En una sesión extraordinaria celebrada el martes 17 de junio, el Concejo Municipal del distrito de Socabaya rechazó la solicitud de vacancia contra el alcalde Roberto Muñoz Pinto. La decisión se tomó con cinco votos en contra y cuatro a favor, tras casi dos horas de debate a puerta cerrada. Tras el resultado, Muñoz salió del recinto y fue recibido por una “portátil” que ocupó la plaza principal del distrito.
Lo llamativo en este hecho, es que el alcalde habría echado mano de recursos públicos para frenar su vacancia. Se vio un vehículo del municipio de Socabaya recogiendo a sus “simpatizantes” tras la sesión y además se observó a personal del municipio arengando contra la vacancia, hecho que fue admitido por el propio Roberto Muñoz.
Hay que recordar que, la solicitud de vacancia, presentada por la regidora Magaly Agramonte Gutiérrez, se sustentaba en presuntas irregularidades en la contratación de obras. En específico, cuestionaba posibles favorecimientos a la empresa Financiera IM Constructora EIRL, que tendría como único cliente a la propia municipalidad.
“PORTÁTIL”
Previo a la sesión, la atención al público fue suspendida en el municipio. Personal contratado bajo locación de servicios abandonó sus puestos para manifestarse a favor de Muñoz, según denunciaron vecinos. Varias oficinas quedaron cerradas, como ya había ocurrido durante la sesión del 2 de junio.
Además se reportó el uso de un bus del municipio para transportar a “la portátil”. “La portátil” del alcalde, bien organizada, se presentó con pancartas y una banda musical. “¡Roberto, amigo, el pueblo está contigo!”, coreaban los manifestantes mientras ondeaban banderas y hacían uso de equipos de sonido. Dos camionetas, una blanca (placa ALL-869) con grandes parlantes y otra roja (placa VAX-711) con megáfonos, reforzaron la manifestación.
Una de las unidades sería de un proveedor. También se vio en la manifestación a funcionarios como Sofia Mayhua, jefa de Omaped de la municipalidad de Socabaya, oficina que quedó desatendida. Así, con descaro, se estaría utilizando los recursos del Estado en Socabaya sin que ninguna autoridad se pronuncie.
¿POLICÍA ABUSIVA?
La Policía a través de la comisaría de Socabaya desplegó efectivos en el lugar para “prevenir incidentes” entre quienes apoyan y repudian a Muñoz. Sin embargo, de forma abusiva, la policía a cargo del general PNP Olger Benavides impidió el ingreso de la prensa a la sesión extraordinaria.
Esta acción linda con actos autoritarios, puesto que, por norma las sesiones son públicas, salvo en casos que se comprometan derechos funda- mentales de la persona, y este no era el caso. Sobre este execrable hecho, Roberto Muñoz justificó la medida afirmando que se basó en “recomendaciones externas” de la Defensoría del Pueblo, para evitar infiltraciones y proteger a los regidores.
Aseguró que no se trató de censura. Luego la Defensoría lo desmentiría. La sesión se realizó a puerta cerrada y sin una transmisión pública, mientras en exteriores se permitió la manifestación de apoyo al alcalde.
VOTACIÓN
El burgomaestre Roberto Muñoz logra mantenerse en el cargo tras una votación que concluyó con cinco votos en contra de la vacancia y cuatro a favor. Si bien no se alcanzaron los dos tercios necesarios para su destitución, el proceso dejó al descubierto divisiones en el concejo y denuncias de presiones y conflictos de interés.
El voto que inclinó la balanza fue el de la regidora Suly E. Failoc Linares de Manrique, quien, según la oposición, había expresado su respaldo a la vacancia días antes. Sin embargo, en la sesión votó en contra, lo que fue interpretado por sus colegas opositores como una “traición política”. Su cambio de postura resultó determinante.
Otro voto cuestionado fue el de Marcelino Roberto Muñoz Pila, padre del alcalde, quien también votó en contra de la vacancia. Su participación fue duramente criticada, puesto que, por ser padre del alcalde, debió abstenerse en la votación. Completaron el bloque pro Muñoz los regidores Gloria Maribel Mamani Malpica, Edgar Juan Arapa Quispe y Aracelly Yanette Manrique Fierro, todos identificados con el oficialismo.
Por su parte, los regidores Shan Dalton Huanco, María de los Ángeles Carlin, Magaly Agramonte y Erika Garrafa votaron a favor de la vacancia. Tras la votación, Muñoz salió a la plaza principal rodeado de simpatizantes para celebrar el desenlace con música y banderas como si hubiera ganado las elecciones, mientras las oficinas mu nicipales permanecían desatendidas.
MUÑOZ RESPONDE
El alcalde de Socabaya se animó a declarar a los medios de comunicación. Frente a la pregunta sobre quién financió las portátiles de apoyo con participación de ciudadanos, el alcalde de Socabaya sostuvo que “es el clamor del pueblo” y agregó que “no se les puede prohibir, según lo que dice la Constitución Política, la protesta a cualquier ciudadano”. Respecto a los proveedores con contratos vigentes que participaron en esas manifestaciones, afirmó que “yo no los he convocado.
Ellos han venido”. En cuanto a los locadores de servicio que también estuvieron presentes, el burgomaestre señaló que “yo no tengo la responsabilidad que si el locador de servicio ha tomado la decisión de salir a protestar o a defender la democracia, no es mi problema”. Sostuvo que ya no tendría aspiraciones políticas.
“Yo no quiero postular, cumplí el sueño de representar a mi distrito”, dijo. Lanzó críticas contra sus detractores, declarando que “son opositores políticos que no han sabido perder porque tradicionalmente siempre han ganado los mismos de siempre”.
LA OROYA
Respecto a las observaciones de la Contraloría en obras como la de la calle La Oroya, Muñoz insistió en que los problemas se deben a fallas de los funcionarios y no suyas. Explicó que en su primera intervención no se realizó ningún tipo de estudio. “Se ha hecho un mantenimiento rutinario por el tema de las lluvias (…) se ha hecho así nomás (…) ha fallado el tema del asfalto”, señaló, aunque también aclaró que no se le habría pagado al contratista.
Dijo que ya se culminó una nueva intervención con un adoquinado integral cuyo monto asciende a “900 mil soles” aunque en los registros de Contraloría sobrepasa el millón de soles.
Al respecto justificó la diferencia afirmando: “Generalmente cuando Dato Vecinos demandan la pronta intervención de la Fiscalía como la Contraloría en el municipio de Socabaya ante visibles malos manejos de los recursos del Estado. se hace una obra por contrata, se bajan al 90 %. Si la obra de repente dice un millón, de repente está en 900 mil soles”.
Hay que precisar que, Muñoz a pesar de conservar el cargo, sigue bajo investigación por la Contraloría y el Ministerio Público, debido a las denuncias que originaron su solicitud de vacancia.