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Sindicato denuncia hostigamiento y favoritismo laboral en San Román

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La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Empleados y Obreros de San Román, Yolanda Coila Monteagudo, denunció presuntos actos de hostigamiento laboral y favoritismo hacia algunas trabajadoras del área de limpieza municipal. La dirigente cuestionó la gestión del personal y pidió mayor transparencia en el manejo de la administración.

Según Coila Monteagudo, el gerente Arturo Oroz Bocángel habría promovido la conformación de un nuevo sindicato integrado por un grupo de trabajadoras de limpieza. De acuerdo con la dirigente, esta organización estaría vinculada a la gerencia municipal.

La representante sindical señaló que algunas integrantes de ese grupo se dedicarían a desprestigiar a la trabajadora Basilia Sucari. La empleada habría denunciado recientemente actos de hostigamiento laboral en su contra.

Cuestionamientos al control de asistencia

La dirigente también expresó preocupación por el manejo del control de asistencia del personal. Indicó que algunas trabajadoras vinculadas al sindicato del gerente no registrarían su ingreso en el sistema biométrico. Según afirmó, en lugar de usar el control digital, sus asistencias serían anotadas manualmente por una supervisora. Esta situación, sostuvo, genera dudas sobre la transparencia en el control del personal.

Además, denunció que algunas empleadas solicitarían permisos reiterados durante su jornada laboral. Pese a ello, recibirían el pago completo de sus sueldos. “Lamentamos que el mismo gerente tenga favoritismos”, manifestó la dirigente sindical al referirse a las presuntas irregularidades dentro de la gestión.

Cuestionan despido de extrabajadora

Coila Monteagudo también recordó el caso de Efracia Mamani, extrabajadora del área de limpieza que fue despedida al cumplir 70 años. Según indicó, el retiro se produjo sin una justificación clara.

La dirigente consideró que la decisión habría sido injusta, ya que existen otros trabajadores de la misma edad que continúan laborando dentro de la municipalidad. En ese sentido, calificó el caso como un posible acto de discriminación.

Asimismo, señaló que a la extrabajadora no se le habrían pagado sus beneficios laborales tras el despido.

Piden intervención de autoridades

La secretaria general del sindicato también cuestionó la falta de pronunciamiento del alcalde de San Román frente a las denuncias presentadas por las trabajadoras.

Indicó que varias empleadas habrían reportado situaciones de hostigamiento laboral dentro del área de limpieza municipal. Sin embargo, sostuvo que hasta el momento no se habrían tomado medidas concretas.

Finalmente, la dirigente exigió respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y solicitó que las autoridades municipales investiguen las denuncias. También pidió que se garantice un trato equitativo para todo el personal.

Cae presunto delincuente tras persecución por robar una motocicleta

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Redacción: Jessimiel Rosas

Un presunto delincuente fue capturado por ciudadanos con apoyo de personal de serenazgo tras una persecución registrada durante la madrugada en la ciudad de Juliaca. El sujeto es investigado por su presunta participación en el robo de una motocicleta ocurrido en inmediaciones del jirón Caracoto.

Según el testimonio del propietario del vehículo, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada. Dos personas, un varón y una mujer, abordaron la motocicleta como pasajeros. Minutos después, la unidad no regresó, lo que generó sospechas en el conductor.

El propietario intentó comunicarse con los pasajeros, pero no obtuvo respuesta. Ante esta situación, decidió iniciar la búsqueda del vehículo por diferentes sectores de la ciudad.

Búsqueda y persecución en el robo de motocicleta

Durante las investigaciones, el conductor recibió información de que la motocicleta había sido vista por la zona de Sedapuno. Con esos datos continuó con el rastreo en compañía de otras personas. Posteriormente, el vehículo fue ubicado cerca del terminal terrestre de Juliaca. En ese lugar se alertó al personal de serenazgo y se inició una persecución para recuperar la unidad.

El conductor de la motocicleta intentó escapar al notar la presencia de los ciudadanos y del personal de seguridad municipal. Sin embargo, fue cercado a pocos metros y finalmente reducido. Vecinos de la zona ayudaron a retener al sospechoso mientras llegaban las autoridades. La intervención permitió recuperar la motocicleta sustraída horas antes.

Investigaciones en curso

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, dos personas habrían participado en el robo del vehículo. Sin embargo, solo uno de los presuntos implicados fue capturado durante la intervención. El segundo sospechoso logró escapar del lugar. Según la víctima, la persona que huyó se llevó una billetera y un teléfono celular.

