En un vistazo a las personalidades políticas surgidas en la última década y sus posibilidades en el año 2026, se refleja una notable disparidad en las trayectorias de candidatos con problemas legales, dependiendo de su alineación ideológica y su capacidad para sortear restricciones legales, políticas y sociales.
En la izquierda, líderes como Walter Aduviri, Gregorio Santos, Alberto Pizango, Antauro Humala, Vladimir Cerrón y Aníbal Torres enfrentan desafíos significativos. Aduviri, exgobernador de Puno, condenado por el “Aimarazo” y encarcelado por una extraña decisión judicial que incluyó una orden de arresto a pesar de la pena cumplida, fue anulado desde mucho antes de elecciones.
Santos, exgobernador de Cajamarca, está prófugo tras una condena por corrupción, lo que lo descarta completamente de la contienda electoral mientras no se resuelva su situación legal. Pizango, indultado tras el “Baguazo”, carece de una plataforma política sólida, restringiendo su impacto a movimientos indígenas.
Antauro Humala, líder etnocacerista, enfrenta un obstáculo mayor: la inhabilitación de su partido A.N.T.A.U.R.O. por posibles declaraciones antidemocráticas, lo que bloquea su candidatura presidencial a pesar de un 8 % de intención de voto en 2024. Cerrón, líder de Perú Libre, también está prófugo por corrupción, estando inhabilitado como candidato, aunque su partido podría impulsar a su hermano Waldemar como alternativa.
Torres, sin condenas firmes, tiene un partido que fue excluido por razones ajenas a su responsabilidad tras una observación maliciosa del partido Renovación Popular y el aval del Jurado Nacional de Elecciones.
LA DERECHA
En la derecha, figuras como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, César Acuña, Philipp Butters, Carlos Álvarez, Fiorella Molinelli y Roberto Chiabra tienen una situación más favorable en términos legales y electorales. Fujimori, líder de Fuerza Popular, enfrenta un proceso por lavado de activos sin condena firme, lo que le permite liderar encuestas con un 10 % de intención de voto.
López Aliaga, alcalde de Lima, no tiene impedimentos legales y cuenta con un partido inscrito. Acuña, líder de APP, no tiene inhabilitaciones, aunque su baja popularidad (1-2 %) y alta desaprobación (74 %) lo debilitan. Butters y Álvarez, con perfiles mediáticos, carecen de condenas y están afiliados a partidos inscritos, aunque su falta de experiencia política los posiciona como figuras secundarias. Molinelli y Chiabra, con partidos registrados, tienen mínima intención de voto, reflejando una competitividad limitada.
DESIGUALDAD
La diferencia entre ambos espectros radica en la gravedad de las restricciones legales y el respaldo institucional. En la izquierda, las condenas firmes o la condición de prófugos (Santos, Cerrón) y la falta de partidos fuertes (Pizango, Aduviri) restringen severamente las candidaturas.
En la derecha, la ausencia de sentencias definitivas (Fujimori, Acuña) o la inexistencia de procesos relevantes (López Aliaga, Butters, Álvarez) permiten mayor viabilidad electoral, respaldada por partidos consolidados como Fuerza Popular o APP.
Además, el contexto de alta fragmentación política, con 43 partidos inscritos y un 40 % de voto indeciso, favorece a quienes tienen estructuras sólidas y visibilidad mediática, condiciones que benefician más a la derecha.
Sin embargo, la alta desaprobación de figuras como Fujimori y Acuña muestra que los problemas legales, aunque no inhabiliten, generan desconfianza pública, un factor que afecta a ambos lados, pero golpea más a la izquierda por su menor capacidad organizativa.
En conclusión, los candidatos de derecha con problemas legales tienen mejores perspectivas para 2026 debido a la ausencia de inhabilitaciones formales y el respaldo de partidos establecidos, mientras que los de izquierda enfrentan barreras legales más severas y una menor infraestructura política, limitando su competitividad en un escenario.