Tal como había advertido Los Andes, la empresa Orocom incumplió con la entrega de la infraestructura básica del proyecto para implementar internet de banda ancha a los beneficiarios. Por si fuera poco, tampoco paga los recibos de fluido eléctrico.
Esta situación ha llevado a la adenda número 22 a favor de la empresa, ampliando el plazo para la instalación de redes en los establecimientos beneficiados hasta el 12 de octubre de este año.
NUEVO PLAZO
Este nuevo plazo pone también a la empresa concesionaria bajo presión, ya que según sus propios informes, la inversión física alcanzó el 68.78 % el 4 de junio de este año.
Es importante señalar que la red de transporte que conecta las capitales de provincias está terminada desde hace meses, pero la red de distribución que llega a instituciones como escuelas, comisarías y centros de salud aún no está concluida.
Otro gran problema es que Electro Puno ha cortado el fluido eléctrico a muchas instalaciones, dejando las redes de distribución de internet completamente inútiles en esos lugares.
SIN SERVICIO
El servicio eléctrico ha sido cortado en Pusi, Cabanilla, Achaya, Caminaca, Samán, Huata, Cotos, Capachica y Nicasio, donde la empresa debe hasta tres meses de pago por consumo eléctrico según los recibos.
Estos servicios deben ser pagados por Orocom, como estipula su contrato, que incluye un periodo provisional para operar y mantener las redes de transporte después de la instalación.
Considerando esta situación, la Contraloría General de la República ha enviado un documento al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) instando a regularizar esta situación.
UNA “BICOCA”
Es relevante mencionar que, debido a estos retrasos, la contratista ha sido sancionada con penalidades que acumulan un total de S/ 438 mil 800.
Aunque el monto inicial de la inversión fue de S/ 280 millones 656 mil 800, este se ha actualizado y casi duplicado, ascendiendo ahora a S/ 403 millones 905 mil (al cambio, pues la tarifa original es en dólares).
Cabe recordar que el contrato para la instalación fue firmado el 9 de junio de 2018, con una fecha límite de entrega hasta el 20 de julio de 2021, la cual la empresa no cumplió.
A pesar de las dificultades enfrentadas durante el periodo de instalación, incluyendo el rechazo de ciudadanos en zonas remotas que temen a las antenas, alegando que propagan enfermedades, la empresa ha enfrentado múltiples obstáculos.
El proyecto fue diseñado para conectar a internet 962 establecimientos entre escuelas, centros de salud y comisarías, pero hasta ahora esto no se ha materializado. Incluso, una inspección reveló que algunos centros educativos que debían beneficiarse tienen conexiones privadas financiadas por los padres de familia.