El detenido fue retenido por ciudadanos hasta la llegada de agentes de la Policía Nacional del Perú. Los efectivos realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron al intervenido para continuar con las investigaciones. Las autoridades buscan determinar la participación del sospechoso en el robo y la identidad de su cómplice. La Policía continuará con las indagaciones para esclarecer los hechos.

Capacitan a líderes de rondas campesinas en Puno

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Redacción: Jessimiel Rosas

Líderes de las rondas campesinas de la provincia de Puno participan en la primera Escuela de Rondas Campesinas, un espacio de formación orientado a fortalecer sus capacidades organizativas y su conocimiento sobre justicia comunal. El 8 de marzo se desarrolló la séptima sesión de capacitación, con la participación del consultor nacional y rondero Sabino Soncco Mamani.

La actividad forma parte de un programa de doce sesiones dirigidas a representantes ronderos de distintos distritos. El objetivo es reforzar sus habilidades de liderazgo, ampliar su conocimiento sobre la normativa que respalda a las rondas y mejorar su capacidad de comunicación dentro de sus comunidades.

Jacinto Ticona Huamán, integrante de la primera Escuela de Rondas Campesinas, explicó que al finalizar el proceso de capacitación los participantes estarán en condiciones de replicar los conocimientos adquiridos en sus localidades. De esta manera se busca fortalecer la organización rondera y mejorar la conducción de las bases comunales.

Formación en justicia comunitaria

Durante el proceso de capacitación se han desarrollado diversos temas vinculados al funcionamiento y el marco legal de las rondas campesinas. Entre ellos destacan la introducción a la organización rondera, la justicia comunitaria en el proceso histórico y su reconocimiento en la Constitución Política de 1993.

También se abordaron contenidos relacionados con la Ley de Rondas Campesinas y la jurisdicción de los pueblos originarios en el marco de los tratados internacionales. En la última sesión se trató el tema denominado “Encuentro de rondas”, orientado a fortalecer la articulación entre organizaciones ronderas.

Los organizadores consideran que la formación permitirá que los dirigentes comprendan mejor sus funciones, así como el rol que cumplen en la administración de justicia comunal y la seguridad en las comunidades rurales.

Tres décadas de presencia de rondas campesinas

Las rondas campesinas tienen una trayectoria de aproximadamente 30 años en la región Puno. Según recordó Ticona Huamán, su organización comenzó en la provincia de Carabaya y posteriormente se extendió hacia otras zonas de la región. En la provincia de Puno, las rondas están presentes en distritos como Acora, Huata, Coata, Pichacani, Tiquillaca, Mañazo y San Antonio de Esquilache, entre otros. En total, la organización se encuentra activa en diez distritos.

Actualmente, las rondas campesinas de esta jurisdicción cuentan con la participación de 1,556 ronderos. Estas organizaciones cumplen funciones vinculadas a la seguridad comunal, la resolución de conflictos y la vigilancia en zonas rurales. La escuela de capacitación busca contribuir al fortalecimiento institucional de las rondas y a la continuidad de su trabajo en las comunidades de la región.

Vladimiro Montesinos asesora al PRIN desde la Base Naval para las Elecciones 2026

Redacción: Yudith Veronica Taco Huallpa

El exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, vuelve a situarse en el centro del debate político peruano. Según su abogada Rocío Chávez, Montesinos ha estado trabajando durante aproximadamente un año en la elaboración del plan de gobierno del Partido Regionalista de Integración Nacional (PRIN), cuyo candidato presidencial es Walter Gilmer Chirinos Purizaga, para las elecciones generales de 2026.

Chávez indicó que Montesinos se ha enfocado en propuestas relacionadas con seguridad, defensa nacional e internacional, y ha puesto este material a disposición del PRIN desde su lugar de reclusión en la Base Naval del Callao. “Como todo hombre de inteligencia, lo primero que quisiera hacer desde donde esté es erradicar la criminalidad; él sabe y tiene los medios de inteligencia necesarios para poder derrotar y acabar con la criminalidad”, afirmó la abogada. Según sus declaraciones, Montesinos mantiene plena lucidez, aunque con algunas afecciones propias de su edad y del encierro, y dedica su tiempo a leer y escribir.

