La Contraloría detectó que en el Hospital Carlos Monje Medrano (HCMM) de Juliaca, se realizó el requerimiento para la adquisición de insumos para laboratorio (reactivos), pero se consideró para su pago solo una carta de compromiso y no una carta fianza.
De este modo, se generó el incumplimiento del contrato y un perjuicio económico mayor a los 12 mil soles. Cuatro funcionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
Hechos
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 003-2022-2-0670-SCE, el jefe de departamento de patología clínica, en su calidad de área usuaria, realizó el requerimiento para la contratación de adquisición de reactivos.
En ese marco, aceptó que el pago sea de forma adelantada, previa presentación de una carta de compromiso y no de una carta fianza, lo cual fue aceptado por el jefe de Logística, a pesar de que el pago suele realizarse después de ejecutarse la prestación de servicio.
Por otro lado, la comisión de control evidenció que el jefe de área de almacén y el jefe del departamento de patología clínica otorgaron conformidad por la totalidad de reactivos el 31 de diciembre de 2021 y 13 de enero de 2022, respectivamente.
Esto, pese a que la empresa contratista realizó la entrega parcial de los reactivos el 4 de enero de 2022, teniendo pendiente la entrega de reactivos valorizados en 34 mil 754 soles.
Asimismo, los equipos de laboratorio denominados “Analizador de bioquímica” se encontraban en la entidad desde el 24 de julio y 18 de diciembre de 2019, incumpliendo las especificaciones técnicas referidas a la antigüedad no mayor a un año.
Así, se permitió que el 25 de enero de 2022, la entidad realice el pago íntegro de 101 mil 124 soles al contratista, evitando la aplicación de penalidades por mora, ascendente a 10 mil 112 soles; asimismo, se otorgó conformidad a la empresa contratista pese a no cumplir con la entrega completa de los reactivos valorizados en 2 mil 676 soles.
Algo +
Se notificó al titular de la Red de Salud San Román y al procurador público para el inicio de las acciones administrativas y penales.
