Pricila Ocampo Vázquez presentó una solicitud formal al Gobierno Regional de Puno para revocar la buena pro otorgada al Consorcio Argos en la licitación pública N.º 017-2025-CS/GR Puno-1, valorizada en 390 millones para mejorar la infraestructura de la Institución Educativa Perú BIRF en Azángaro. La principal irregularidad detectada corresponde al Anexo N.º 4 de la documentación presentada, el cual contenía un sello del Consorcio Alfa en lugar del Consorcio Argos.
Esta situación evidencia que la declaración jurada de plazo de ejecución no pertenecía al postor ganador, violando directamente las bases integradas del proceso. Humberto Toro Villalovos, representante legal del Consorcio Argos, mantiene vínculos directos con Brontes Constructora S.A., empresa inhabilitada hasta el 9 de septiembre de 2025 por incumplimiento de contratos estatales.
La Resolución N.º 2722-2025-TCE-S4 del Tribunal de Contrataciones del Estado confirma esta sanción, invalidando las declaraciones juradas del consorcio. El documento cuestionado apareció firmado por Marco Antonio Salas Palomino, representante del Consorcio Alfa, generando confusión sobre la autenticidad documental.
Las normas de la Directiva N.º 001-2019-OSCE/ CD prohíben explícitamente el uso de firmas digitales no certificadas o imágenes adheridas artificialmente. Dyacons Sociedad Anónima Cerrada había solicitado previamente aclaraciones sobre los horarios de recepción de documentos durante el proceso. Aunque el comité respondió estableciendo el horario oficial de “8:30 a.m. a 4:30 p.m.”, esta información no se incorporó definitivamente en las bases integradas finales.
El proyecto busca implementar el “Mejoramiento del Servicio Educativo de Nivel Secundario” bajo la Ley de Contrataciones del Estado N.º 30225. Ocampo respalda su solicitud con las bases integradas, la oferta del consorcio, la Opinión N.º 020-2018/DTN y el escrito registrado 00/8837 del 18 de julio.