La participación de Montesinos en el proyecto del PRIN ha generado controversia. El candidato al Senado por el mismo partido, Quio Marcial Salinas Flores, calificó al exasesor de Fujimori como “el mejor de los mejores” para combatir la criminalidad. La propuesta central, bajo su supuesta guía, incluye la aplicación del Artículo 137 de la Constitución para fusionar el trabajo de la Policía y el Ejército, además de reformas drásticas contra el crimen organizado.

Sin embargo, la oposición ha cuestionado esta relación. Karol Paredes Fonseca, candidata al Senado por Avanza País, calificó de contradictorio que un partido que busca luchar contra la corrupción cuente con la asesoría de una persona sentenciada por delitos graves que afectaron la estabilidad del país. A pesar de las críticas, el PRIN, fundado hace seis años en Puno, mantiene su plan de presentar una agenda centrada en seguridad y combate al crimen bajo el liderazgo de Walter Chirinos, con Montesinos como supuesto estratega detrás del proyecto.

Montesinos vuelve así a generar titulares, esta vez no por sus condenas, cumplirá prisión hasta 2037 por el caso Pativilca; sino por su influencia en la política electoral desde la Base Naval, en medio de un panorama preelectoral que promete debates y controversias sobre ética, legalidad y seguridad ciudadana.

Minjus advierte que la especulación con el GLP puede ser penada con hasta 8 años de prisión

Redacción: Yudith Veronica Taco Huallpa

El Ministerio de Justicia (Minjus) emitió una advertencia a productores, distribuidores y comerciantes sobre la especulación con el Gas Licuado de Petróleo (GLP), tras el incremento de precios que se registra en Lima y otras regiones debido a la escasez temporal de Gas Natural Vehicular (GNV). La cartera recordó que este tipo de conductas se tipifica como delito según el artículo 234 del Código Penal, que castiga a quienes aumenten injustificadamente el costo de bienes esenciales aprovechando situaciones de emergencia, crisis económicas o escasez.

Según el Minjus, la pena por especulación va de 2 a 6 años de prisión, y puede alcanzar hasta 8 años si el delito ocurre durante un estado de emergencia. Además, la concertación de precios entre empresas también está prohibida y es investigada por Indecopi, que puede imponer multas de hasta el 12 % de los ingresos anuales de la empresa y sanciones a sus directivos. El objetivo de estas medidas es proteger el abastecimiento y evitar que la población sea afectada por incrementos injustificados.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló que no existe desabastecimiento de GLP en el país y pidió a los comercializadores evitar la especulación. “Hay GLP de sobra, no hay motivo para especular. A veces cuando se forma en el colectivo una idea de que va a escasear empieza la especulación, pero la gente puede evidenciar que hay GLP«, indicó. Las autoridades instan a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de alza injustificada, garantizando que la producción y distribución del GLP se mantenga estable en todo el país.

Horror en Lima: Mujer es descuartizada y presunto feminicida intentó desaparecer el cuerpo con moledora

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Redacción: Yudith Veronica Taco Huallpa

La Policía Nacional del Perú capturó a José Alejandro Romero Durán, de 29 años, como presunto autor del brutal feminicidio de su pareja, Beatriz Carolina Huampiri Borda, de 30 años, madre de sus dos hijos menores. El caso ocurrió en un departamento del distrito de La Victoria y ha conmocionado a toda la comunidad por la violencia extrema del crimen. Según las investigaciones preliminares, Romero Durán habría asesinado y descuartizado a la víctima con la intención de desaparecer su cuerpo utilizando una moledora de carne que había adquirido recientemente.

El hallazgo se produjo luego de que vecinos alertaran a la comisaría de San Cosme sobre fuertes olores nauseabundos provenientes del departamento. Al ingresar al inmueble, los agentes encontraron los restos de la víctima en el baño, mientras los hijos de cuatro y siete años estaban en una habitación contigua, ajenos a lo que ocurría. Romero Durán fue detenido en flagrancia en menos de 24 horas, evitando que lograra eliminar toda evidencia. La policía incautó la moledora y una caja que, según las investigaciones, habría sido utilizada para transportar los restos.

El coronel Gastón Alzamora, jefe de la investigación, indicó que durante la intervención, el presunto feminicida permaneció en silencio y no opuso resistencia. Las autoridades resaltaron la rapidez de la acción policial, que permitió preservar pruebas clave y asegurar al detenido mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Según los antecedentes reportados por la policía, la relación de la pareja estuvo marcada por episodios de violencia. En 2022, Romero Durán denunció a la víctima por lesiones con arma blanca, lo que evidencia un historial de conflictos previos. Familiares de ambos indicaron que la convivencia fue complicada durante los diez años que compartieron, periodo en el que nacieron sus dos hijos.

