El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial PNP Carlos Handerzon Zárate Bayona. El agente es investigado por el presunto delito de extorsión agravada en agravio de un comerciante de cerrajería en Tumbes. La medida rige desde el 11 de septiembre de 2026 y vencerá el 10 de junio de 2027.
Según la imputación fiscal, el efectivo habría actuado como intermediario entre la víctima y las personas que realizaban las exigencias extorsivas. La Fiscalía sostiene que recibió S/3.000 con el argumento de que gestionaría el cese de las amenazas.
Comerciante recibió amenazas desde 2025
La investigación fiscal señala que el comerciante comenzó a recibir amenazas mediante WhatsApp en septiembre de 2025. Los mensajes exigían dinero a cambio de no atentar contra él ni contra sus familiares.
El caso escaló el 4 de agosto de 2026. Ese día, un artefacto explosivo fue detonado en la puerta de la vivienda del comerciante. Después del ataque, los presuntos extorsionadores exigieron S/15.000. Además, según la investigación, enviaron fotografías de la esposa y los hijos del comerciante. Estos elementos forman parte de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público.
El 8 de agosto, Zárate Bayona acudió al taller del comerciante, ubicado en la avenida Fernando Belaúnde Terry, en Puyango. De acuerdo con la Fiscalía, se presentó con el alias de “Zeta”. El suboficial habría asegurado que podía negociar con los extorsionadores. Posteriormente, realizó tres visitas al establecimiento y habría recibido S/3.000 en total.
Investigación continuará durante la prisión preventiva
Zárate Bayona fue detenido el 11 de septiembre en la sede de la Región Policial Tumbes. Durante las diligencias, el comerciante lo habría reconocido como la persona que recibió el dinero. Las autoridades también incautaron celulares, laptops, una presunta arma de fuego artesanal, prendas de vestir y motocicletas. Según la investigación, algunos de estos elementos guardarían coincidencias con registros obtenidos durante los presuntos cobros.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó declaraciones, registros de comunicaciones, movimientos bancarios, diligencias de reconocimiento y registros audiovisuales. El juzgado valoró estos elementos para resolver el pedido de prisión preventiva.
