Gestión del gobernador invierte millonaria suma en sueldos, pero a dos años de gobierno su administración no muestra resultados concretos de su trabajo. Arequipa continúa con obras paralizadas y sin proyectos de envergadura.

Escribe: Jean Carlo Frisancho

 La gestión del gobernador Rohel Sánchez, rodeada de escándalos y cuestionables contrataciones de familiares, y una notoria falta de proyectos de envergadura para la región, gasta alrededor de 6 millones de soles en planillas para el personal dependiente del gobierno regional. De este gasto, aproximadamente millón y medio de soles son para pagos de personal directamente relacionado con su círculo de confianza, como gerentes, asesores y jefes de oficinas de la región.

 Los sueldos van desde los 800 soles para el personal de limpieza, hasta sueldos de 14 mil soles que es el sueldo del gobernador. Además, los pagos mensuales para la plantilla de asesores que tiene el gobernador a su disposición oscilan entre 7,500 y 10,000 soles.

 Los pagos de 6,000 a 8,999 soles agrupan a 171 funcionarios, lo que representa un gasto aproximado de 1 millón 204 mil soles. Además, los pagos a personal de confianza en cargos como directores generales y gerentes, cuyos sueldos oscilan entre 9,000 y 14,300 soles, suman un total de 452 mil soles. En conjunto, estos montos suman 1 millón 657 mil soles al mes.

 Las mayores remuneraciones ascienden a 14,300 soles para el titular del Gobierno regional de Arequipa (GRA), 14,100 soles mensuales para la gerenta general Norma Mamani Coila, y 13,704 soles para Ana María Gutiérrez Valdivia, vicegobernadora regional.

 Todos estos pagos no se traducen en resultados en la gestión, caracterizada por constantes cambios de funcionarios, extraños contratos, profesionales que no tienen funciones claras ni resultados visibles. La gestión de Rohel también se caracteriza por el constante abandono a las provincias de la región, donde sus principales proyectos de desarrollo, como hospitales, colegios y carreteras, se encuentran paralizados.

PANORAMA

 ¿La millonaria inversión en sueldos, especialmente en el pago a funcionarios de confianza, va de la mano con los resultados de la gestión del gobernador?

 Al respecto, el abogado Héctor Herrera Herrera criticó duramente la gestión de Rohel Sánchez, afirmando que “la gestión es pésima totalmente” y que la corrupción “campea mañana, tarde y noche” en áreas clave como Transportes y Comunicaciones.

 Según Herrera, nunca se había visto una intervención tan temprana de la Fiscalía en la gestión de un gobernador, lo que refleja la falta de interés de Sánchez en corregir estas prácticas.

 En cuanto a infraestructuras y servicios básicos, Herrera lamentó el incumplimiento de promesas, como el proyecto Majes II, que fue “regalado a Lima”.

 También destacó la grave situación en las provincias, donde hospitales y centros de salud están “totalmente abandonados” y la gente muere por falta de atención. “Una decepción total del señor Sánchez” se siente entre los ciudadanos, especialmente fuera de la capital.

 Herrera también criticó la mala gestión en salud y educación, mencionando la intención de gasto en “camionetas sobrevaloradas para entregárselas a la policía” en lugar de invertir en el sector Salud. Esto ha llevado a una baja aprobación de Sánchez en la región.

 Cuestionó la excesiva contratación de asesores y funcionarios sin la preparación adecuada, señalando que esto refleja la “incapacidad” del gobernador.

 EN EL OLVIDO

 Hay una planilla dorada, y ¿cómo está el trabajo del GRA en provincias?

 El abandono de obras para las provincias es característico de esta gestión. Proyectos como los hospitales Maritza Campos, Camaná, Cotahuasi y Chala, que se planeaban concluir, recién estarán listos para el 2026, al finalizar la gestión regional.

 Pero esto no es todo, también se encuentra el caso de las carreteras, donde el mantenimiento de vías clave está estancado. Igualmente, puentes como los de La Unión, que fueron gravemente afectados por las lluvias de 2024, aún no han sido reparados.

 Como señala Alfonso Chipana, alcalde provincial de La Unión, solo se han realizado reuniones y promesas de iniciar obras. Pero todo está en promesas y nada más.