Tras la detención, los menores quedaron bajo custodia policial mientras las autoridades determinan quién asumirá su cuidado permanente. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) interviene para brindar atención psicológica especializada a los niños y acompañamiento legal durante el proceso de toma de declaraciones. La Unidad de Protección Especial también ha sido notificada para garantizar la seguridad de los menores.

Mientras la policía continúa con las investigaciones y el Ministerio Público recopila pruebas, Romero Durán permanece detenido a la espera de la formalización de cargos.

Arequipa: Olvidados a su suerte

Redacción: Carmen Meza Tiga

A seis años de la Covid, 15 cadáveres enterrados en Culebrillas están abandonados sin que las autoridades asuman sus responsabilidades.

La pandemia dejó mucho dolor y secuelas en los peruanos; sin embargo, en Arequipa la inclemencia del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) no tuvo límites, pues hace casi seis años mantiene en total abandono a los 15 finados que fueron enterrados en el cementerio que habilitaron en el sector de Culebrillas, jurisdicción del distrito de Uchumayo.

La entidad en el año 2020 realizó un proyecto que contempló la construcción de un cerco y algunas oficinas. Quince personas fueron enterradas en este lugar.

La intención era habilitar un camposanto, pero en agosto del mismo año el Juzgado Constitucional de Arequipa ordenó paralizar las obras porque hubo una demanda del Municipio de Uchumayo, el Colegio de Turismo y las asociaciones de Turismo y Gastronomía, quienes alegaron que se afectaba un sitio arqueológico considerado Patrimonio Cultural de la Nación.

Con esta disposición quedó claro que el cementerio no podría recibir más finados. A pesar de ello, por algún tiempo conservaron en el lugar a un guardián que poco después fue retirado. Luego personas inescrupulosas comenzaron a saquear los ambientes llevándose puertas, ventanas y todo lo que les pudiera servir.

Solo quedaron en medio de la tierra las tumbas con cruces de madera que les colocaron al momento de ser enterrados, sin seguridad y expuestos a que sean exhumados para luego ser comercializados.

ARCHIVO

Si bien es cierto pasaron más de cinco años desde que los cuerpos llegaron al sector de Culebrillas, hay una persona que tiene muy presente a esas personas. Se trata de la entonces administradora de dicho camposanto, Margarita Villavicencio Ayala, quien recordó que fueron 15 los enterrados en este lugar.

Algunos eran adultos mayores que llegaron desde los asilos de ancianos y solo hubo dos personas N.N.

“Eran del hospital Honorio Delgado, del Hogar Jesús El Buen Pastor que está en la avenida Jesús y también había del asilo Lira y otros de las funerarias”, comentó.

Casi todos tenían familiares, pero al ser de escasos recursos económicos no tenían cómo enterrarlos, por eso optaron por Culebrillas donde el GRA entregaba los ataúdes y realizaba el entierro sin hacer ningún cobro.

“Nuestro primer entierro fue el Día del Maestro del 2020, nadie quería hacerse cargo y me dieron la encargatura para ver la parte legal porque tengo experiencia para dicho trabajo. Estuve en el cargo desde julio a diciembre del 2020”, detalló.

El registro de estos finados estuvo a cargo de la Subgerencia de Personas con Discapacidad que dependía de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del GRA, donde crearon el área encargada de la administración del camposanto.

Villavicencio recuerda claramente que todos los finados tienen sus certificados de defunción y que se cumplió con los requisitos previos a los entierros.

“Todavía no le han dado solución al abandono de cadáveres. De una vez eso se tiene que hablar con la Fiscalía porque ellos son los únicos que tienen la potestad de manejar los cadáveres”, recomendó.

RESPONSABLES

La infraestructura es un proyecto ejecutado por el GRA cuando estuvo de gobernador Elmer Cáceres Llica, por lo tanto es la primera entidad que debería asumir la responsabilidad de ver la situación de los 15 finados.

Sin embargo, al consultar ello al actual gobernador Rohel Sánchez Sánchez, indicó que no realizarán ninguna intervención.

“Como gobierno regional nosotros no tenemos en este momento ningún plan de intervención porque se estaba coordinando eso con otras dependencias”, señaló.

Quien también tendría que efectuar alguna intervención sería el municipio distrital de Uchumayo puesto que el cementerio está en su jurisdicción.

Al respecto, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa y especialista en temas municipales, Jorge Sumari, indicó que gran parte de la responsabilidad de la situación de los finados es del municipio.

