Antes que la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso actúe, el Ejecutivo aprobó una resolución del Despacho Presidencial que, para efectos prácticos, impide que el grupo de trabajo presidido por Juan Burgos acceda a la información solicitada —vía la Ley de Transparencia y Acceso a la Información— al recorrido del vehículo oficial asignado a la jefa de Estado que habría ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón.
Con la aprobación de esta resolución, se facultó a la Casa Militar de Palacio de Gobierno a abstenerse de brindar la información que la Comisión de Fiscalización había solicitado sobre la ruta que siguió el vehículo oficial de Presidencia, conocido como el “cofre”, asignado a la presidenta de la República, que ayudó a fugarse al líder de Perú Libre.
El 17 de septiembre, se aprobó —a través de la Resolución N° 000042- 2024-DP/SG— que se califique como “secreto” el plan de seguridad de la presidenta de la República y colocó como de carácter reservado los anexos y un informe, el cual contendría información sobre el desplazamiento del denominado “cofre”.
