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La primera vez que S.L.C.A. sintió el peso de la mirada lasciva de Fernando Amílcar Chávez Fernández fue en 2015. Los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA), en Puno, fueron el escenario de ese primer encuentro incómodo, donde las palabras soeces y los gestos obscenos comenzaron a perseguirla en su camino a clase. Ella era entonces una estudiante de Odontología; él, un docente que empezaba a tejer su red de influencias dentro de la universidad.

Diez años después, esos mismos pasillos se han convertido en el escenario de una pesadilla recurrente, una maraña de poder, impunidad y miedo. S.L.C.A ya no es la estudiante; es docente de la misma escuela. Fernando Chávez, lejos de haber retrocedido, escaló: fue jefe de ella, director de estudios, un hombre con conexiones políticas, un “facho” –como los denominan dentro de la universidad– enquistado en el poder.

 La obsesión que comenzó en 2015 se transformó en un hostigamiento descarnado, metódico, avalado por la certeza de que nada, absolutamente nada, le pasaría. Hoy, la batalla de S.L.C.A tiene un papel que la ampara: la Resolución N° 01-2025-CDPAHS-UNA-P, un documento de 4 de junio de 2025 que debería haber sido el final del calvario.

En ese documento, la Comisión Disciplinaria para Actos de Hostigamiento Sexual de la UNA Puno ordena la “Destitución del cargo y ejercicio de la función de docente” de Chávez Fernández. Lo declara culpable.

La justicia, en teoría, había hablado. Pero en la Universidad del Altiplano a justicia choca contra un muro más grueso. El vicerrector académico, Mario Serafín Cuentas Alvarado estaría protegiendo al acosador.

PASILLOS

“Debo recalcar que la suscrita fui víctima de hostigamiento sexual por parte del denunciado Fernando Amilcar Chávez Fernández desde que yo era estudiante”. La denuncia de S.L.C.A, contenida en el Expediente N° 01-2023-SI-UNA-PUNO, no deja espacio a la especulación.

Relata cómo los cruces casuales en los pasillos se volvieron un suplicio de “insinuaciones morbosas”, términos de naturaleza sexual, “gestos obscenos que perturban mi integridad emocional por ser insoportables, hostiles, humillantes y ofensivos”. En 2017, agotada, llegó a denunciarlo ante el Tribunal de Honor. La respuesta fue un manual de impunidad: los citaron a una “audiencia de reconciliación”.

Él, el acosador, “me pidió perdón insinuándome que si continuaba con ese proceso podrían expulsarlo de la universidad”. S.L.C.A, joven aún, cedió. “Despertando mi lástima y aceptando sus disculpas”. Firmaron un acta. Lo archivaron todo. Fue su error creer en la compasión de un sistema que solo entiende de poder. Chávez Fernández, lejos de amedrentarse, aprendió la lección: era intocable.

Durante las gestiones de Lucio Ávila Rojas y de Porfirio Enríquez Salas, había ascendido (Jefe de la Oficina de Imagen y Comunicaciones, director de la Escuela Profesional de Odontología, y director de la Clínica Odontológica). Cuando asumió el rector Paulino Machaca Ari, su influencia no mermó; se recicló. El decano Jorge Luis Mercado Portal y su sucesor, Moisés Guillermo Apaza Ahumada, son de su misma “línea política”, la misma que abraza al vicerrector Mario Cuentas

EVIDENCIAS

La palabra de S.L.C.A no está sola. En el expediente, la declaración de la testigo J.J.A.A. congela la sangre por su crudeza y simpleza. Relata dos escenas en el pasadizo del segundo piso de la facultad. En la primera, en diciembre de 2022, vio al doctor Chávez Fernández hacer “gestos obscenos con la lengua y la boca frente a la doctora S.L.C.A”, quien se mostraba “intimidada y con la cabeza agachada”. La testigo, sobrecogida, siguió su camino.

En la segunda ocasión, la escena era aún más violenta: “La doctora S.L.C.A se encontraba aparentemente firmando o revisando algún documento, cuando el doctor Chávez se aproxima por detrás de ella, rozándole con el cuerpo, en actitud sexual morbosa, burlesca y prepotente”. El detalle final causa un gran daño, dolor y decepción: “Mientras pude apreciar que la doctora S.L.C.A se encontraba intimidada, solloza, avergonzada”.

No son rumores. No son malentendidos. Son actos deliberados de humillación en un espacio público, perpetrados por un hombre que sabía que nadie lo detendría.

