Pese a la visita del viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Fernando Reátegui Lazarte, y la creación de la Mesa de Trabajo Mixta con Componente Técnico sobre Seguridad Ciudadana en San Román, a tres meses de esta iniciativa no ha logrado resultados. En términos generales, la ola delincuencial continúa en toda la región de Puno, a pesar de contar con 4591 efectivos policiales distribuidos en la Región Policial Puno.
PRESUPUESTO
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, este contingente incluye 95 oficiales (3.6 %) y 4496 suboficiales (96.4 %), respaldados con un presupuesto de 24 millones 137 mil 219 soles asignados para este año. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha ejecutado el 44.1 % de los recursos, dejando en evidencia una gestión cuestionable.
El desglose del gasto presupuestario revela prioridades discutibles: 3 millones 174 mil soles se destinaron a gestión administrativa, mientras que 259 mil 498 soles fueron para difusión de la imagen institucional.
Solo 6 millones se asignaron al patrullaje, 2 millones a eventos públicos vigilados y 2.5 millones a operaciones para reducir delitos. Rubros como la mejora de comisarías recibieron 800 mil soles, pero los resultados en seguridad siguen siendo invisibles para los ciudadanos: ¿por qué los recursos no se traducen en seguridad?
¿DÓNDE ESTÁ EL CAMBIO?
En junio de 2025, bajo la supervisión del viceministro del Interior, Luis Fernando Reátegui Lazarte, se instaló la Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana en San Román, con participación de autoridades locales y representantes de la sociedad civil.
Esta instancia se comprometió a trabajar en 12 puntos prioritarios, entre ellos, operativos multisectoriales, comunicación constante con dirigentes y la reestructuración de la Policía Nacional. Sin embargo, los avances son casi nulos, y la delincuencia sigue campando a sus anchas.
Uno de los acuerdos más sonados fue la creación de un laboratorio de criminalística en San Román, proyecto que recibió el visto bueno de la Oficina General de Infraestructura (OGIN) el 9 de junio de 2025, cuyo terreno entregado por la Municipalidad de San Román está ubicado en la urbanización Guardia Civil, el cual comprende un área de 779.13 metros cuadrados, cuya gestión es incierta.
El Ministerio del Interior también se comprometió a gestionar y ejecutar cuatro nuevas comisarías en los distritos de Asillo provincia de Azángaro, Macusani provincia de Carabaya, Huayrapata provincia de Moho y Taraco provincia de Huancané, además de la División Policial de Azángaro para cubrir Azángaro, Carabaya, Sandia y San Antonio de Putina. El Informe de Estudio de Estado Mayor N° 001-2025, emitido el 26 de mayo, sigue en papel, sin ejecución.
El 15 de julio de 2025, la Dirección de Administración de la PNP anunció la asignación de dos camionetas y 20 motocicletas para reforzar el patrullaje en Puno, así como el compromiso de la autoridad municipal de entregar a la división policial de San Román 14 motocicletas y 14 camionetas (9 nuevas y 5 en segundo uso) para incrementar el patrullaje, los cuales se asignaron.
Aunque el refuerzo fue celebrado, los ciudadanos no perciben mejoras. Los operativos conjuntos, como los realizados los días 20 y 27 de junio, donde se intervino 14 bares y discotecas y se detuvo a menores de edad y personas con requisitorias, no volvieron a repetirse.
MINIMIZAN ASALTOS
El gerente de Seguridad Ciudadana de San Román, Percy Quispe González, restó importancia a los hechos delictivos justificando que los índices han disminuido desde su asignación en el cargo, “no nos ha iluminado Dios, hemos realizado esfuerzos y acciones conjuntas con la Policía para disminuir la inseguridad ciudadana, pero algunos detractores quieren opacar estos logros”, señaló, pero fue desmentido ante situaciones delincuenciales presentadas en los últimos días, hecho que motivó la ácida crítica de la población, incluso los regidores desde el Concejo Municipal piden su cambio.
“LA MESA TÉCNICA NO FUNCIONA”
El indignado dirigente juliaqueño, Antero Pimentel, desde el jirón Jorge Chávez, lugar donde asaltaron a una fémina esta última semana, advirtió a las autoridades que, si ellos no ponen orden y seguridad, la población tendrá que poner su propia Ley, “Empezaremos con los linchamientos y ajusticiamientos populares, no tenemos otras opciones”, declaró Pimentel.
Al ver una región sitiada por la inseguridad ciudadana; en el distrito de Ananea centro poblado de La Rinconada, los hechos delictivos son incidentes normales y constantes, como el caso de un hombre que le disparó nueve veces a un guardia de seguridad tras ser expulsado de una discoteca, o el reciente asalto a bus de pasajeros en la vía Juliaca-Sandia, hechos que impulsan a tomar medidas radicales opinó el dirigente.
“LA PRESENCIA POLICIAL NO SIRVE SI NO HAY ACCIÓN”
El 44.1% del presupuesto gastado no se traduce en seguridad. Los 136 mil soles para combatir minería ilegal o los 50 mil soles para preparación ante emergencias son insuficientes. “Falta voluntad política”, advierten analistas, mientras la delincuencia opera sin frenos.
“La presencia policial en las calles es importante, sin embargo, si no se tiene un plan de trabajo, la preparación adecuada de los mismos policías cuando ocurre un asalto, robo, secuestro de qué sirve”, sostiene Antero Pimentel, al ver patrulleros dirigirse a actividades particulares de los efectivos o a policías en las calles, reunidos simplemente pasando el tiempo.
“No hay un plan claro”, critican dirigentes, pues los operativos anunciados no se ejecutan. La Inspectoría de la PNP debe investigar a 117 policías por conducta indebida, pero los informes no se publican. El Congreso aprobó la Ley N° 32386 en junio, que exige una reestructuración del Ministerio del Interior y la PNP en 90 días.
El plazo vence pronto, pero no hay cambios visibles. La Mesa de Trabajo Mixta, presidida por el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, Hernán Layme Yépez, parece más un espacio de promesas que de soluciones.
