Escribe: Oscar Pareja Castro
El último fin de semana el Perú fue testigo de un hecho trágico en la ciudad de Trujillo (La Libertad) que cobró hasta el sábado la vida de 6 personas y dejó decenas de heridos, al desplomarse el techo del patio de comidas del Real Plaza. Todo apunta a que el accidente pudo haberse evitado, pero gracias a la corrupción enquistada en todos los niveles del Gobierno, habría provocado este penoso episodio mortal, y que por cierto -nada extraño-, alcanza las responsabilidades hasta el Congreso de la República.
Ocurrido el accidente, los señalamientos son varios.
Héctor Acuña, hermano de César Acuña, líder del Alianza Para el Progreso (APP), lo culpó de la tragedia en el Real Plaza Trujillo y dijo que pedirá la comisión de Fiscalización del Congreso que intervenga. A decir de Héctor, el copamiento de municipios con afiliados de APP entorpece acciones como la supervisión y fiscalización, recordando que, el referido centro comercial fue clausurado en 2023 por falta de garantías, pero, fue reabierto luego de algunos días por el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, de Alianza Para el Progreso, sí, el mismo partido implicado en el caso de una red de prostitución en el Parlamento. Asimismo, desde la capital algunos medios de comunicación también recordaron cómo es que desde el Congreso se limitó el cierre del Real Plaza en Trujillo mediante la aprobación de una ley.
Como no podía ser de otro modo, los partidos políticos implicados en este hecho son Fuerza Popular, el infaltable APP, Renovación Popular, Podemos Perú, Avanza País, entre otros. La ley N° 31914, impulsada desde Fuerza Popular y promulgada por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, establecía que si los centros comerciales presentan un riesgo inminente contra la vida, la salud, la seguridad o la propiedad de las personas se debe proceder con la clausura.
Empero, -y lo más importante- también precisaba que las municipalidades deben levantar la clausura temporal de un centro comercial en un máximo de 48 horas.
Para colmo de males, la mandataria ahora exige sanciones para los responsables de la tragedia en Trujillo sin precisar que fue su Gobierno que el 28 de octubre de 2023 sin objeción alguna aprobó la referida norma. Aquel año, entre los 85 votos que permitieron la aprobación de la hoy cuestionada norma, figuran los votos de los congresistas arequipeños Ricardo Esdras Medina, Alex Paredes y Diana Gonzales Delgado; así también los votos de los parlamentarios puneños Jorge Flores Ancachi y Oscar Zea Choquechambi.
En un hecho aún más insólito, en 2024, la congresista Adriana Tudela de Avanza País propuso un proyecto de ley para que las inspecciones a centros comerciales tuvieran vigencia indefinida. La parlamentaria retiró el proyecto.
¿Todo esto son acciones gratuitas de los congresistas? ¿Acaso no se siente un tufo a lobby? Lo REAL, es que hay varios muertos y familias destrozadas con la caída del techo del Real Plaza y muchos deben comenzar a pesarles la consciencia. ¿Este Congreso que norma a favor de la delincuencia, la informalidad, de los apetitos personales y el caos es el que merecemos?
