La presidenta electa, Keiko Fujimori, ratificó su confianza en Marco Vinelli, jefe de su equipo de transferencia, pese a los cuestionamientos que enfrenta por una demanda civil presentada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y una investigación de la Fiscalía Anticorrupción. La declaración fue realizada durante una actividad pública junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo.

Fujimori evitó responder de manera directa sobre los procesos judiciales que involucran a Vinelli. En cambio, destacó su experiencia profesional y defendió su permanencia en el equipo de transferencia.

«Él ha aclarado estos procesos de investigación, pero yo aquí le ratifico mi confianza, porque es un profesional competente, que goza de integridad y, sobre todo, que conoce el sector, sobre todo de la agricultura en la cancha», manifestó la presidenta electa.

Procesos que enfrenta Marco Vinelli

Marco Vinelli mantiene una demanda civil por daños y perjuicios interpuesta por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. El proceso está relacionado con su gestión como director ejecutivo de Agro Rural entre los años 2015 y 2016.

Además, el economista es investigado por la Fiscalía Anticorrupción en un caso vinculado a un presunto delito contra la administración pública. Durante su declaración, Keiko Fujimori no ofreció detalles sobre estos procesos ni explicó las razones por las que considera que las observaciones ya fueron aclaradas Pese a los cuestionamientos, la presidenta electa reiteró que mantiene su respaldo al funcionario y resaltó su conocimiento del sector agrario.

Anuncia acciones frente al fenómeno El Niño

Las declaraciones fueron realizadas en una jornada dedicada a supervisar trabajos de prevención ante el fenómeno El Niño, junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo. Fujimori señaló que, una vez que asuma la Presidencia el próximo 28 de julio, realizará un diagnóstico de la maquinaria destinada a obras de prevención para determinar cuántos equipos pueden ser reactivados y cuántos deberán adquirirse.

Asimismo, indicó que evalúa ampliar los horarios de trabajo en las obras de prevención, con prioridad en las zonas del norte del país, consideradas las más expuestas a los efectos del fenómeno climático. Mientras tanto, la Municipalidad de Lima continúa ejecutando labores de descolmatación en los ríos Lurín, Chillón y Rímac como parte de las acciones preventivas ante posibles lluvias intensas.

Comuneros del distrito de El Cenepa, en la región Amazonas, denunciaron una presunta intervención violenta de la Policía Nacional del Perú durante un operativo realizado en la zona. Según los pobladores, los agentes descendieron de un helicóptero, efectuaron disparos y los acusaron de mantener vínculos con las organizaciones criminales ecuatorianas Los Lobos y Los Choneros, afirmaciones que rechazaron.

De acuerdo con el testimonio de los comuneros, pertenecientes al pueblo Awajún, la intervención dejó un comunero herido. Además, señalaron que algunos pobladores fueron obligados a arrodillarse mientras negaban las acusaciones formuladas por los efectivos policiales. Los dirigentes comunales anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue lo ocurrido y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Comuneros cuestionan operativo policial

El apu Saúl Yampis Kantua afirmó que los comuneros fueron objeto de amenazas y actos de humillación durante la intervención. Los pobladores sostienen que el operativo se desarrolló con un uso desproporcionado de la fuerza y solicitaron garantías para la protección de sus derechos.

Fuentes policiales señalaron que la intervención formó parte de acciones contra la minería ilegal. Sin embargo, los comuneros manifestaron que desarrollan sus actividades con los permisos otorgados por el Estado y cuestionaron la forma en que se ejecutó el operativo. Los pobladores solicitaron que las autoridades nacionales esclarezcan los hechos y garanticen el respeto a las comunidades indígenas de la zona.

Aidesep solicita investigación

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) expresó su preocupación por la intervención policial en la comunidad de Kumpanam, ubicada en el distrito de El Cenepa. En un pronunciamiento, la organización indicó que, según información preliminar y registros audiovisuales difundidos públicamente, el operativo habría implicado un uso desproporcionado de la fuerza que dejó un comunero herido.

Aidesep precisó que corresponde al Ministerio Público realizar una investigación objetiva para esclarecer las circunstancias de la intervención y determinar si existieron responsabilidades por el presunto uso de armas de fuego.

Asimismo, la organización sostuvo que la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales debe ejecutarse con respeto a los derechos humanos y conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza. También exhortó a la Policía Nacional a coordinar previamente con las autoridades comunales y evitar intervenciones violentas o arbitrarias en territorios indígenas.

El Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa condenó a Carlos Belén Huaylla Álvarez a cadena perpetua. El tribunal valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público y determinó su responsabilidad en el abuso sexual cometido contra una menor en el distrito de Hunter.

En febrero de 2021, Huaylla utilizó un perfil falso de Facebook para contactar a la adolescente. Tras ganarse su confianza, la citó en un inmueble frente a la vivienda de la víctima, donde la agredió en dos oportunidades. El 27 de enero de este año volvió a buscarla y la citó en terrenos de cultivo de la urbanización Santa Mónica. Allí realizó tocamientos indebidos, pero fue intervenido por la Policía gracias a la alerta de la madre de la menor.

Antecedentes judiciales

El caso generó indignación porque pudo evitarse. En julio de 2019, Huaylla fue detenido por detectives de la Divincri tras abusar de una niña de 12 años, a quien también captó mediante redes sociales. La trasladó desde Paucarpata hasta Hunter, donde la agredió en una vivienda.

En 2021 fue condenado a cadena perpetua por ese delito. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado de Cerro Colorado – Camaná lo absolvió alegando dudas sobre los hechos. La víctima, afectada por el ataque, terminó quitándose la vida.

La sentencia actual establece que Huaylla permanecerá en prisión de por vida. El fallo busca reparar parcialmente el daño causado y enviar un mensaje de firmeza frente a los delitos sexuales contra menores en la región.