Pequeña minería da golpe político en el país

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Lo sucedido con Rómulo Mucho, no solo es la caída de un ministro, sino un auténtico quiebre en la política nacional y la consolidación de los pequeños mineros a expensas de la gran minería que quiere ahogarlos.

Por primera vez en la historia peruana, los intereses económicos de una actividad emergente, como es la minería informal, parecen haberse impuesto a los de las grandes corporaciones mineras. El reciente otorgamiento de 87 votos en el Congreso para ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) evidencia un cambio significativo en el equilibrio de poder económico y político en el país.

El abogado Raúl Noblecilla destacó la importancia de este hecho. “El 26 de noviembre de 2024 marcó un hito político. El Congreso de la República censuró al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, quien representaba una política incapaz de atender las necesidades del sector minero informal y ancestral. Su gestión, caracterizada por indiferencia y complacencia hacia las grandes corporaciones mineras, simbolizó el abandono estatal hacia los verdaderos trabajadores del país”, afirmó.

¿PEQUEÑOS?

El abogado Javier Bernal Salas, vinculado a la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal, señaló que la gran minería controla el 90 % de las concesiones a nivel nacional, pero opera solo el 3 %.

Según Bernal Salas, esta situación ha llevado a la gran minería a emprender una campaña para ahogar a la pequeña minería.

“Esto incluye el cierre del Reinfo, el despliegue de militares y policías para perseguir a los mineros, y una campaña mediática para presentarlos como delincuentes”, advirtió.

Además, Bernal Salas subrayó que la pequeña minería produce el 56 % del oro en Perú, lo que la convierte en una competencia significativa para las grandes corporaciones mineras.

“¿Usted cree que un productor de oro sería tan irracional como para perder el 15 % del valor de su mineral? En otros países, el Banco Central compra oro a los pequeños productores, fortaleciendo las reservas nacionales”, dijo.

Sin embargo, en Perú, esto no ocurre debido a grandes intereses económicos. En su lugar, el Estado desalienta y persigue lo que podría ser una fuente importante de ingresos”, agregó.

PODER

El inmenso poder económico de los pequeños mineros también ha llegado a colocar a congresistas o tenerlos de su lado tal como se reflejó en la votación a favor de ampliar el Reinfo.

Esto es tan cierto que hasta el mismo presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, es un minero ilegal con varias denuncias por dicha actividad y con muchas iniciativas legislativas a su favor.

El gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa, Pablo de la Flor, se expresó así sobre el poder de las pequeñas mineras: “Las economías criminales vienen avanzando de manera acelerada, ya han colonizado buena parte de la administración pública, sobre todo a nivel local y a nivel del Congreso. De hecho, tenemos un presidente del Congreso que es un representante de una de las economías ilegales más activas y perniciosas”.

“La minería ilegal produce en el Perú alrededor de 4 mil millones de dólares que fácilmente son utilizados para la corrupción de funcionarios… Los mineros ilegales tienen literalmente una bancada multipartidaria que es la que viene promoviendo sus intereses”, preciso

No está por demás apuntar que la minera Poderosa está inmersa en una disputa con mineras ilegales para explotar oro en Pataz.

CONTROL

El sociólogo Francisco Durand afirma que la prosperidad de esta actividad (la pequeña minería) se debe en buena medida a su articulación con el poder del Estado.

Se trata de una relación que ha facilitado a los mineros la obtención de concesiones, la aprobación de proyectos de inversión y sobre todo, mejores condiciones para su estabilidad económica y social, incluso en términos de protección ante entornos sociales conflictivos, explicó.

CIFRAS

No se cuenta con una cifra aproximada de cuántos mineros informales de oro existen en el Perú. Representantes de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía sostienen que se trata de “entre400 y 500 mil mineros informales”.

Una de las tentativas de formalización a mediados de la década pasada logró identificar a 72,917 mineros con interés en formalizarse en todo el país, constituyendo esta cifra hasta hace poco uno de los escasos registros oficiales.

Más recientemente, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas refiere la existencia de 58,890 mineros informales en el Registro Integral de Formalización Minera y un estimado de doscientas mil personas que “dependen directamente de esta actividad”. Los focos más importantes son las regiones de Madre de Dios, Puno, Amazonas, La Libertad, entre otras.

La movilización de miles de personas invadiendo concesiones mineras y las frecuentes disputas de linderos entre pueblos y comunidades tienen como elemento motivador la gran demanda de oro por empresas constituidas que compran, procesan y exportan el oro que proviene de la minería informal.

De los $ 3,263 millones del monto total investigado por lavado de activos en el país entre agosto de 2018 y julio de 2019, al menos $ 2,217 millones tendrían su origen en la minería ilegal, lo que al final se traduce en poder político y la ampliación del Reinfo.

DATO

La gran minería también elaboró un marco legal para la incursión de policías y militares en explotaciones mineras.

En estas incursiones le destrozan maquinarias y se genera grandes daños a la economía de los pequeños mineros.

CIFRA

56% del oro en el Perú es producido por los “pequeños” mineros, lo que da cuenta de su inmenso poder económico que les permite financiar campañas electorales.

ESCRIBE: J. CARLOS FLORES VARGAS

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