“Es el responsable principal porque controla, administra y dispone el uso de un cementerio”, explicó.

DATO: La información de los finados está en manos del GRA hace varios años sin que la entidad haya realizado los trámites necesarios para que puedan ser parte del registro de alguna municipalidad como corresponde legalmente.

CIFRA: 6 años han transcurrido desde que se identificó el primer paciente con Covid-19 y desde esa fecha los finados que fueron llevados a Culebrillas siguen en el lugar donde ahora ni siquiera hay seguridad.

Uno de cada cuatro colegios de Arequipa con daños

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Redacción: Jean Frisancho

El inicio del año escolar 2026, previsto para el 16 de marzo, enfrenta dificultades tras las intensas lluvias. Unos 335 locales educativos resultaron afectados, comprometiendo las condiciones de estudio de más de 58 mil estudiantes en la región.

A pocos días del inicio del año escolar 2026, previsto para el 16 de marzo, el sistema educativo de la región Arequipa enfrenta una situación compleja debido a los daños ocasionados por las intensas lluvias registradas durante las últimas semanas. Un diagnóstico elaborado por la Gerencia Regional de Educación de Arequipa revela que la región cuenta con 1,441 locales educativos, de los cuales 335 han sido afectados por precipitaciones, inundaciones y filtraciones, lo que representa cerca de una cuarta parte de la infraestructura educativa regional.

DAÑOS EN COLEGIOS

El informe técnico advierte que el impacto no solo se refleja en la infraestructura, sino también en la población estudiantil. Según las evaluaciones realizadas por la gerencia regional, 58,234 estudiantes pertenecen a instituciones educativas que presentan algún nivel de afectación, lo que obliga a las autoridades a tomar medidas urgentes para garantizar el desarrollo del año escolar en condiciones seguras.

La mayor afectación se concentra en la jurisdicción de la UGEL Arequipa Norte, donde 148 colegios resultaron dañados, afectando a 27,331 estudiantes. Le sigue la UGEL Arequipa Sur con 79 instituciones educativas afectadas y 22,116 alumnos perjudicados.

En la UGEL Caylloma se reportan 51 colegios con daños, con un impacto en 3,023 estudiantes, mientras que en la UGEL La Joya se registran 22 instituciones educativas afectadas, lo que compromete la continuidad educativa de 2,938 escolares.

En otras jurisdicciones el número de instituciones dañadas es menor, aunque también impacta a la comunidad escolar. La UGEL Castilla reporta 18 colegios afectados y 1,134 estudiantes perjudicados, mientras que en la UGEL Condesuyos se contabilizan 9 instituciones educativas dañadas con 1,044 alumnos afectados.

En la UGEL La Unión se registran 6 colegios con daños y 330 estudiantes perjudicados. Finalmente, la UGEL Caravelí y la UGEL Islay presentan un colegio afectado cada una, con 33 y 285 estudiantes impactados respectivamente. Solo la UGEL Camaná no ha reportado daños hasta el momento.

NIVEL DE AFECTACIÓN

Las evaluaciones realizadas por especialistas del sector Educación permitieron clasificar el nivel de afectación de los colegios. El diagnóstico establece que 104 instituciones educativas presentan daños graves, lo que significa que requieren trabajos de reconstrucción o intervenciones estructurales profundas.

Asimismo, 176 colegios registran daños moderados, que demandan rehabilitación y reparaciones importantes, mientras que 55 planteles presentan daños leves, los cuales pueden solucionarse mediante trabajos de mantenimiento, limpieza y refuerzo de infraestructura.

El gerente regional de Educación, Marco Choque, explicó que las evaluaciones se realizaron en coordinación con autoridades locales y equipos técnicos de gestión de riesgos, y que los resultados fueron presentados ante las instancias regionales encargadas de atender emergencias.

El funcionario señaló que la prioridad del sector es garantizar la continuidad del servicio educativo pese a los daños registrados en varios planteles.

“Las instituciones que presentan daño grave requieren trabajos de reconstrucción o intervenciones mayores. Mientras se ejecutan estas obras, estamos gestionando la instalación de aulas prefabricadas para asegurar que los estudiantes puedan continuar sus clases sin interrupciones”, indicó durante la presentación del informe.

MEDIDAS URGENTES

Como parte de las medidas para enfrentar la emergencia educativa, la Gerencia Regional de Educación ha solicitado la instalación de 140 aulas prefabricadas, cada una valorizada aproximadamente en S/ 90 mil, lo que representa una inversión cercana a los S/ 12.6 millones.

