Escribe: Jean Carlo Frisancho
En el 2024 varios efectivos se convirtieron en noticia al revelarse que eran parte de organizaciones criminales o en asesinos. General de la PNP demanda aprobación social. La Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta una crisis profunda en su imagen. Su prestigio está por los suelos, con denuncias constantes que involucran a miembros de todos los niveles de la institución. Estas denuncias implican a sus integrantes vinculados a bandas criminales y con actos de corrupción, entre otros delitos graves.
Una frase comúnmente utilizada cuando surge un nuevo caso de corrupción es que “algunos elementos no pueden dañar la imagen de toda la institución”; sin embargo, los datos contradicen esta afirmación.
Según la propia Inspectoría de la Policía, a inicios de este año, alrededor de 20,000 policías estaban bajo investigación por delitos y faltas graves, como pertenecer a organizaciones criminales, delitos flagrantes, cobro de coimas y abuso de autoridad.
En 2023, más de 1,030 efectivos habrían sido expulsados por corrupción, una cifra que ha crecido anualmente. Este fenómeno no se limita a la capital. Los actos de corrupción y los escándalos se han extendido por todo el país, afectando a todas las regiones, provincias y distritos.
La situación refleja una crisis sistemática que pone en entredicho la capacidad de la PNP para cumplir su misión y recuperar la confianza de la ciudadanía.
AREQUIPA
Por ejemplo, en la región Arequipa, la situación de la Policía refleja serios problemas de corrupción y violencia.
Durante este 2024, la Inspectoría recibió 600 denuncias, principalmente por corrupción y violencia contra la mujer, de las cuales muchas fueron archivadas por falta de pruebas. Actualmente, 41 agentes enfrentan procesos, 20 por violencia familiar, 15 por conducir ebrios, además de casos por coimas, peculado y robo agravado. Algunos están con prisión preventiva.
El 2 de febrero, el suboficial de tercera Jean Carlo Valencia Manzano fue detenido por su presunta participación en tres asaltos, incluyendo uno en una cabina de internet en Cayma. Al revisar el vehículo en el que se movilizaba, se hallaron herramientas y documentos vinculantes.
En abril, los suboficiales Ccapa Parisaca y Peña Meléndez fueron arrestados por apropiarse de combustible destinado a la PNP. A mediados de año, el comisario de Mariscal Castilla y un suboficial fueron detenidos por extorsionar locales nocturnos en Cerro Colorado, hallándose entre las pertenencias del comisario S/ 80,000.
En julio, el suboficial Lyndon Sotomayor Guerra fue capturado por recibir un soborno de S/ 500 y un celular tras exigir S/ 1,200 para no proceder con una denuncia. El operativo se realizó en la comisaría de Santa Rita de Siguas.
En septiembre, Antony Pérez Mamani fue acusado de asesinar a Fredy Pacompia y a su hijo de 16 años en una discoteca, resultando otros dos hijos de la víctima heridos. A Pérez se le dictó prisión preventiva, revocada luego por razones de salud.
El 30 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción detuvo a 10 policías, incluidos cuatro de Arequipa, por formar parte de la organización criminal ‘Los Arteros del Sur’, que extorsionaba a detenidos mediante pruebas falsas.
Este mes, siete efectivos fueron grabados aparentemente cobrando coimas en locales nocturnos en José Luis Bustamante y Rivero.
Además, el comisario de Cayma, Joaquín Melidio Vera Arce fue acusado de agredir a la madre de sus hijos tras una discusión por pensión alimenticia atrasada.
PUNO
En la región altiplánica la situación de la Policía es similar. En febrero, dos policías fueron detenidos en Desaguadero por solicitar una coima de dos mil soles tras intervenir a un hombre por no portar su licencia de conducir. El Ministerio Público los acusó de cohecho pasivo y descubrió que borraron el acta policial.
También en Puno, cinco policías comenzaron a ser investigados por causar un aborto a una mujer embarazada durante una intervención violenta en Lampa.
El 21 de junio, un operativo conjunto de la PNP y el Ministerio Público detuvo a 23 personas, incluyendo tres policías, vinculados a la organización criminal ‘Los Carniceros de Satipo’. El grupo robaba camionetas Toyota 4×4 en varias regiones, incluida Puno, y las vendía en la frontera con Bolivia. Se realizaron 31 allanamientos, incluida la casa de uno de los agentes implicados.
El 27 de junio de 2024, la Fiscalía de Juliaca abrió una investigación contra cinco policías de San Juan del Oro por presunto favorecimiento al tráfico de drogas.
Los agentes estarían involucrados en el ‘arranche de droga’, apropiándose de estupefacientes decomisados en operativos sin supervisión. Se detectó que no se informó correctamente sobre el decomiso de 18 paquetes de cocaína.
El 2 de diciembre de 2024, dos policías de Carreteras fueron acusados de robar S/ 1.500 a un pasajero en Puno. Tras la denuncia, las rondas campesinas de San Gabán intervinieron, recuperaron el dinero y obligaron a los agentes a hacer ejercicios como castigo.
El afectado, Hugo Mamani, afirmó que los policías lo amenazaron con una investigación por lavado de activos.
Para cerrar el año, el 12 de diciembre, tres policías fueron detenidos en Juliaca, Puno, por extorsionar a un mototaxista. Le exigieron un soborno a través de Yape para no incautar su vehículo. El mototaxista realizó transferencias de 1,200 y 1,400 soles, además de entregar 400 soles en efectivo.