 En Castilla, tampoco se observan avances significativos, como la planta de tratamiento de aguas residuales de Aplao o el mejoramiento de sus vías de acceso.

 El alcalde de la provincia, Renzo Pastor, se conforma con pedir transferencias, pues sus proyectos continúan esperando. Prefiere mantener los recursos para avanzar con obras propias.

 INESTABILIDAD

 A dos años de gobierno, Sánchez no ha consolidado su equipo de trabajo.

 Norma Mamani Coila, gerenta general regional de Sánchez, explicó que los cambios ocurren cuando un servidor no cumple con sus funciones adecuadamente.

 “Estamos sujetos a resultados a corto, mediano y largo plazo”, afirmó. Citó el caso del doctor Abraham Rodríguez Rivas en Salud, quien fue cuestionado por su viaje a China y la falta de resultados.

 Algunos funcionarios renunciaron por presiones, como Carlos Enrique Zanabria Angulo, gerente regional de Gestión de Riesgos y Desastres, y Erick Maycoll Apaza Palo, jefe de la Oficina de Logística. Ambos dejaron sus cargos luego de ser citados al Consejo regional de Arequipa (CRA) para responder por sus cuestionamientos. Con sus renuncias evitaron responder las críticas.

 El consejero Miguel Ángel Linares criticó la alta rotación de cargos de confianza, con aproximadamente 200 cambios en menos de dos años. Para él esto genera inestabilidad y dificulta el avance de la región.

 Muchos funcionarios, tras renunciar, son reubicados en cargos menos visibles, como el caso de Zanabria, quien fue promovido a promotor de la Casa Museo Mario Vargas Llosa, o Jesús Hinojosa, quien de la gerencia regional pasó a ser consultor FAG del gobernador y recientemente renunció para ser propuesto como director en Sedapar.

 CONTRATOS

 Otra pregunta que surge sobre el manejo del dinero para sueldos, es a quiénes se contrata.

 El GRA ha sido centro de controversias, especialmente por su desconocimiento de quiénes trabajan en la gestión, como en el caso de Fidel Castro Endara.

 A pesar de que Castro ha estado prestando servicios al GRA desde 2023, con un pago de 10,500 soles por servicios de asistencia técnica en la Subgerencia de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Sánchez negó conocerlo, a pesar de los vínculos políticos.

 Este caso se suma a las denuncias continuas sobre presuntas irregularidades en la gestión de Sánchez.

 El jefe de la Oficina de Integridad Institucional del GRA, Andy Philipps Zeballos, propuso que, en adelante, todos los proveedores informen si mantienen vínculos familiares con empleados de la institución antes de sus contrataciones, una medida que podría haber evitado algunos casos. En 2024 ya se registraron 41 denuncias, un aumento respecto a las 35 del 2023.

 Otro caso polémico es el de Yhoshua Cuba Bernal y Piero Delgado Angulo, conocidos por su cercanía con Diego Sánchez Zeballos, hijo del gobernador.

 Cuba, sin experiencia laboral, fue contratado por el GRA por 14,200 soles, y su primer servicio se adjudicó sin cumplir con los requisitos legales.

 Delgado, por su parte, recibió un contrato en Autodema poco después de inscribirse en el registro, acumulando más de 43,000 soles en honorarios.

 También se reportó la contratación de familiares, como la cuñada de Sánchez, Maira Yanina Paz Irigoin, y su concuñado Benjamín García Suclla, su asesor que gana 6,766 soles, sin reportar con claridad sus funciones, pues solo se le ve como maestro de ceremonias, como antes lo hacía Carlos Zanabria.

 Así se invierte el dinero en salarios, sin conocerse resultados concretos de una gestión que a dos años resalta más por los escándalos que por obras de real envergadura para Arequipa

Dato:

Las remuneraciones de los funcionarios pueden ser superiores a las bases establecidas debido a los beneficios salariales adicionales, tales como gratificaciones, escolaridad, entre otros.

El caos vehicular en Arequipa sigue siendo un problema sin solución. El alcalde en dos años no ha podido resolver el principal problema de la ciudad. El especialista Elvis Jump analiza este problema.

Escribe: Jeamilett Chirinos Bernal

A dos años de la gestión del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, el Sistema Integrado de Transportes (SIT) sigue siendo una promesa incumplida. La falta de avances significativos ha perpetuado el caos vehicular y las dificultades de movilidad en la ciudad.