Estos módulos permitirían habilitar espacios temporales para los estudiantes de colegios que presentan daños estructurales severos mientras se ejecutan las obras de rehabilitación o reconstrucción necesarias.

El informe también incluye un conjunto de intervenciones destinadas a reparar y mejorar la infraestructura educativa afectada por las lluvias. Entre ellas se encuentra la impermeabilización de 168 mil metros cuadrados de techos escolares, una intervención estimada en S/ 16.8 millones, así como la reparación de 84 mil metros lineales de drenaje pluvial, trabajos valorizados en unos S/ 2.1 millones para evitar futuras filtraciones o acumulaciones de agua en los planteles.

Las reparaciones estructurales contemplan además la recuperación de 336 mil metros cuadrados de pisos y paredes dañadas, con una inversión proyectada de S/ 50.4 millones, así como la rehabilitación de 340 baterías sanitarias, cuyo costo se estima en S/ 4.08 millones. A ello se suma la reparación de 17 mil puntos de instalaciones eléctricas, necesarios para restablecer el funcionamiento adecuado de las instituciones educativas.

El documento técnico también señala la necesidad de ejecutar labores de limpieza y recuperación de espacios escolares antes del inicio de clases. Entre estas acciones se encuentra la remoción de más de 58 mil metros cúbicos de escombros, trabajos valorizados en más de S/ 10 millones, así como la distribución de kits de limpieza, equipos de protección personal y labores de fumigación y desinfección para garantizar condiciones sanitarias adecuadas en los colegios antes del retorno de los estudiantes.

Ante este escenario, la gerencia regional mantiene coordinaciones con el Ministerio de Educación para acelerar la atención de la emergencia y garantizar que el año escolar pueda iniciarse sin mayores retrasos. Según las autoridades educativas, las próximas semanas serán clave para ejecutar las intervenciones urgentes y asegurar que miles de estudiantes puedan volver a las aulas en condiciones seguras.

Choque Manrique señaló que los mayores daños se concentran en distritos de la ciudad. Precisó que la zona más afectada es la UGEL Arequipa Norte, que abarca distritos como Yanahuara, Cayma, Cerro Colorado y Yura, donde se registran los mayores daños en colegios; también se reportan afectaciones en la UGEL Arequipa Sur.

Asimismo, indicó que continúan las evaluaciones técnicas en los planteles con mayores afectaciones.

“En lo que respecta a la educación pública se va a tener que hacer una evaluación técnica para ver qué lugares tienen mayor daño y que obviamente tengan todavía condiciones de riesgo para los estudiantes”, afirmó.

DATO: Mientras tanto, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por 40 días contra el gobernador Rohel Sánchez por la presunta omisión de funciones ante el riesgo estructural de la I. E. Julio C. Tello, que aún no ha sido intervenido y pone en peligro a 417 estudiantes.

CIFRA: 412 mil estudiantes de colegios públicos retornarán a clases en 8 días. El año escolar iniciará con normalidad, aunque 4 colegios en la provincia y menos de 10 en la región aún son evaluados por daños.

Política: Las «Caries» de Ramiro Díaz Tupa

Redacción: Reynaldo Puma

Odontólogo quiere ser senador, pero en su prontuario acumula 30 procesos judiciales y una maestría en Estomatología que no aparece por ningún lado. Se confiesa admirador de Carlos Álvarez y cree que la campaña es una fiesta.

Ramiro Díaz Tupa, candidato al Senado con el N.° 1 por el partido País para Todos, acumula 30 procesos judiciales pendientes desde 2011 y habría declarado falsamente poseer un grado de magíster en estomatología ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) no registra dicho título, lo que genera dudas sobre su transparencia y capacidad para representar a la región Puno en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

INCONSISTENCIAS

Díaz Tupa habría asegurado en su hoja de vida haber obtenido un grado de magíster en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez en 2016. Sin embargo, Sunedu no tiene registro de este grado académico. Ante las consultas, el candidato atribuyó el error a “fallas administrativas” de la referida casa de estudios, pero no presentó pruebas documentales que respalden su afirmación.

El candidato también omitió declarar bienes inmuebles en su hoja de vida. Solo registró dos vehículos valorizados en S/ 7 mil y declaró ingresos anuales de S/ 18 mil. Alegó residir en una vivienda heredada de su madre, pero no figura como propietario de ningún inmueble.

