Una pena de 8 años podría poner fin al meteórico ascenso político de Edwin Martínez Talavera, quien pasó de ser alcalde a congresista. Una acusación por desbalance patrimonial de más de S/ 668 mil podría costarle el sueño de llegar a la Presidencia.
Escribe: jean carlo frisancho
Arequipa se convierte en el escenario de una delicada investigación que podría cambiar el rumbo político de Edwin Martínez Talavera.
El congresista, hoy sin bancada, enfrenta un proceso por presunto lavado de activos que compromete no solo su futuro, sino también a parte de su entorno más íntimo.
El 8 de abril, el Segundo Juzgado Penal Colegiado, bajo la conducción del juez René Castro Figueroa, escuchó los argumentos del fiscal Luis César Salas Bejarano, quien sostiene que Martínez no ha podido justificar el origen de una importante suma de dinero. El representante del Ministerio Público sostiene que, mientras fue alcalde de Mariano Melgar (2015- 2018), Martínez declaró ingresos que no superaban los S/ 370 mil. Sin embargo, sus gastos durante ese mismo periodo rozaron S/ 1millón 38 mil, una cifra que deja un vacío de más de S/ 668 mil cuya procedencia es, hasta ahora, desconocida.
Pero el congresista no es el único en la mira. Su exesposa, Sila Gabina Mogrovejo Peña, y sus hijos Braulio y Yordan también han sido implicados en la investigación.
La Fiscalía los señala por haber recibido y ayudado a legitimar dinero de origen ilícito. Además, se incluye en la acusación a David Cáceres, amigo cercano de Martínez, por su presunta participación en este mecanismo de conversión de dinero.
La Fiscalía ha solicitado penas severas: ocho años de prisión y 120 días multa para el congresista y su familia, mientras que Cáceres enfrenta un pedido de cuatro años y 80 días de multa. Las pruebas se centran en las inconsistencias de las declaraciones patrimoniales y el estilo de vida del legislador durante su paso por la alcaldía.
Pese a la gravedad de las imputaciones, el proceso judicial ha sido lento y accidentado. La etapa de juicio oral debió comenzar en 2023, pero las audiencias previas se aplazaron repetidamente, retrasando una decisión clave que podría definir no solo el destino de Martínez, sino también el de su círculo familiar.
AUDIENCIA
Durante la exposición, el fiscal provincial Luis César Salas Bejarano, detalló que mientras Martínez ejercía como alcalde del distrito de Mariano Melgar entre 2015 y 2018, realizó inversiones inmobiliarias que no se corresponden con sus ingresos declarados. Uno de los principales elementos que sustentan la acusación es la construcción de tres departamentos en un predio ubicado en la urbanización Lara en Socabaya, con un valor total de S/ 756 mil. Además, se registraron mejoras por S/ 102 mil en una segunda propiedad situada en la calle Atenas N° 335, en la urbanización Santa Rosa, inmueble en el que actualmente reside.
Estos bienes fueron luego transferidos a sus hijos mediante la figura legal de anticipo de legítima, pero en la documentación se consignó un valor simbólico de apenas S/10 mil por cada uno de los departamentos, lo que para la Fiscalía constituye una maniobra para encubrir el verdadero valor patrimonial y dar apariencia de legalidad a un capital de origen presuntamente ilícito.
Además, el Ministerio Público indicó que Martínez entregó dinero en efectivo a diversos miembros de su entorno. Los montos oscilaron entre los S/ 4 mil y S/ 25 mil y en el caso de su pareja sentimental, Catherine Cespe, alcanzaron los US$ 20 mil. Según la acusación, estas sumas se destinaron a la compra de vehículos y al establecimiento de dos empresas privadas (Axpe SRL y Achikilla SRL) fundadas en 2017, cuando Martínez aún ocupaba la alcaldía.
El patrón que expuso el fiscal apunta a una estrategia de transferencia de recursos a terceros, con el fin de ocultar su origen. Así, aunque los vehículos adquiridos figuraban a nombre de otras personas, eran utilizados por el propio Martínez y sus hijos, lo que fue corroborado mediante peritajes presentados en la audiencia.
El argumento central de la fiscalía es que los gastos de la entonces autoridad edil, superaron largamente sus ingresos formales, generando un desbalance patrimonial que bordea los S/ 668 mil. Tal diferencia, sostuvo Salas Bejarano, no ha sido debidamente justificada y evidencia un presunto origen ilícito de los fondos.
DEFENSA
Para fines de este artículo Diario Los Andes intentó comunicarse con el parlamentario sin haber obtenido respuesta. No obstante, en la continuación de este proceso, en la audiencia del 11 de abril, el parlamentario por Arequipa, reafirmó su rechazo a las imputaciones por el presunto delito de lavado de activos. Frente al Segundo Juzgado Penal Colegiado de Arequipa, declaró que no aceptaba los cargos, calificándolos de “fantasiosos” y negando de forma tajante cualquier responsabilidad penal o civil.
En esa misma línea, sus coprocesados —la expareja del congresista, Sila Gabina Mogrovejo Peña; sus hijos Braulio y Yordan Martínez Mogrovejo; y su amigo David Cáceres Hurtado— también rechazaron los señalamientos. Todos negaron haber recibido dinero de origen ilícito, o haber participado en maniobras destinadas a encubrir el verdadero origen de los fondos.
Durante la audiencia, la defensa de David Cáceres enfatizó que este contaba con solvencia económica propia para adquirir el vehículo que la Fiscalía vincula a una supuesta transferencia encubierta de activos. Se resaltó que Cáceres ha trabajado por más de 30 años en el Ministerio de Salud, en la región Moquegua, y que en el año 2016, cuando compró dicho vehículo, no tenía ningún vínculo con el entonces alcalde Martínez Talavera.
Según el Ministerio Público, el vehículo habría sido financiado con S/ 100 mil entregados por el congresista y posteriormente utilizado por él y sus familiares. Sin embargo, la defensa de Cáceres argumentó que la adquisición fue legítima y realizada con ingresos personales, cuestionando la relación directa con los fondos investigados
Dato.
No es su único proceso. También enfrenta una investigación en la Comisión de Ética tras una queja de Susel Paredes, quien lo denunció por insinuar que una víctima de presunta agresión sexual era en parte responsable por haber bebido alcohol.
Cifra.
369 Mil 600 soles declaró el parlamentario cuando fue alcalde del distrito de Mariano Melgar entre 2015 y 2018. Durante ese mismo periodo sus egresos fueron de 1 millón 38 mil soles.