NACIONAL
A nivel nacional, la situación es más grave. al es el caso de Sheyla Cóndor, quien fue asesinada por un efectivo policial.
Sus restos fueron descuartizados y colocados en una maleta dentro de un departamento. El principal sospechoso del crimen es Darwin Condori Antezana, un efectivo policial y dueño del inmueble, quien estuvo prófugo de la justicia hasta que fue hallado muerto en circunstancias extrañas. Varios son investigados en relación con el caso.
DEFENSA
Al respecto, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, señaló en la segunda El estudio del Centro de Gobierno de la UCSP revela que en 2023, el 76.14 % de los actos delictivos no se denunciaron, mientras que solo el 23.86 % fue registrado ante la policía, a pesar de que el 90 % conoce la comisaría más cercana. Mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana que los agentes enfrentan un grave “problema de salud mental” debido a la falta de aprobación social.
Zanabria pidió a la ciudadanía valorar el trabajo policial: “Reconozcamos el esfuerzo de los buenos policías. ¿Los catorce muertos este año fueron en vano? Los 260 mil detenidos no los trajo Papá Noel”, enfatizó.
Lo que es cierto es que la confianza en la policía sigue siendo baja. Según el Boletín Informativo Estadístico de la PNP, que recopila datos entre enero y octubre de 2024, el 66 % de los ciudadanos no confía en los efectivos policiales.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha evitado enfrentar los problemas internos de la PNP, culpando a fiscales por la liberación de delincuentes y desviando la atención de las malas conductas policiales.
Empero, la gestión de Santiváñez está marcada por el cuestionamiento por el presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia sentenciado por corrupción. Ahora haría lo propio con el hermano de la mandataria Dina Boluarte.
Además, ha sido criticado por perseguir a efectivos destacados, como Harvey Julio Colchado Huamaní, quien estuvo al frente de la Diviac y que a cargo de los allanamientos a la residencia de la presidenta Dina Boluarte. “No vamos a permitir que nuestra Policía Nacional se politice”, justificó al respecto.
El general PNP Colin Sim Galván, jefe de la Región Policial Arequipa, sobre la labor de la Policía dijo que se actúa de inmediato ante las denuncias contra agentes, tomando medidas como la remoción de sus cargos.
Sin embargo, destacó que es la Inspectoría de la PNP quien determina el futuro de los implicados.
También reconoció que, a pesar de los esfuerzos realizados, la delincuencia común y la criminalidad continúan siendo un problema en el país. Por ello, subrayó la importancia de contar con el apoyo de las autoridades para enfrentar estos desafíos de manera efectiva. Una labor interconectada es necesaria.
DATO
El estudio del Centro de Gobierno de la UCSP revela que en 2023, el 76.14 % de los actos delictivos no se denunciaron, mientras que solo el 23.86 % fue registrado ante la policía, a pesar de que el 90 % conoce la comisaría más cercana.
LA ÚNICA SOLUCIÓN SERÍA MEJORAR LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES
Entrevista al Coronel (r) PNP José Miguel Briones, secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana. Señaló que la institución policial enfrenta serios problemas relacionados con la indisciplina y la carencia de valores en la formación de sus integrantes.
Últimamente ha habido muchas acusaciones contra la Policía. ¿Por qué cree que se ha producido esta decadencia en la institución?
“Lamentablemente, muchas veces la institución se desacredita debido a una mala selección de personal. A veces, las personas que ingresan provienen de contextos familiares o académicos problemáticos, y como la policía les da contacto directo con la ciudadanía, algunos cometen errores graves. Esto ocurre debido a una falta de valores en la formación. Es esencial que los elementos indeseables se alejen de la institución.”
Entonces, ¿cuál sería la solución para este problema?
“Definitivamente, mejorar las escuelas de oficiales y suboficiales es crucial. Además, la selección de personal debe ser más rigurosa. Cuando yo ingresé, se investigaba a fondo el perfil de cada postulante. Hoy en día, el sistema ya no tiene el mismo control.”
¿Y cómo afecta esto a la seguridad en general? ¿Las malas acciones de algunos agentes afectan la moral de los buenos policías?
“Cuando los buenos policías ven que otros cometen actos indebidos sin consecuencias, esto daña la moral de toda la institución. Es importante mantener los valores institucionales, como la deontología policial, y asegurarnos de que los errores se sancionen de forma ejemplar. Cuando alguien comete un error o un delito, debe ser inmediatamente separado y dado de baja, de forma pública, para que sirva de ejemplo.”
¿Cree que la política debería mantenerse alejada de la policía?
“Sí, la política debería mantenerse al margen de la policía. La fuerza policial debe ser independiente para que pueda tomar decisiones basadas en la ley y no por intereses políticos. La disciplina debe ser la norma, y cuando se cometen errores graves, las sanciones deben ser claras y ejemplares.”
Finalmente, ¿cómo evalúa la seguridad en Arequipa, donde trabaja en el Comité Regional de Seguridad Ciudadana?
“La situación en Arequipa es complicada, pero todavía mantenemos un nivel de tranquilidad. Sin embargo, el crimen organizado está presente y lo estamos combatiendo con inteligencia. La clave está en la capacitación y el uso de técnicas especiales de investigación. A pesar de todo, Arequipa no ha llegado a los niveles de Lima, pero debemos seguir trabajando para proteger a la ciudadanía.”