PROCESOS PENDIENTES

Desde 2011, Díaz Tupa figura como imputado en 30 procesos judiciales, la mayoría en investigación preparatoria. Aunque no tiene sentencias, su historial legal plantea interrogantes sobre su idoneidad ética y moral. El JNE no excluye a candidatos con procesos abiertos, pero la omisión de información en su declaración jurada podría ser motivo de revisión.

La población observa estas condiciones del candidato político, debido a que los diferentes aspirantes justifican su situación legal argumentando que “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”. Sin embargo, expertos señalan que la acumulación de denuncias refleja un patrón de conducta que merece escrutinio público, especialmente en un contexto electoral.

TRAYECTORIA

Díaz Tupa se presenta como cirujano dentista y exmilitar de las Fuerzas Especiales de la Fuerza Aérea del Perú. Destacó su participación en protestas como la “Toma de Lima” en 2023, donde se movilizó junto a dirigentes de San Román y Túpac Amaru. Prometió ser un senador “con agallas” para representar los reclamos históricos de Puno.

Su discurso enfatiza la lucha contra la desigualdad y la necesidad de “pacificar el país” mediante reformas legales. Propuso salir temporalmente del Pacto de San José para endurecer las penas contra la delincuencia, una medida que generó polémica entre analistas por su posible impacto en derechos humanos.

VÍNCULOS POLÍTICOS

Díaz Tupa eligió al partido País para Todos tras ser rechazado por agrupaciones de izquierda y derecha. Su fórmula presidencial está encabezada por Carlos Álvarez, excomediante vinculado al fujimorismo, lo que generó críticas en Puno, región con histórico rechazo a ese sector político. Díaz Tupa minimizó la conexión: “Álvarez renunció a su pasado; ahora es un ciudadano común”.

Sin embargo, Álvarez fue contratado durante el gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000 para realizar programas de humor que ridiculizaban a opositores del régimen fujimontesinista. Díaz Tupa defendió su postura: “El país no lo gobernará Álvarez, sino el Senado”, una afirmación que generó escepticismo, dado que el Congreso no tiene facultades para remover presidentes sin causa justificada.

PROPUESTAS CLAVE

Díaz Tupa prometió impulsar la creación de 100 universidades públicas con presupuesto estatal, revertir el cierre de instituciones educativas y promover una “equidad salarial” entre regiones. También propuso reformar la Constitución para limitar el poder del Poder Judicial, al que acusó de “abusivo”.

Criticó a líderes como Alan García y Fujimori por “perder 31 años” de desarrollo nacional. Su plan incluye priorizar la inversión en Puno, región que, según él, “es la más rica del Perú” por su actividad comercial y cultural.

CONTEXTO ELECTORAL

En una entrevista para el Diario Los Andes, Díaz Tupa evitó responder directamente sobre las acusaciones en su contra. “No puedo caer en provocaciones”, dijo, aunque en un primer momento negó tener acusaciones judiciales; sin embargo, al investigar su historial judicial, se expusieron estos casos en proceso.

Analistas advierten que su falta de claridad en temas clave, como su grado académico y sus vínculos partidarios, debilita su credibilidad.

La población de Puno mostró divisiones. Mientras algunos lo respaldan por su activismo, otros cuestionan su capacidad para legislar. “Muchos me dicen: ‘Voto por ti, pero no por tu presidente’”, admitió. Su respuesta fue clara: “La democracia es elegir, aunque no compartamos todo”.

INCERTIDUMBRE

Díaz Tupa compite en un escenario marcado por la desconfianza. Seis candidatos fueron excluidos por omitir información en sus hojas de vida, incluyendo a Sabino Guarzaia y Román Machaca. El JNE archivó otros casos, como el de Marco Larry Rukra, pero mantendrá bajo observación a quienes enfrenten apelaciones.

El candidato cerró su participación invitando a los electores a “votar con conciencia”. “Puno está politizado; esta vez sabrá elegir”, aseguró. Sin embargo, su falta de detalles concretos sobre cómo implementará sus propuestas dejó más preguntas que respuestas.

OTROS CASOS

Ramiro Díaz Tupa no es el único candidato con procesos pendientes en el Ministerio Público. Son 78 candidatos que registran procesos judiciales dentro de la jurisdicción de la Corte Superior de Justicia de Puno. De los 245 candidatos de la región, 78 tienen procesos pendientes y 177 no registran procesos.

