Entre 2023 y 2025, la bancada de Fuerza Popular (FP), liderada por Keiko Fujimori, ha sido pieza clave en la aprobación de siete leyes que, según el Ministerio Público, Human Rights Watch (HRW), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Poder Judicial, desmantelan herramientas esenciales para combatir la corrupción, el crimen organizado y los delitos de lesa humanidad.
Expertos como Heber Joel Campos (PUCP) las denominan “leyes pro-crimen” por generar impunidad estructural, violar la Convención de Palermo y priorizar garantías procesales excesivas sobre la seguridad ciudadana. Ahora, Fujimori quiere ser presidenta y promete seguridad al ciudadano, pese a que sus congresistas han actuado en forma contraria a favor de la criminalidad.
LEY SOTO
La Ley 31751 (mayo de 2023), conocida como Ley Soto, fue respaldada con 21 votos fujimoristas en el pleno y en la Comisión de Justicia (presidida entonces por FP). Limita a un año la suspensión de la prescripción en delitos complejos, generando vacíos legales que impiden procesar casos de corrupción, lavado de activos y lesa humanidad. HRW la califica como “retroceso significativo” que beneficia a exfuncionarios y militares involucrados en violaciones graves.
MINERÍA ILEGAL
La Ley 31989 (2024) impide la incautación de bienes en minería ilegal, obstaculizando el decomiso de explosivos, maquinaria y rutas de lavado. Según la Policía Nacional, esto ha permitido la expansión de mafias en VRAEM, La Pampa y Pataz, donde el oro ilegal financia extorsiones y narcotráfico.
COLABORACIÓN EFICAZ
La Ley 31990 (agosto de 2024) recorta los plazos de colaboración eficaz a 16 meses para casos complejos, incluso si involucran redes transnacionales. El fiscal de la Nación advirtió que esto “golpea de muerte” investigaciones como Lava Jato, Los Cuellos Blancos y Los Dinámicos del Centro, al desincentivar a delatores clave.
“LEY LAVADORA”
La Ley 32054 (junio de 2024), impulsada por Martha Moyano (FP) desde la Comisión de Constitución, excluye a los partidos políticos de la responsabilidad penal prevista en la Ley 30424. Esto blinda directamente a FP, Perú Libre y Renovación Popular en procesos por organización criminal (como el Caso Cocteles, donde FP es acusada de recibir US$ 17 millones ilícitos). La norma fue aprobada pese a observaciones del Ejecutivo.
LESA HUMANIDAD
La Ley 32107 (agosto de 2024), promovida por Fernando Rospigliosi (FP), prescribe los delitos de lesa humanidad del conflicto armado interno (1980-2000), habilitando amnistías encubiertas para exmilitares y exmiembros de grupos terroristas. ONU y CIDH la cuestionan por violar tratados internacionales y abrir la puerta a la impunidad en casos como La Cantuta y Barrios Altos.
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
La Ley 32108 (agosto de 2024) redefine la organización criminal, elevando requisitos y excluyendo 59 delitos (colusión, peculado, cohecho). Además, obliga la presencia de abogado en allanamientos, lo que retrasa operativos. El Sindicato de Transportistas la responsabiliza del aumento del 900 % en extorsiones (28.000 denuncias en 2025) y 65 homicidios en el sector desde agosto de 2024. La norma fue aprobada con 12 votos en Comisión de Justicia, donde FP impulsó modificaciones clave.
DETENCIÓN
Finalmente, la Ley 32181 (2024, modificada 2025) prohíbe la detención preliminar para policías por uso de fuerza y permite salidas carcelarias a mayores de 80 años. Esto protege abusos policiales (caso Rosalino Florez) y beneficia a reos de alto perfil como Vladimiro Montesinos. FP votó junto a Perú Libre para derogar la detención preliminar.
