La bancada de Fuerza Popular respaldó durante el actual quinquenio 36 leyes observadas por el Consejo Fiscal debido a su impacto sobre las finanzas del Estado. Una investigación de OjoPúblico señala que, de ese grupo, 16 normas representan un costo fiscal estimado en S/110.594 millones. La cifra supera ampliamente el presupuesto anual asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los sectores de Educación y Salud en conjunto.

El informe sostiene que las normas aprobadas comprometen recursos públicos por varios años. Entre ellas figuran el incremento de pensiones para personal militar y policial, así como el pago de bonificaciones por preparación de clases a docentes. Ambas iniciativas recibieron el respaldo de la bancada fujimorista pese a las observaciones realizadas por el Consejo Fiscal sobre la falta de financiamiento sostenible.

Tribunal Constitucional cambia el criterio sobre el gasto público

El debate adquirió un nuevo escenario luego de que el Tribunal Constitucional emitiera un fallo que limita la iniciativa de gasto del Congreso. La decisión establece que cualquier proyecto de ley que implique un gasto adicional deberá coordinarse previamente con el MEF e identificar expresamente la fuente de financiamiento.

El pronunciamiento revierte el criterio adoptado por el propio Tribunal en 2022, cuando permitió que el Parlamento aprobara normas con impacto presupuestal. El cambio se produjo tras resolver una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo contra la Ley 31232, relacionada con la reubicación de pobladores de Belén, en Loreto.

Según el fallo, las nuevas reglas se aplicarán a las futuras iniciativas legislativas y podrían abrir la posibilidad de cuestionar normas vigentes mediante procesos de inconstitucionalidad.

Especialistas advierten efectos sobre las finanzas públicas

Entre las leyes con mayor impacto económico figura el incremento de pensiones para militares y policías, con un costo estimado de S/14.851 millones. También destaca la bonificación especial para docentes por preparación de clases, cuyo impacto asciende a S/40.561 millones, de acuerdo con la investigación periodística.

Asimismo, la denominada «Ley Chlimper 2.0» amplía beneficios tributarios para empresas agroexportadoras y representa una menor recaudación estimada en S/1.888 millones por año. Otra norma redujo el Impuesto General a las Ventas para restaurantes y hoteles, generando una disminución en los ingresos del Estado entre 2022 y 2024.

Especialistas consultados por OjoPúblico consideran que el fallo del Tribunal Constitucional fortalece la disciplina fiscal al impedir que el Congreso apruebe nuevos gastos sin respaldo financiero. No obstante, advirtieron que las leyes ya vigentes seguirán produciendo efectos mientras no sean derogadas o declaradas inconstitucionales por el propio Tribunal.