DATO: Exmilitar y dirigente en protestas como la “Toma de Lima 2023”, Ramiro Díaz Tupa propone salir del Pacto de San José para endurecer penas, crear 100 universidades públicas con presupuesto estatal y reactivar las instituciones cerradas.

CIFRA: 30 procesos judiciales y S/ 18,000 de ingresos anuales: candidato al Senado con magíster no registrado en Sunedu y sin propiedades a su nombre enfrenta escrutinio en Puno.

Energía: Crisis desde afuera y fallas desde adentro

Redacción: J. Carlos Flores Vargas

Petroperú boicoteada, el gas en manos de negociantes internacionales, fallas en ductos, una inminente subida mundial de los combustibles y un “Estado zombi” configuran el actual panorama energético del Perú.

El sistema energético peruano quedó en evidencia tras la falla de un solo ducto. Ante ello, el exviceministro de Energía, Pedro Gamio, recordó que “hace más de diez años se recomendó contar con un gasoducto redundante que sirviera de respaldo, pero esa medida nunca se concretó”. Esta situación convierte cualquier falla localizada en una crisis nacional que paraliza el transporte, encarece la electricidad y afecta a millones de hogares e industrias.

La falta de un sistema alternativo obliga a utilizar diésel, un combustible más costoso, y revela la ausencia de una planificación energética de largo plazo que incluya una mayor diversificación hacia fuentes renovables. Para los especialistas, no se trata de un accidente aislado, sino del resultado de años sin una política energética clara.

EL GAS

La dependencia del gas natural en el Perú es extrema. Casi el 100 % de la producción nacional proviene del Proyecto Camisea (lotes 88, 56 y 57 en el Bajo Urubamba, Cusco), que genera entre el 40 % y 45 % de toda la electricidad del país.

Además, abastece a más de 2,4 millones de hogares conectados por red (80 % en Lima y Callao), a 493 mil vehículos que utilizan GNV (15 % del parque automotor, principalmente taxis y buses), a miles de industrias; vidrio, cemento, alimentos, textil y farmacéutica, y produce cerca del 70 % del GLP nacional que llega en balones a millones de peruanos.

Todo este sistema depende de un solo gasoducto de 880 kilómetros, operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP), un corredor único sin rutas alternativas. Esto convierte al país en un caso claro de vulnerabilidad energética.

COMBUSTIBLE

Los combustibles líquidos (gasolina regular, premium y diésel), se mantienen entre los más caros de Latinoamérica a inicios de 2026. El precio promedio alcanza entre US$ 1,20 y US$ 1,23 por litro de gasolina (aproximadamente US$ 4,55 a US$ 4,65 por galón) y US$ 1,17 por litro de diésel, según datos de Global Petrol Prices, Trading Economics y reportes de Osinergmin de marzo de 2026.

Con estos valores, el Perú se ubica entre el cuarto y quinto país con los combustibles más caros de Sudamérica.

PETROPERÚ

Especialistas advierten que el boicot comercial a Petroperú, previo a los intentos de privatización parcial de la empresa, ha reducido la posibilidad de ofrecer combustibles más baratos para el mercado nacional.

Asimismo, señalan que una eventual privatización podría poner la energía del país en manos de grandes corporaciones internacionales, lo que implicaría una mayor dependencia de los mercados globales.

CRISIS DESDE AFUERA

La crisis energética también se ve agravada por el contexto internacional. Una semana después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva aérea masiva contra Irán el 28 de febrero, los mercados energéticos registraron su mayor alza desde la invasión rusa a Ucrania.

El petróleo Brent cerró el viernes en US$ 92,69 por barril (un alza del 27 % en la semana y más de 34 % en el último mes), mientras que el WTI alcanzó los US$ 90,90, su nivel más alto en más de un año.

El gas natural europeo (TTF) también se disparó hasta 50 % en un solo día y acumula incrementos superiores al 100 % desde el inicio de los ataques, ante la amenaza de Irán de bloquear el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20 % del petróleo y gas mundial.

Analistas advierten que, si el conflicto se prolonga y el estrecho permanece cerrado, los precios del crudo podrían superar los US$ 100 o incluso US$ 120 por barril, lo que elevaría la inflación global y el costo de los combustibles y la electricidad en países importadores como el Perú.

DATO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que las operaciones militares continuarán “hasta lograr los objetivos” y aseguró que la Armada estadounidense escoltará a los tanqueros si es necesario. Mientras tanto, los mercados ya reflejan el riesgo en los precios del combustible y en las largas colas en los grifos.