Un reciente estudio elaborado por Centrum PUCP sitúa a la región en los últimos lugares, señalando como uno de los principales factores a la inseguridad ciudadana que impide que la sociedad consolide sus potencialidades.
El reciente Índice de Progreso Social Regional del Perú (IPSRP) 2024, elaborado por Centrum PUCP en colaboración con Social Progress Imperative, destaca un preocupante panorama para la región Puno, que ocupa uno de los últimos lugares en el ranking nacional. Este índice, que mide el desarrollo social a través de 52 indicadores, señala a la inseguridad ciudadana como uno de los principales factores que obstaculizan el avance en la región.
SITUACIÓN
Con apenas 51.3 puntos, Puno se encuentra en el rango más bajo de progreso social, acompañada de regiones como Ucayali y Huancavelica, a diferencia de Moquegua, que lidera el índice con 66.4 puntos gracias a su adecuada gestión educativa y respeto por las libertades personales. Puno enfrenta un alto nivel de insatisfacción entre su población, agravado por actos de violencia y criminalidad. Esta situación no solo limita el bienestar de sus habitantes, sino que también obstaculiza oportunidades de desarrollo económico y social.
El informe resalta que, a pesar de un incremento promedio de 0.7 puntos en el progreso social a nivel nacional desde 2021, las brechas entre las regiones de la costa, sierra y selva siguen siendo significativas. Además, 18 de las 25 regiones del país se ubican en los niveles Medio Bajo o Bajo del índice, reflejando un estancamiento en áreas críticas como salud, educación y seguridad.
Según Luis Del Carpio, director de Centrum PUCP, el crecimiento económico posterior a la pandemia no se ha traducido en mejoras sociales debido a políticas ineficaces y la creciente inflación.
El caso de Puno pone en evidencia los retos estructurales que enfrentan muchas regiones del Perú, especialmente en la sierra y la selva. Mientras que regiones como Moquegua y Arequipa han logrado avances sostenidos, la falta de estrategias específicas para abordar problemas como la inseguridad, el acceso limitado a servicios básicos y las desigualdades educativas sigue siendo un obstáculo para el desarrollo equitativo del país.
A TOMAR EN CUENTA
Las zonas de desarrollo más bajo fueron Loreto y Puno. Estas observaron un avance progresivo, aunque siguen en grados bajos de avance social. Loreto registró 52.3 puntos, en cambio Puno alcanzó 51.3 puntos. Uno de los problemas más significativos es la alta informalidad que ambos muestran, lo que restringió su avance. Los desafíos en estas áreas se centrarán en garantizar servicios fundamentales como la educación, la salud y el acceso a agua potable, que demandan acciones particulares en cada sector.
Es crucial reconocer las deficiencias a las que se enfrenta cada departamento, ya que estas impiden una auténtica conexión entre la competitividad económica y el progreso social. Esto es importante ya que el avance social se basa, en gran parte, en las decisiones de los encargados de las políticas públicas, quienes tienen la responsabilidad de administrar los recursos para proporcionar servicios de alta calidad.
OTRAS REGIONES
Asimismo, este índice revela que solo cinco regiones —Moquegua, Tumbes, Huánuco, Áncash y Lima Provincias— han mejorado sus niveles de seguridad desde 2016. Mientras Moquegua lidera el progreso social con 66.4 puntos en el rango Medio Alto, regiones como Lima Metropolitana, Callao y otras partes del país muestran retrocesos alarmantes debido al incremento de la inseguridad ciudadana.
Lima Metropolitana, por ejemplo, ha experimentado una reducción del 30 % en sus indicadores de seguridad entre 2016 y 2024, atribuida al auge de delitos violentos y al crimen organizado. A nivel regional, la costa retrocedió un 11%, mientras que la sierra y la selva registraron caídas del 15 % y 14 %, respectivamente. Este deterioro también afecta a zonas como Madre de Dios, que sufrió una caída del 66 % en su seguridad personal debido a actividades ilegales como la minería informal.
Por otro lado, el informe destaca que Moquegua, Arequipa e Ica continúan liderando en oportunidades desde 2017, aunque con leves retrocesos en sus puntajes. En contraste, regiones como Lima Metropolitana, Callao y Lima Provincias enfrentan desafíos significativos, especialmente en sostenibilidad ambiental. Estos problemas, combinados con la percepción de inseguridad, agravan las desigualdades estructurales.
“El bienestar de los hogares sigue amenazado por la desnutrición, la anemia y la inseguridad. Si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debemos implementar políticas focalizadas y sostenibles que mejoren las condiciones de vida de la población”, enfatizó, Luis Del Carpio, de Centrum PUCP.
Finalmente, el IPSRP 2024 subraya la urgente necesidad de abordar la inseguridad y la desigualdad como factores clave para impulsar el desarrollo del país.
SEIS AÑOS DE RETROCESO
Un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), titulado “Perú: Evolución de la Pobreza Monetaria 2014-2023”, revela una preocupante regresión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Los índices registrados en 2023 sitúan al país en niveles comparables a los de 2017, evidenciando un retroceso de casi siete años en esta materia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, el 27,1 % de la población urbana mayor de 15 años reportó haber sido víctima de algún delito en 2023, cifra que representa un aumento de 4,2 puntos porcentuales respecto al 22,9 % registrado en 2022. Este incremento es considerado altamente significativo y marca un deterioro en la seguridad de los ciudadanos.
El informe destaca que, desde 2021, los niveles de victimización han crecido de manera sostenida. En ese año, solo el 18,2 % de los encuestados reportaron haber sido afectados por hechos delictivos, mientras que en 2023 la cifra se aproxima a los niveles de 2016 (28,8 %) y 2017 (26,4 %).
DELITOS REPORTADOS
Se presentan robo o intento de robo de vehículos y autopartes, hurto de objetos personales como dinero, carteras y celulares, amenazas, intimidaciones y maltrato físico o psicológico, delitos graves como ofensas sexuales, secuestros, extorsiones y estafas.
El INEI también detalla que el impacto de estos delitos ha afectado principalmente a zonas urbanas, donde el crecimiento de actividades delictivas organizadas y el debilitamiento de la seguridad pública han generado un ambiente de mayor vulnerabilidad para los ciudadanos.
COMPARACIÓN CON EL PERIODO PREPANDEMIA
En relación con el periodo prepandemia (2019), el porcentaje de victimización ha aumentado en 0,5 puntos porcentuales, una diferencia que, aunque no significativa en términos estadísticos, confirma la tendencia negativa en el país.
Este informe refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Perú en términos de seguridad ciudadana y subraya la necesidad de implementar políticas efectivas para revertir este retroceso. La inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también amenaza la cohesión social y el desarrollo económico del país.
Identificar estos retos facilita entender que, aunque el desarrollo económico es imprescindible, no es suficiente para que la población obtenga beneficios de este. Nuestras autoridades poseen la enorme obligación de transformar los recursos en aumento —obtenidos de un crecimiento económico más elevado— en obras públicas, proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
DATO
Dentro de las 26 regiones analizadas, únicamente Moquegua llega al nivel de progreso social Medio Alto (65 a 74 puntos), resaltando la diversidad en la nación. Otras regiones como Arequipa destacan, no así la región Puno.
ESCRIBE: EDUARDO MAMANI
