El Juzgado de Familia Transitorio especializado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de San Román-Juliaca inició una maratón de audiencias para revisar más de 4 mil medidas de protección dictadas durante los últimos cinco años y evaluar si continúan vigentes las condiciones que motivaron su otorgamiento.
La iniciativa, impulsada de oficio por el juez Santos Llanos Quispe, busca determinar si las víctimas siguen expuestas a situaciones de riesgo y establecer si corresponde mantener, modificar o cesar las medidas de protección, según las circunstancias actuales de cada caso.
Durante las audiencias, el magistrado escucha a las partes y analiza cada situación. Si persiste el riesgo de violencia, el juzgado podrá dictar medidas más estrictas; si las condiciones han cambiado y ya no existen los motivos que justificaron su otorgamiento, podrá evaluar su cese.
Redacción: Patricia Cari
