Recientemente, el Congreso, mediante proyectos de ley como el N.° 9259/2024-CR impulsado por el congresista José Luna, busca ampliar nuevamente la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2026, lo cual permitiría que mineros no formalizados sigan operando sin regulación efectiva.
En Puno, bajo la vigencia de esta estrategia se ha permitido que muchos mineros ilegales, pasen como informales, que hasta el momento en su mayoría no han logrado reunir los requisitos para operar dentro del marco legal. Esta situación se ha visto impulsada en parte por la flexibilidad del Reinfo, que no ha servido para lograr la formalización minera.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, solo el 2.4% de los 87,111 mineros informales registrados en el Reinfo desde su creación en 2016 han logrado formalizarse.
Esto deja a un 79% de mineros con inscripción suspendida y cerca del 18.6% aún en proceso, lo cual permite que muchos continúen operando al margen de la ley. El proceso de formalización, concebido inicialmente para regularizar y fiscalizar la actividad minera, ha sufrido múltiples ampliaciones, lo cual ha favorecido el mantenimiento de operaciones informales que, sin cumplir con los requisitos ambientales y fiscales, persisten en la extracción y comercialización de minerales sin supervisión. Esta situación es especialmente grave en Puno, donde la minería informal genera impactos negativos en el medio ambiente, afectando ríos y tierras comunales; contribuyendo a la deforestación y la contaminación por mercurio. Para el departamento de Puno, esta posible ampliación implica no solo la continuidad de la minería informal sino también el riesgo de incremento en actividades ilegales asociadas, como la deforestación, la contaminación del agua de los ríos afluentes al lago Titicaca, prostitución, trata de personas, lavado de activos y la explotación laboral de menores, problemas que han sido recurrentes en áreas de alta actividad minera ilegal e informal.
