Los S/ 32 millones de la carta fianza presentada por el consorcio que estaba a cargo de la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón, tienen un destino incierto debido a maniobras de la empresa y la “complicidad” voluntaria o involuntaria de la gestión del Gobierno Regional encabezada por Richard Hancco.
Esto tal como se puede desprender de los documentos referidos al proceso de arbitraje que se sigue entre el Gobierno Regional y el consorcio hospitalario Manuel Núñez Butrón, conformado por China Railway N° 10 Engineering Group Co.,Ltd. Sucursal Peru & Weihai Construction Group Company Limited.
CARTA FIANZA
Para esto, es necesario explicar lo que es una carta fianza, en otras palabras una cantidad de dinero en este caso, S/ 32 millones 937 mil 343, que se deposita en un banco y que es una suerte de garantía que pone la empresa a la institución.
Ese monto es depositado en un banco de manera que, la entidad, mediante la carta fianza puede disponer de parte del dinero si se ve perjudicada.
EL ARBITRAJE
En este caso, ocurre que luego de un proceso entre el consorcio y el Gobierno Regional, se necesitaban S/ 220 mil 810 para pagar el arbitraje de la Cámara de Comercio de Puno y resulta que dicho monto no se puede cobrar por dos razones.
CAMBIAZO
La primera razón es que el Consorcio cambió tres veces de carta fianza. La primera carta fue presentada el 2 de julio del año 2020 y fue emitida por Insur S.A. Compañía de Seguros. El quid del asunto es que esa carta, vale decir documento, debe tener una cláusula denominada “ sin beneficio de excusión” que, para efectos prácticos, sirve para disponer del dinero de la garantía. La primera carta no contenía dicha cláusula; la segunda sí tenía; la tercera sí tenía, pero la cuarta es otra historia.
El consorcio consiguió otra carta fechada el 28 de noviembre del año 2023 emitida por Bank of Communications Co., Ltd. Shandong Provincial Branch, China y como Banco Avisador ICBC PERÚ BANK; a favor del Gobierno Regional de Puno Sede Central.
Esta última carta no contenía la cláusula de “sin beneficio de excusión” y por lo tanto, el dinero de la garantía.
¿QUÉ PASÓ?
Si se sospecha complicidad voluntaria o no, el lector puede sacar sus conclusiones considerando que cuando la Contraloría General de la República solicitó la documentación respectiva al Gobierno Regional de Puno resulta que “no la tenían” o, quizá solamente dijeron que no la tenían.
“Ahora bien, de la información proporcionada por las oficinas regionales de Administración , Asesoría Jurídica y Procuraduría Pública de la entidad se denota la ausencia de documentación que acredite el cumplimiento del referido pago hasta la fecha; pese a que, la Comisión de Control solicitó a la entidad remitir las actuaciones respecto a los procesos arbitrales culminados, y que se adjunte copia simple de los actuados y expedientes correspondientes”, dice el informe de la Contraloría. Esta es una más del Gobierno Regional.
