Por: Oscar Pareja Castro
Las autoridades de los gobiernos subnacionales están llegando a la mitad de sus gestiones y el panorama en relación a eficiencia de gasto y obras de envergadura no es el mejor.
Es así que, este año los gobiernos regionales del sur del Perú podrían perder más de 600 millones de soles por no ejecutar el total de sus presupuestos en lo que va del año.
Especialistas en administración pública, sostienen que un gobierno aparentemente eficiente no puede gastar menos del 90 % de su presupuesto.
La consigna de gastar casi la totalidad de su recurso asignado anualmente, es para evitar que ese dinero retorne al Estado.
Y aunque, más de una autoridad pretende asegurar que el presupuesto no se pierde, lo real es que se desaprovecha en determinado tiempo – un año- gastar el presupuesto asignado.
La incapacidad de una ejecución óptima además pone en riesgo la posibilidad de que el Ejecutivo para el próximo año reduzca el presupuesto porque la entidad no sabe gastar.
A nivel de la macrorregión sur, Puno de Richard Hancco, a un mes de finalizar el año corre el riesgo de perder casi 300 millones de soles, sí, una suma que bien serviría para la ejecución de una obra de relativa envergadura.
La gestión de Rohel Sánchez no se queda atrás. Su cuestionado gobierno podría devolver 165 millones de soles al Estado. Tacna y Moquegua no se salvan de la crítica.
Este panorama grafica un grave problema por el que atraviesan estos gobiernos y que radican en la falta de profesionales idóneos que puedan contribuir en mejorar la gestión.
La eficiencia de gasto no solo radica en el cumplimiento de metas, sino también en el dinamismo económico que se genera en cada región, en tiempos en el que el trabajo no está en su mejor momento.
Sin embargo, a muchas de las autoridades regionales parece no interesar estos aspectos que tienen efectos sociales como el impacto en cada una de las familias del sur.
Parece que el interés de las autoridades es otro y prueba de ello son las reiteradas denuncias en las que se ven envueltos los gobernadores y sus funcionarios, como presuntos casos de nepotismo, licitaciones aparentemente “arregladas“, funcionarios y personal que no cumplen el perfil profesional, o personajes del entorno más cercano al gobernador con graves cuestionamientos.
Es difícil pensar que este panorama vaya a cambiar el 2025, sobretodo si hay autoridades carentes de autocrítica y que se creen “todopoderosos“ en una gestión pasajera con un ocaso prematuro.
Por si fuera poco, hay gobernantes que hasta hace poco deslizaban la posibilidad de participar en un proceso de elecciones ante una eventual reelección de autoridades, inscribiéndose en determinados partidos políticos, o utilizando su poder para que cercanos o familiares participen de inauguraciones y de forma tácita se hagan conocidos para posibles candidaturas en el 2026. Por eso estamos así.
