Los escándalos continúan en la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Esta vez, la Contraloría halló graves irregularidades cometidas por funcionarios designados durante sus primeros meses de gobierno, en 2023.
Esto según el Informe N.° 045-2025-2-5334-AC que señala a 12 funcionarios por causar un perjuicio económico de S/ 1,313,964 en la mejora de la I. E. N.° 40024 Manuel Gonzales Prada, ubicada en el distrito de Alto Selva Alegre.
PAGOS TRIPLES
El primer perjuicio, valorizado en S/ 108 058, provino de la aprobación irregular del Adicional de Obra N.° 04, donde se detectó una sobrevaloración técnica de cables eléctricos. El expediente técnico del contratista triplicó los metrados reales: registró 30 metros lineales de cable NZXOH (3-1×95 mm²) cuando solo se necesitaban 10, y 4,203 metros de cable NZXOH (3-1×16 mm²) pese a que la demanda real era de 1,366 metros.
Los funcionarios no advirtieron que la nomenclatura NZXOH 3-1x… describe un cable triple unipolar, lo que generó un sobrecosto directo de S/ 87,116 al que se sumaron gastos generales, utilidad e IGV. La aprobación del adicional fue firmada por el entonces gerente de Infraestructura, Guillermo Hans Valcárcel Valdivia, sin verificación técnica ni inspección física adecuada, en la exgestión del gobernador Elmer Cáceres Llica.
RETRASO
Según la Contraloría, el contrato N.° 019- 2020-GRA establecía expresamente la aplicación automática de penalidades por mora ante cualquier retraso injustificado. Sin embargo, el coordinador de proyectos, Camilo Guillen Medina, quien laboró entre el 3 de junio de 2022 y el 31 de marzo de 2023 (ya en la gestión de Rohel), emitió informes técnicos (N.° 351-2022, 401- 2022 y 070-2023) que otorgaron 357 días de ampliación de plazo al contratista sin descontar las demoras atribuibles a este.
Como resultado, el Gobierno Regional dejó de aplicar una penalidad por mora de S/ 900,661 no recuperó S/ 27,018 por servicios de supervisión, efectuó un pago indebido de S/ 53,004 por la Valorización N.° 29 y solo sancionó con S/ 12,249 a la empresa supervisora, pese a haber emitido un certificado de conformidad técnica sobre una obra inconclusa.
SIN REVISAR
Según el documento, el comité de recepción, integrado por Ronald William Dueñas Mamani, Erik Trigoso Vela y Edward Rigoberto Flores Molina, firmó el acta de recepción el 25 de enero de 2023, sin verificar que todas las partidas estuvieran ejecutadas ni que las reducciones de metas contaran con aprobación formal.
Asimismo, la Contraloría determinó que el especialista técnico Joe Hellmuth Santos Hernández, incorporado en febrero de 2023, refrendó el informe de Guillen Medina pese a conocer las demoras imputables al contratista, recomendando también aprobar la ampliación del plazo sin sustento.
El entonces gerente regional de Infraestructura, James Llerena Torres, designado el 2 de enero de 2023, habría tenido participación directa en la tramitación de modificaciones contractuales fuera del plazo establecido. Derivó los informes N.° 030-2023 y 136- 2023 para opinión técnica, pese a que la obra ya se encontraba en proceso de recepción. La Contraloría señala que estas acciones contravinieron la Ley de Contrataciones del Estado y provocaron demoras administrativas innecesarias.
