Escribe: Carlos Peña Julca
Los últimos sucesos de muertes a manos de sicarios o bandas organizadas a nivel nacional y particularmente en nuestra región Arequipa y la provincia de Camaná, sólo es un reflejo de lo que hace tiempo se viene denunciando, la inseguridad en la que vive la ciudadanía cada día. La ciudadanía no se siente protegida por las instituciones que deben luchar contra el crimen y las señalan como responsables de la situación que vive el país.
En este panorama se entiende que los peruanos desconfíen del Legislativo (92 %), del Ministerio del Interior (83 %), de la Fiscalía (78 %) y de la Policía (70 %).
El país vive amordazado por la criminalidad. Las balas y los explosivos van y vienen. Los crímenes son parte del día a día en este Perú desprotegido, cuyo Gobierno –en estado de negación y sin saber qué hacer desde el primer día de su gestión— ha resignado a sus ciudadanos a la inseguridad absoluta. Mientras, el país parece acostumbrarse a convivir a la fuerza con el sicariato y la extorsión que avanzan a paso firme con las leyes que aprueba el Congreso. En este complicado y sangriento escenario los peruanos apuntan a los culpables de este infeliz momento y consideran que, precisamente, la presidenta Dina Boluarte, con 56%, y el Legislativo, con 42%, son los principales responsables de los problemas de inseguridad que vive el país, según revela la última encuesta realizada por Ipsos.
También son referidos como responsables de la inseguridad la Policía Nacional (37%), los fiscales (32%), el Ministerio del Interior (29%), los jueces (29%) y los alcaldes (19%). Pero, debemos entender que la principal responsabilidad de la lucha contra el delito es del Gobierno y quien lo encabeza es la presidenta de la República. Si a esto se suma quienes señalan a la Policía y al Ministerio del Interior tenemos un paquete que da cuenta de que la principal responsabilidad es del Ejecutivo. Lo del Congreso tiene que ver con un conjunto de normas que se han dado a lo largo de estos años para protegerse a sí mismos en el tema de los delitos de corrupción, creando un conjunto de normas que terminan protegiendo a los propios delincuentes. La población está haciendo una muy buena lectura de lo que está pasando y tiene claro quiénes son los responsables de esta situación.
Los peruanos han identificado muy bien el real problema, porque es la Presidencia de la República la que elige de manera autónoma al ministro del Interior y quien coordina las políticas de seguridad ciudadana. Los peruanos perciben también que el Congreso no está aportando, normativamente hablando, en la lucha contra el crimen. Y sí, la ciudadanía es consciente de lo que pasa. La actuación de sus instituciones en medio de esta ola criminal parece haber decepcionado a los peruanos, indignados aún por una vergonzosa imagen que parece dar fe de cómo algunos malos policías permiten que los delincuentes operen con total impunidad y en otros casos son integrantes de bandas extorsionadoras.
Es por eso que la población desconfía ya de todo el sistema de la persecución del delito y eso es absolutamente peligroso. Los peruanos perciben que hay un sistema corrupto dentro de la Policía, que depende del Ministerio del Interior, y sienten que la Fiscalía no ha luchado contra la verdadera criminalidad, no ha concentrado sus esfuerzos realmente en aquellos delitos que afectan al común de los ciudadanos. Advierten que no existe un control de la criminalidad y esto es un problema gravísimo, pues las organizaciones criminales se van a ir multiplicando porque saben que no hay mano dura contra ellos. La población tiene una visión bastante más integral del problema que la que tiene el propio gobierno. Pero la primera cosa que la gente constata es la corrupción. Cuando las instituciones que tienen que hacer cumplir la ley trabajan para los delincuentes, la gente siente que en esa corrupción se explica por qué aumenta la criminalidad en el país.
La impunidad en este caso de la corrupción es lo que alienta el crimen. Y mientras la criminalidad se vuelve incontenible e inabordable y el miedo una manera de afrontar los días de terror, los peruanos se inclinan por un Gobierno que imponga mano dura para luchar contra este flagelo así sea a un alto costo. Por ahí pueden ganar alguito los candidatos a las próximas elecciones generales del 12 de abril de 2026.