DAÑO

En el folio 231 del expediente, un informe de EsSalud suscrito por la psicóloga Hilda Fabricia Álvarez le pone nombre al costo de esta persecución a S.L.C.A: depresión. Catorce sesiones de tratamiento entre abril de 2023 y febrero de 2024 no han bastado para borrar la huella.

 El diagnóstico es un cuadro del dolor: “Dificultades para dormir, problemas con el apetito, una perspectiva sombría del futuro relacionado al problema actual, dificultades para concentrarse y pérdida de disfrute en sus actividades laborales y familiares caracterizado por un humor depresivo y falta de energía”. Todo, relacionado al “estrés en el ambiente laboral”. La universidad, su lugar de trabajo, se convirtió en el origen de su mal.

PODER

El Estado peruano tiene la Ley N°27942 y su reglamento (D.S. 014-2019-MIMP). La UNA Puno tiene su propio reglamento, aprobado por Resolución Rectoral N° 1044-2023-R-UNA. Todos prometen “promover un ambiente libre de hostigamiento sexual”.

Todos fueron usados correctamente: la Comisión Disciplinaria investigó, instruyó el proceso y, tras considerar los descargos de Chávez —que alegó que todo era un “rencor” por disputas laborales—, encontró su versión increíble frente a la evidencia.

El 4 de junio de 2025, la Comisión, presidida por Vivian René Valderrama Zea, emitió su fallo: “imponer la sanción administrativa de destitución del cargo ejercicio de la función docente, a docente Fernando Amilcar Chavez Fernandez, en su calidad de docente nombrado de la Facultad de Ciencias de la Salud –Escuela Profesional de Odontología de la Universidad Nacional del Altiplano, por haber cometido la falta grave de hostigamiento sexual en agravio de S.L.C.A”. Ordenó notificar a todas las instancias, incluida la SUNEDU, y dar por terminado el caso.

El veredicto era claro e irrevocable. Pero la maquinaria política se puso en marcha. Chávez apeló. El 1 de agosto de 2025, una instancia superior de la misma comisión, presidida ahora por Sergio Serruto Barriga, declaró “infundado” el recurso de apelación. La resolución de destitución se mantuvo firme.

La vía administrativa se agotó. No había más trámites, ni más apelaciones, ni más plazos que esperar. Era el momento de la verdad. El momento en que el vicerrector académico, Mario Serafín Cuentas Alvarado, debía ejecutar la ley, Hacer cumplir la sanción, dar un ejemplo.

IMPUNIDAD

Sin embargo, Mario Cuentas Alvarado prefirió otro camino: el de la vista gorda, el de la complicidad. A la fecha de hoy, Fernando Amílcar Chávez Fernández no ha sido destituido. No solo eso: se le ha otorgado un refugio dorado dentro del mismo corazón del poder universitario.

Labora en las oficinas del Vicerrectorado Académico, “como personal de apoyo o personal a disposición”, bajo la protección directa de Cuentas Alvarado. Cobra su sueldo, no desde un aula –de donde fue expulsado por la ley universitaria–, sino desde la sombra protectora de su aliado político. Este es un acto de desprecio a la víctima, a la Comisión Disciplinaria y a la propia normativa de la UNA.

Es el mensaje claro de que para la línea política de los “fachos”, la justicia es un estorbo. Que un hombre con poder puede, literalmente, rozar con su cuerpo a una mujer en un pasillo, reducirla a lágrimas, hundirla en una depresión, y ser recompensado con un puesto seguro en la oficina del vicerrector.

La obsesión patológica de Fernando Chávez sobre S.L.C.A., no es un caso aislado; es el síntoma de una universidad enferma de poder. Es una denuncia a un sistema político podrido que prioriza la lealtad de clan sobre la seguridad de las mujeres. En este engranaje de impunidad, Mario Cuentas Alvarado no es un espectador distraído; es el guardián consciente y activo de esa puerta que mantiene fuera a la justicia y protege dentro a los acosadores.

Su nombre quizá no figure en el expediente, pero su complicidad está grabada en cada día que Fernando Chávez —destituido— sigue cobrando un sueldo de docente que mancha las arcas de la institución. Cuentas Alvarado no solo protege a un acosador; avala el hostigamiento sexual contra las mujeres, y envía un mensaje nítido a la comunidad universitaria: aquí, el poder te absuelve.

La pregunta que el pueblo, las autoridades y cada miembro de la UNA Puno debe hacerse es clara: ¿hasta cuándo un vicerrector académico puede ser el principal protector de un mal ejemplo?