A medida que avanza el juicio a Pedro Castillo, para ambas partes se hace más difícil defender sus posiciones, esto por una serie de inconsistencias que se hicieron más evidentes con los testimonios de policías y militares.
Escribe: j. Carlos flores vargas
El juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, iniciado el 4 de marzo de 2025 por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública por los cuales el Ministerio Público pide nada menos que 34 años de prisión, ha generado varios tropiezos de ambas partes. Las inconsistencias han aflorado a medida que los testigos prestan sus declaraciones.
DETENCIÓN
Los testimonios de los policías que participaron en la detención de Castillo el 7 de diciembre de 2022 permitieron establecer que, el entonces presidente fue detenido a la 1:42 de la tarde siendo aún presidente y, por lo tanto, gozaba de inmunidad presidencial.
Además, los efectivos policiales no pudieron mencionar una orden judicial que ordene detener al presidente, por lo tanto, la intervención al chotano no siguió el trámite obligatorio.
Existen varios procesos penales que se caen por alguna acta mal hecha o alguna otra irregularidad. El abogado Guillermo Olivera explicó que la defensa debería pedir la nulidad de todos los actos.
SIN ORDEN
La acusación de rebelión, basada en el artículo 346 del Código Penal, requiere un “alzamiento en armas” contra el orden constitucional, pero no hay evidencia clara de que esto haya ocurrido.
La Fiscalía sostiene que el mensaje televisado de Castillo constituyó un acto de rebelión al intentar disolver el Congreso.
Sin embargo, no se ha demostrado que Castillo haya ordenado o logrado un levantamiento armado.
Testimonios clave, como los de jefes de las Fuerzas Armadas (Manuel Gómez de la Torre y Walter Córdova), han confirmado que no recibieron instrucciones para actuar militarmente ni se preparó un alzamiento. Esta falta de acción concreta contradice la tipificación del delito.
¿NEUTRALIDAD?
La participación de la jueza Norma Carbajal ha sido cuestionada por presunto prejuzgamiento, afectando la imparcialidad del proceso.
En el análisis, Castillo y su defensa han denunciado que Carbajal adelantó opinión al afirmar que el delito de rebelión no requiere violencia física, lo que sugiere un sesgo previo.
En un comunicado en redes sociales, Castillo calificó el juicio como una “pantomima” y solicitó el cambio de la jueza, argumentando que su imparcialidad estaba comprometida.
Aunque el juez José Neyra Flores, titular de la sala, afirmó que “la imparcialidad está asegurada”, la negativa a recusar a Carbajal ha generado dudas sobre la objetividad del tribunal.
CONTRADICCIONES
Los testimonios presentados por la Fiscalía contienen contradicciones que debilitan la narrativa de una rebelión planificada.
La Fiscalía basa su caso en 75 documentos y testimonios de testigos como el general PNP Raúl Alfaro, quien afirmó que Castillo le ordenó cerrar el Congreso e intervenir la Fiscalía. Sin embargo, otros testigos, como el exministro Alejandro Salas, negaron haber apoyado un golpe, y los jefes militares confirmaron que no hubo órdenes operativas.
Además, los seis mensajes golpistas supuestamente preparados por Castillo no fueron firmados por ministros ni implementados, lo que cuestiona la existencia de una conspiración efectiva.
REPARACIÓN
La Procuraduría solicita 65 millones de soles (unos 17 millones de dólares) como reparación civil, pero no se ha justificado cómo se calcula este monto.
La cifra se basa en presuntos daños al Estado por la “perturbación de la tranquilidad pública”, pero no se ha detallado cómo se cuantifican estos perjuicios.
Castillo, en una audiencia, anunció irónicamente una “rifa” para pagarla, destacando lo desproporcionado del monto. La falta de transparencia en este cálculo refuerza la percepción de arbitrariedad.
El juicio de Pedro Castillo por rebelión presenta inconsistencias significativas en la tipificación del delito, el respeto al debido proceso, la imparcialidad judicial, la solidez de las pruebas y la proporcionalidad de las sanciones solicitadas.
Aunque el mensaje del 7 de diciembre de 2022 fue un acto inconstitucional, la falta de violencia armada, la detención sin antejuicio y las irregularidades procesales plantean dudas sobre la legitimidad de la acusación.
Estas falencias podrían derivar en una condena vulnerable a impugnaciones internacionales, prolongando la controversia en torno a este caso histórico.
Dato.
Durante la etapa de investigación fueron admitidas 65 pruebas documentales y la declaración de más de 69 testigos, mientras que, además de Pedro Castillo, otras cinco personas están siendo juzgadas por los mismos delitos.
Mas datos.
Este tres de abril una testigo proclamó la inocencia de Pedro Castillo y Aníbal Torres saltando por encima de lo dicho por la jueza de debates ante lo cual, le cortaron inmediatamente los micros y, por su parte, el fiscal del caso, pidió que esas palabras fueran quitadas del acta correspondiente.
