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Fiscalía investiga oficina municipal por permitir prostíbulos en el nuevo plan de la ciudad

El Ministerio Público incautó documentación en el organismo municipal tras detectar que el Plan de Desarrollo Metropolitano contemplaba zonas para lenocinios. El fiscal Pool Alarcón recordó que la comuna ya contaba con una exhortación previa.

Ministerio Público incauta documentos del IMPLA a un día de entregar el PDM

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Arequipa intervino la sede del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) para incautar documentación clave. La diligencia, liderada por el fiscal adjunto Pool Kevin Alarcón Barrionuevo, se ejecutó a solo un día de que la comuna entregue el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) 2026-2045 al Ministerio de Vivienda.

La investigación preliminar de 60 días busca determinar responsabilidades por el presunto delito de favorecimiento a la prostitución. El Ministerio Público inició las actuaciones de oficio tras detectar en el Reglamento de Zonificación que las zonas industriales I1 e I2 contemplaban el funcionamiento de prostíbulos, casas de cita y lenocinios.

Existen antecedentes de advertencias a la Municipalidad Provincial de Arequipa

El fiscal Alarcón reveló que la institución ya había iniciado un procedimiento previo a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) por intenciones de autoridades anteriores de implementar una «zona rosa». A raíz de ese antecedente, la Fiscalía emitió una severa exhortación formal que obligaba a la comuna a abstenerse de otorgar licencias para dichos giros.

«Existe un antecedente donde a la MPA se le inició un procedimiento previo por cuanto se tomó conocimiento de publicaciones o versiones dadas por autoridades anteriores de la intención de crear una zona rosa en Arequipa», explicó el representante del Ministerio Público.

Durante el operativo en el IMPLA, el personal edilicio entregó los expedientes administrativos requeridos por las autoridades. Todo el material incautado será evaluado por la Policía y la Fiscalía para determinar el origen de la propuesta y definir la responsabilidad legal de los involucrados.

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