticos acusados de encubrir corrupción y represión.
El episodio subraya la tensión entre las comunidades y figuras como Vergara, vinculado a decisiones controvertidas: votó por la vacancia de Pedro Castillo, apoyó el archivamiento del caso Rolex y bloqueó la denuncia constitucional contra Boluarte, que buscaba justicia por la masacre del 9 de enero de 2023 en Juliaca. Dirigentes puneños cuestionaron su “falta de autoridad moral” y exigieron un perdón público por proteger a Boluarte.
“La memoria de nuestros mártires no se negocia”, enfatizaron, recordando que las muertes en Puno siguen impunes desde 2023. El incidente, grabado por testigos, mostró a Vergara eludiendo diálogos, mientras Gutiérrez lo acusaba de “terruquear a la población”. Quispe, presente en el lugar, no logró mediar.
“No queremos cómplices de la corrupción”, advirtió Gutiérrez, quien anunció que otros congresistas con historial similar enfrentarán medidas iguales. El caso expone la crisis de legitimidad del Congreso y la desconfianza hacia figuras como el congresista Elvis Vergara.