 Para analizar esta situación, entrevistamos a Elvis Jump, especialista en urbanismo y transportes, quien aborda las razones de este estancamiento, las consecuencias para la ciudad y las posibles soluciones para retomar el rumbo de este importante proyecto.

• Según su percepción, ¿qué factores considera que han contribuido a este poco avance en el SIT (Sistema Integrado de Transportes)?

Pues yo puedo decir que esto se puede caracterizar porque, primero, no se ha licitado la segunda troncal, que es responsabilidad de la municipalidad. No se ha licitado el ente recaudador, o sea, la empresa o entidad que se encargará de cobrar el pasaje.

 Tampoco se han construido todos los paraderos de la troncal ni se ha equipado toda la troncal con señalización y lo necesario para la operación. Además, no se ha dado mantenimiento a las redes principales donde circularán las líneas auxiliares, alimentadoras o estructurales.

• ¿Y por el lado de los transportistas…?

No han renovado flotas ni han transferido todos los buses a ser propiedad de las empresas. Estos siguen siendo propiedad individual de los socios de las empresas cuando ya deberían ser parte de los activos de las mismas.

 En resumen, no hay una operación empresarial adecuada por parte de los operadores, y por el lado de la municipalidad, no se han cumplido las condiciones necesarias para que el sistema opere.

 A esto se suma que no se ha activado el arbitraje contemplado en el contrato de concesión. Solo se ha llevado a cabo la etapa de componedor, pero no se ha avanzado más.

 Si ambas partes están de acuerdo, deberían iniciar un arbitraje para resolver las controversias y poder implementar el SIT.

• ¿Cómo afecta todo esto, esta falta de compromiso tanto del alcalde como de los concesionarios, a los usuarios del transporte?

De manera muy grave afecta a los sectores más pobres de la ciudad. Las rutas que actualmente están operando no llegan a las nuevas urbanizaciones ni a las zonas donde se han asentado personas con menores ingresos. Esto genera exclusión social.

• ¿A qué se refiere?

Por ejemplo, hay niños y personas mayores que tienen que caminar entre medio kilómetro y un kilómetro para encontrar un bus, porque este no llega hasta donde viven. En otros casos, los buses que llegan no son los grandes que cobran un sol, sino las llamadas “loncheritas”, que cobran entre dos y tres soles.

 Esto significa que un poblador de bajos recursos tiene que pagar tres veces más que alguien que vive en Cerro Colorado o Paucarpata, donde sí hay buses grandes y baratos.

• ¿Cree usted que ha habido una falta de planificación o voluntad para impulsar el SIT?

Por supuesto. No estamos hablando de un sistema complicado; se trata de un sistema con contratos de concesión firmados desde el año 2009. Han pasado 15 años, y aún no se implementa. Los contratos establecen claramente los tipos de vehículos, los recorridos y las flotas necesarias, pero nada de eso se está cumpliendo…

• ¿Debe haber sanciones al respecto?

 Aquí hay responsabilidades civiles y penales. No se puede manejar el transporte como si fuera un regalo o un asunto que se puede tratar a conveniencia. Los contratos estipulan que se deben usar buses nuevos, con frecuencias permanentes y recorridos establecidos, pero lo que tenemos son vehículos viejos, con asientos en mal estado, ventanas rotas y condiciones precarias.

Además, hay prácticas inadecuadas, como conductores que no respetan las paradas o que trabajan jornadas extenuantes, lo que pone en riesgo a los usuarios.

 En ese caso, ¿qué medidas urgentes debería tomar la actual gestión para reactivar el proyecto?

Lo primero es hacer cumplir los contratos. La municipalidad debe licitar la segunda troncal, contratar a los operadores de recaudo y realizar el mantenimiento de las vías principales. Esto requiere recursos, por lo que sería necesario que el Gobierno central destine entre 50 y 100 millones de soles para que la municipalidad cumpla su parte.

 Una vez que esto se haga, se debe exigir a los transportistas que también cumplan, renovando las flotas y transfiriendo los vehículos a nombre de las empresas. Si no cumplen, se deben cancelar los contratos y buscar alternativas.