A once meses del Pasacalle Regional 2024, realizado el 3 de agosto del año pasado, persiste un completo silencio institucional respecto a las múltiples irregularidades que se denunciaron desde entonces, como el “perro muerto” que hizo la gestión del gobernador regional Rohel Sánchez a un grupo de madres de familia que brindaron el servicio de alimentación en esta actividad.
El Ministerio Público no ha reportado una investigación formal, al igual que el Consejo Regional de Arequipa (CRA) que no ha abierto ningún proceso indagatorio alguno, pese a que desde diciembre se alertó que las madres proveedoras solo habrían recibido pagos parciales, sin órdenes de servicio que respalden la contratación, y con evidencias en chats que involucraban a funcionarios y hasta a la esposa del gobernador, Luz Marina Zeballos Patrón.
Las promesas de esclarecer el caso quedaron sepultadas bajo un manto de evasivas y deslindes de responsabilidad, prolongando la duda de qué pasó en aquel evento.
HECHOS
Los cuestionamientos a la administración del gobernador regional Rohel Sánchez por transacciones extrañas y tratos con proveedores fuera de la norma no son nuevos. Uno de los episodios más visibles fue precisamente el ocurrido durante el Pasacalle Regional 2024, organizado como parte de los festejos por el aniversario de Arequipa.
Según la denuncia que estalló a finales de 2024, la Gerencia Regional de Agricultura (GRAG) contrajo una deuda de casi S/ 45 mil con un grupo de mujeres que elaboró 4,076 polladas, las cuales fueron repartidas a las delegaciones participantes del desfile.
El caso involucra directamente a la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social (GRDIS), encabezada por Jessica Apaza, que contactó a la emprendedora Rosemary Vargas en julio para proveer el servicio de alimentación. Días después, habría sido derivada al entonces subgerente de Promoción Agraria, Duberly Otazú (hoy gerente de Autodema), quien asumiría la coordinación de la entrega y el pago.
De acuerdo a lo que contó Vargas el 26 de diciembre, la entrega de las polladas se hizo directamente a Otazú, quien prometió que el pago total se gestionaría en pocos días. Sin embargo, tras el evento solo recibió S/ 25,000 en efectivo, quedando un saldo pendiente de casi 20 mil soles, sin que existan órdenes de servicio que documenten la operación, lo cual es gravísimo.
DELITOS
Lo más grave del asunto es que el pago realizado a Vargas no siguió los procedimientos legales de contratación pública. Según revelaron los propios chats entre la proveedora y funcionarios regionales, todo se hizo por tratos verbales y coordinaciones informales, dejando a las madres sin ninguna garantía administrativa para exigir la cancelación del monto restante.
Cuando un medio de comunicación solicitó mediante acceso a la información pública el informe presupuestal del pasacalle, remitido desde la GRDIS, se constató que ni las polladas ni los desayunos figuran en el desglose de gastos, que solo incluyó rubros como S/ 40,673 en hospedaje, S/ 2,250 en pólizas de seguro, S/ 1,500 al jurado calificador, S/ 1,700 en sonido.
Asimismo, figura S/ 4,000 pagados a Carlos Sánchez Salinas, exasesor del gobernador Rohel Sánchez, por coordinación del evento mediante orden de servicio N° 4632 del 22 de julio. Ni un solo sol aparece destinado al alimento repartido, a pesar de que las imágenes del evento muestran la distribución masiva. Para agravar este hecho, el mismo informe omite otros gastos conexos que recién se conocieron por resoluciones internas.
Por ejemplo, en octubre se aprobó el reembolso de S/ 1,500 a Jorge Antonio Soto por el alquiler de 600 sillas, y S/ 3,276 a Luz Mery Pérez Dueñas por refrigerios para edecanes, ambos montos procesados fuera del paquete presupuestal del pasacalle. Así, el gasto real terminó fragmentado y con múltiples vías informales de pago.
CHATS
Ya para enero de este año se difun dieron diversos chats a la prensa entre Vargas y quienes se identificaban como autoridades. En estos se observa cómo Duberly Otazú, Pedro Fuentes López (trabajador de la GRAG) e incluso Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador y presidenta del Comité de Damas (Vargas), son mencionados en el trámite del pago.
“Dile en mensaje que le dirás a la señora Luz que no te está cumpliendo”, escribió Otazú el 5 de diciembre. Más adelante, Vargas expresa su frustración: “Mejor iré a hablar nomás con la señora Luz Marina porque ella también se comprometió y no está cumpliendo nada de lo que me dijo”.
Cuando el caso estalló en la prensa, Otazú negó conocer a Pedro Fuentes, pero los chats lo desmintieron: “Moléstalo a Pedro”, “con Pedro”, “llámalo a Pedro por favor, estoy en reunión”, son solo algunas de las frases donde el propio Otazú lo instruía como enlace con Vargas. Incluso, el funcionario admitió indirectamente el problema al escribirle: “Agricultura es responsable”.
Por su parte, Jessica Apaza, por entonces coordinadora general del Comité Organizador del pasacalle, junto con la Gerencia de Comercio Exterior y Turismo, Educación, Cultura y la Oficina de Administración, trató de deslindar su rol al declarar que solo respondía por su gerencia y desconocía los desayunos y almuerzos entregados a las delegaciones. Tremenda lavada de manos.
SIN INVESTIGACIÓN
El consejero César Ángel Huamantuma Alarcón relató que, tras estallar el escándalo en la prensa, el Consejo Regional solicitó información a la Gerencia General y a la Gerencia Regional de Agricultura para esclarecer el caso de las polladas.
Según explicó, la Gerencia de Agricultura respondió que no existía ningún contrato ni requerimiento para la compra de polladas. A su vez, la Gerencia General, liderada por Norma Mamani, informó que desde la Gerencia de Desarrollo Social tampoco había documento alguno que comprometiera la contratación de las señoras de las ollas comunes.
“Como te digo, yo tengo los informes en los cuales niegan absolutamente todo, o sea, formalmente lo niegan, no hay ningún reconocimiento de que se haya hecho una solicitud o se haya coordinado algo. No estaba dentro de los planes ni de los objetivos, revisé las solicitudes y ahí no figura eso”, señaló.
Huamantuma admitió que trató de in vestigar el caso por iniciativa propia, pero no logró contactar nuevamente a las proveedoras para recoger su testimonio, pieza clave que le faltó para cerrar el expediente. Llama mucho la atención que, el Ministerio Público ni la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional a cargo de Natividad Taco, no investiguen la grave denuncia, pese a evidencias.
En su momento, prueba de que la denuncia es real, Duberly Otazú, dijo en su defensa: “En ese entonces, yo me desempeñaba como subgerente, subordinado de la Gerencia de Agricultura, y no he tenido ningún tipo de conversación de ese tipo. Más bien, al contrario: he apoyado en la distribución de estos alimentos para que todos los participantes del proyecto puedan apoyar”.
“En su momento el gerente, que estuvo en su momento, debió resolver” señaló Otazú refiriéndose al exgerente Abel Calderón, agregando que se realizaba una investigación para determinar responsabilidades.
El entonces gerente de Agricultura, Julio Herrera, sobre esta denuncia, informó que, hasta el mes de enero más de 15 proveedores habrían solicitado pagos directamente en la oficina. Todas en la misma situación con acuerdos sin orden de servicio ni requerimiento. “De la Gerencia de Agricultura no ha salido ningún presupuesto, ni de mi persona”, mencionó al ser consultado sobre qué fuente de financiamiento financió los pagos señalados.
