Escribe: Jean Carlo Frisancho
En 2024 el Pleno del Congreso aprobó otorgar un bono mensual de hasta 9.360 soles a los jueces titulares del Poder Judicial “en reconocimiento de su labor y dedicación al servicio público”
¿Se imagina ganar hasta el 80 % de su sueldo de un año al siguiente sin asumir ninguna responsabilidad adicional, ni una motivación clara? Ese es el beneficio que el Congreso de la República oficializó el 6 de noviembre de 2024, mediante su publicación en el diario oficial El Peruano a miembros del Poder Judicial. La medida establece una bonificación mensual para jueces titulares del Poder Judicial, cuya implementación costará un estimado anual de 274 millones de soles, según el predictamen aprobado.
Esta cifra se desglosa según el tipo de magistrado titular beneficiado: El presidente de la Corte Superior de Justicia y los jueces superiores recibirán un bono mensual de S/ 9,360, equivalente al 80 % de 4.5 Unidades de Ingreso del Sector Público (UISP); los jueces especializados y mixtos percibirán S/ 7,254 (62 % de 4.5 UISP), mientras que los jueces de paz letrado obtendrán S/ 4,680 (40 % de 4.5 UISP).
El financiamiento del bono provendrá de saldos presupuestarios no ejecutados del Poder Judicial en 2024 y de partidas previstas en el presupuesto institucional para 2025.
Según el Congreso, esta medida no demandará recursos adicionales del Tesoro Público, respaldándose en un presupuesto total de S/ 3,788 millones asignado al órgano judicial. César Revilla, secretario de la Comisión de Presupuesto, afirmó que la iniciativa no contraviene las leyes presupuestarias previas, ya que estas permitieron excepciones similares para bonificaciones dirigidas a jueces supremos.
INGRESO ÍNTEGRO
El proyecto de ley 5961/2023-CR fue aprobado en el Pleno del Congreso con 78 votos a favor, 4 en contra y 18 abstenciones.
A pesar de las observaciones planteadas por el Poder Ejecutivo, el Congreso insistió en la aprobación argumentando que la medida cuenta con un sustento técnico y financiero.
Cabe destacar que el bono no tendrá carácter remunerativo ni pensionable, lo que significa que no estará sujeto a cargas sociales ni formará parte del cálculo de beneficios laborales como la CTS. Esto permite que los montos sean percibidos íntegramente por los beneficiarios.
La finalidad declarada de esta bonificación, según el Congreso, es corregir las desigualdades salariales entre los niveles de la carrera judicial, fomentando un entorno más equitativo y estable para los magistrados titulares.
Según los legisladores, este ajuste salarial busca “evitar conflictos laborales y promover un sistema más justo que contribuya a la eficiencia del Poder Judicial”.
PRODUCTIVIDAD
Mientras el beneficio es una realidad, ¿cómo va la producción judicial? La Corte Superior de Justicia de Arequipa cerró el año 2024 enfrentando una monumental carga procesal de 400 mil expedientes, según informó César de la Cuba Chirinos, expresidente de esta institución.
De esta cifra, el 46 % se encuentra en trámite y el 54 % en ejecución o cumplimiento de sentencias. Aunque se reportaron ligeros incrementos en la productividad, entre 0.9 % y 1 %, De la Cuba subrayó que estas mejoras están limitadas por la escasez de jueces y personal administrativo.
Además, destacó que los avances en tecnología, como la implementación de inteligencia artificial, han sido importantes, pero insuficientes para abordar problemas estructurales como la falta de juzgados y una infraestructura deficiente.
Durante los últimos dos años, se aplicaron aproximadamente 400 sanciones por demoras en los procesos, incluyendo multas y suspensiones a trabajadores y magistrados.
DESIGUALDAD
En diciembre, los 123 jueces titulares de Arequipa recibieron un bono único de entre 7 mil y 9 mil soles, mientras que los jueces de Paz Letrado obtuvieron 5 mil soles, financiados con saldos presupuestales. Este bono, aclaró De la Cuba en su momento no formó parte de la homologación salarial que deberían recibir los magistrados desde 2018, equiparándolos con los jueces supremos.
Sin embargo, el expresidente también cuestionó la desigualdad laboral dentro del sistema judicial, denunciando que el personal CAS, especialistas y secretarios de juzgados perciben haberes hasta cuatro veces menores que otros trabajadores, pese a realizar las mismas funciones.
RESOLUCIONES
¿Y qué tanto va de la mano los nuevos bonos con la labor judicial?
El Poder Judicial últimamente está marcado por decisiones cuestionables y resoluciones superiores controvertidas.
Por ejemplo, Olinda Condori, madre de un niño de 8 años fallecido, denunció al juez Manfred Honorio Vera Torres de la Corte de Justicia de Arequipa por negarle ser parte civil en un proceso contra la empresa estatal SEAL.
Increíblemente, la negativa se basó en la ausencia de un testamento o sucesión intestada del menor, lo que ella calificó de “aberración” y un impedimento para acceder a la justicia. Este caso fue elevado a la Junta Nacional de Justicia.
Por otro lado, la inestabilidad del sistema judicial se evidencia en juicios anulados a autoridades de la región.
Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado, fue sentenciado en 2023 a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito, pero huyó antes de cumplir su condena.
La autoridad acudió a la Corte Suprema y esta anuló la sentencia, dejando mal parados a los jueces arequipeños. Vera volvió a la alcaldía, sin embargo, en un proceso similar por enriquecimiento ilícito, ha sido nuevamente hallado culpable, pero sin pena efectiva de cárcel, generando indignación en la opinión pública que duda de la idoneidad de los encargados en impartir justicia.
Casos similares involucran a los exalcaldes de Arequipa, Omar Candia y Alfredo Zegarra.
El primero, acusado de colusión agravada por la compra irregular de cámaras de seguridad por más de 2 millones de soles, fue condenado a 6 años de prisión, pero evadió su captura y pasó a la clandestinidad en 2022.
La Corte Suprema revocó su sentencia y la labor de los jueces arequipeños quedó entre lo risible e indignante.
En el caso de Zegarra, acusado de cohecho pasivo propio por tráfico de terrenos en la asociación Jardines de Chachani, su condena de 5 años fue anulada por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Arequipa el 11 de enero de 2025, ordenándose un nuevo juicio debido a insuficiencia probatoria.
VACACIONES
Este mes, en el que debería ejecutarse la Ley Nº 32164, los jueces titulares recibirán sueldos que pueden alcanzar hasta 30 mil soles durante su periodo vacacional.
Desde el 1 de febrero hasta el 2 de marzo de 2025, se llevarán a cabo las vacaciones judiciales para magistrados y personal auxiliar de todas las Cortes Superiores del país, según lo aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ).
Durante este periodo funcionarán órganos jurisdiccionales de emergencia, designados por las Presidencias de las Cortes Superiores.
