A unos cuantos días de las fiestas de fin de año, la venta de pirotécnicos en diversas zonas de la región se hace constante y predominante, en particular en las ferias navideñas. En la ciudad de Juliaca, que es el centro del comercio y el movimiento económico, la venta de estos productos es más abundante.

Sin embargo, su comercialización no tiene autorización, conforme lo manifestó el fiscal de Prevención del Delito, Diógenes Choquehuanca Apaza. Según dijo, no les ha llegado ningún tipo de documento que avale una feria en la Ciudad de los Vientos.

“Están prohibidas todas las ferias, pues no hay autorización de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), la municipalidad y otras instituciones”, mencionó.

Acotó que por este motivo realizarán diversos operativos, a fin de identificar los talleres e incautar los productos, considerando las tragedias producidas en años anteriores.

En tanto, los especialistas de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), invocaron a la población a no utilizar los aparatos pirotécnicos, porque podrían atentar contra la integridad de la persona, principalmente de los menores de edad    

Estas palabras las manifestaron en la sesión demostrativa realizada ayer en la plaza Dos de Mayo, del barrio Zarumilla, donde un maniquí que hizo las veces de un menor de edad, terminó perdiendo la mano producto de la explosión de una “rata blanca”.

Tras hacerse públicos los audios en los que varios docentes pactan apoyar a Porfirio Layme Cutipa, quien busca nombrarse en la Escuela Profesional de Educación Física de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), el Ministerio Público intervino en el concurso de cátedra de esta casa superior de estudios.

La fiscal especializada en Corrupción de Funcionarios, Vicky Reynoso Machaca, procedió a la suspensión de la clase modelo en dicho proceso de nombramiento, indicando que se iniciará una investigación exclusiva en la Escuela Profesional de Educación Física, por lo que este proceso se reprogramaría en el transcurso del presente año.

Al respecto, el vicerrector académico de la UNA, Rogelio Flores Franco, indicó que además de la suspensión de la clase modelo, los docentes de dicha escuela no participarán en el sorteo de jurado.

“Debido a las denuncias de medios de comunicación y de algunos postulantes, el acuerdo que se ha tomado entre la fiscalía y la Comisión del Concurso, es que se suspende el proceso en la EP de Educación Física, además que todos los docentes de esta escuela no participarán del sorteo de jurado para el resto de escuelas profesionales de esta facultad”, señaló.

Asimismo, indicó que este proceso pasará a un proceso investigatorio, tanto en la vía administrativa, a cargo del Tribunal de Honor de la UNA, como en la vía penal. “En función al fallo del Tribunal de Honor, nosotros volveremos a implementar este proceso”, señaló Flores Franco.

NULIDAD DE PROCESO
La Comisión permanente de Fiscalización del concurso de nombramiento, a su vez, pidió la nulidad de este proceso, debido a una serie de irregularidades, entre ellas el caso de este docente de educación física, Porfifio Layme Cutipa.

OTRAS ESCUELAS
En la EP de Educación Secundaria se presentaría una situación semejante, ya que cinco plazas que están en concurso ya tendrían “nombres y apellidos”.

En Educación Secundaria se buscaría favorecer a William Walker Mamani, quien es hermano del director de la carrera profesional de Educación Primaria.

Frente a estos hechos, el rector Porfirio Enríquez señaló que se convocaría a sesión de consejo universitario; sin embargo, esto no se concreta hasta ahora.

Juliaca. El paro de 72 horas continúa en la jurisdicción de la provincia de Melgar – Ayaviri, pese a algunos pronunciamientos de parte del Gobierno Central, específicamente del Ministerio del Ambiente, que remitió una carta.

En este documento se recuerda el proceso de diálogo desde el año 2016 a la actualidad, medidas administrativas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), plan de acción y el informe final de la mesa de trabajo.

Sin embargo, pese a este alcance de la instancia nacional, la población, a través de sus dirigentes, pide el cierre definitivo de la empresa Aruntani SAC, con su unidad minera Arasi, por el considerable daño ambiental que ha generado al medio ambiente.

En ese sentido, aseguraron que continuarán con la medida de fuerza, e incluso advirtieron que esta podría convertirse en una huelga indefinida. En la víspera, en tanto, continuaron los bloqueos en las vías de comunicación.

Pese a que el paro de 24 horas de carácter nacional de los trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), se cumplió el lunes 17 de diciembre, algunas sedes continuaron cerradas el día de ayer, perjudicando a las decenas de usuarios de la ciudad de Juliaca y otras localidades del norte de la región.

En la sede ubicada en el jirón Bracesco, del cono sur de la Ciudad de los Vientos, varias personas mostraron su queja al verse perjudicados por el trámite de recojo de DNI, inscripciones y otros.

Ellos refirieron que la medida de protesta solo estaba programa para el día lunes; sin embargo, los trabajadores alargaron su medida de lucha, perjudicando a los pobladores, algunos de los cuales incluso debían viajar a otras jurisdicciones.

“Estoy indignada porque tengo que matricular a mi hija de primer grado y es un requisito indispensable. Si voy sin partida, no me van a matricular. Ayer (lunes) he venido y he comprendido y me regresado a mi casa”, señaló una madre de familia.

La exigencia que tienen los trabajadores agremiados a la Federación Nacional de Trabajadores del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, es la reivindicación de sus derechos laborales, el cese a los Contratos Administrativos por Servicios (CAS) y otros.

Cabe indicar que en el primer día de huelga, los trabajadores realizaron protestas en los exteriores de su centro laboral. En la capital de la República se realizaron hasta movilizaciones rechazando el incumplimiento de pagos de remuneraciones, gratificaciones y retorno de trabajadores por disposición judicial.