El 16 de julio de este año, el Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Nieto (Moquegua) aprobó dos ordenanzas clave durante una sesión ordinaria: Ordenanza Municipal N° 025- 2025-MPMN: Aprueba el cambio de jurisdicción administrativa del centro poblado Titire, trasladándolo del distrito de San Cristóbal – Calacoa al distrito de Carumas (Moquegua).
Ordenanza Municipal N° 026- 2025-MPMN: Aprueba el cambio similar para el centro poblado Aruntaya, del mismo distrito al de Carumas. Por supuesto, los últimos en enterarse de esta decisión fueron las autoridades de la región Puno.
ALCALDE PERDIDO
Consultado sobre el tema, el alcade de Puno, Javier Ponce Roque, se limitó a decir: “Hemos recibido esta noticia con mucha preocupación. Se está emitiendo un documento a la oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional a fin de aclarar este tema…no quisiera adelantarme”, titubeó la autoridad edil.
A continuación y como un espasmo alcanzó a decir que “pareciera ser un tema hídrico o minero…”. Ajeno totalmente a la realidad y en una actitud por decirlo menos, curiosa, se preguntó: “¿Qué han hecho las exautoridades?”.
La pregunta sería qué ha estado haciendo la actual autoridad edil en estos prácticamente tres años de gobierno municipal. Juan Monzón Granda, exintegrante del equipo de demarcación territorial de la provincia de Puno, no tardó en reaparecer para cuestionar la pasividad del actuar de quienes deberían estar “empapados” en el tema.
“No se puede estar en una reunión hablando tranquilamente sobre este tema. Aquí se necesita una amplia expectativa a nivel regional. Puno ha tenido uno de los mejores equipos técnicos, por eso hay buenos precedentes donde se han ganado estos procesos a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros”, recordó. En general el abogado de profesión aprovechó el momento para lapidar a las autoridades locales, razón no le falta.
INVASIÓN
El lider aimara y exdirigente, Milton Cariapaza Roque, se pronunció al respecto a través de Diario Los Andes. Califica esta acción como una “provocación” e “invasión consolidada”, exigiendo intervención inmediata de alcaldes de Ácora, Pichacani-Laraqueri y Puno, así como del Gobierno Regional.
Rechaza las ordenanzas y demanda una consulta popular para validar el cambio. “Es increíble la pasividad con la que actúan nuestras autoridades”, remarcó. En redes, el tema se vincula con el tema minero y geopolítica regional. Sin embargo, existe una realidad ineludible.
La alcaldesa del centro poblado Titire, Casimira Ramos Mamani y su homóloga del centro poblado Aruntaya, Sofía Poma Flores, tomaron la palabra para expresar su profundo agradecimiento al pleno del Concejo Municipal por dar luz verde a esta decisión.
Se habla de un error administrativo en su etapa de creación, empero a través de los años, la presencia de autoridades moqueguanas ha sido una constante, no así de la región Puno. Algunos dirigentes de la región Puno, reportaron la aprobación como una “anexión” unilateral, destacando que territorialmente estos centros pertenecen a Puno.
ARGUMENTOS
Aunque no se pudo acceder al texto completo de las ordenanzas debido a limitaciones técnicas, los extractos disponibles indican que ambas normas se basan en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y otras leyes peruanas, como la N° 8230 de 1936.
Las ordenanzas incluyen: Considerandos: Reconocimiento de la demanda de las comunidades para el cambio de jurisdicción, argumentando proximidad geográfica, servicios administrativos y corrección de límites históricos. Artículos Principales: Aprobación explícita del traslado administrativo, con instrucciones para notificar a las autoridades competentes y actualizar registros catastrales. Fecha y Firma: Emitidas en Moquegua el 18 de julio de 2025, firmadas por el alcalde provincial y secretarios correspondientes.
Estas medidas no incluyen una consulta popular, lo que ha sido un punto de crítica. Dirigentes puneños alegan que Moquegua busca controlar recursos hídricos (como cuencas afectadas por minería) y depósitos minerales. La zona ha sufrido contaminación por operaciones mineras de empresas como Arun tani, Minera del Norte y Cultinor, con demandas judiciales ganadas por comunidades locales en la región Puno.
La adscripción de Aruntaya y Titire a Moquegua representa una escalada en las tensiones con la región Puno. Si no se resuelve mediante diálogo bilateral o intervención nacional, el conflicto social es siempre una posibilidad. Algunos expertos en el tema han recomendado activar la comisión técnica de 2024 y realizar consultas populares para legitimar cambios. Hasta septiembre de 2025, los centros están administrativamente bajo Moquegua, pero el conflicto persiste, afectando a comunidades locales en términos de identidad, recursos y servicios.
ANTECEDENTES
El diferendo territorial entre Puno y Moquegua se remonta a décadas, con disputas sobre límites que involucran tramos fronterizos no delimitados completamente. En abril de 2024, representantes de ambas regiones acordaron definir el tercer tramo de la delimitación, correspondiente a la jurisdicción de Ácora en Puno, desde el Puente Bello hasta el centro poblado Pasto Grande.
Este acuerdo implicó la formación de una comisión técnica para resolver las diferencias, tras diálogos iniciados en febrero de ese año. Los dos primeros tramos ya habían sido definidos previamente. Históricamente, existe una acción de amparo a favor de Puno que reconoce que varios poblados reclamados por Moquegua han pertenecido tradicionalmente a territorio puneño. El conflicto ha sido motivado por intereses en recursos como agua y minerales, con acusaciones de que Moquegua busca controlar estos activos.
